(EFE).- El Gobierno de Colombia envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la respuesta sobre las medidas adoptadas para la protección de la comunidad infantil Wayúu afectada por desnutrición, informó hoy la cancillería colombiana.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia señaló en un comunicado que el informe tiene «carácter confidencial» pero en este se reseñan las medidas adoptadas por el Gobierno para la protección de esa población del norte del país.
La CIDH pidió a Colombia que se «adopten las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad» de niños y adolescentes de las comunidades indígenas Wayúu de los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, del desértico departamento de La Guajira (norte).
La Cancillería recuerda que las acciones del Gobierno para la protección de esa población han sido desarrolladas por la Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República, los ministerios de Vivienda, Interior y Agricultura.
Igualmente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que se encarga de la niñez en Colombia; la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Departamento para la Prosperidad Social.
Una cita programada para el martes en Manaure entre el Gobierno y los Wayúu no se pudo realizar porque los indígenas no asistieron alegando que uno de sus líderes dijo «tener problemas de seguridad para asistir a la reunión».
Pese a que la Policía y la Fiscalía de Colombia manifestaron su disposición para acompañarlo, este no asistió a la cita.
Sin embargo, la cancillería señaló que «buscará una nueva oportunidad de entablar un diálogo directo y constructivo que permita atender de manera efectiva las recomendaciones efectuadas» por la CIDH.
Según información del organismo, la desnutrición y la falta de agua potable pueden haber causado la muerte a 4.770 niños Wayúu durante los últimos ocho años.
La semana pasada el Ministerio de Salud dijo que ha invertido más de 1,6 millones de dólares en programas de salud y nutrición que benefician a más de 7.500 niños menores de cinco años en el desértico departamento.
