El combustible incautado por Estados Unidos alcanzó un valor aproximado de 2,8 millones de dólares y correspondió a 90 cargamentos que, según una investigación federal, tuvieron como destino una empresa cubana incluida en la lista de sanciones de Washington.
El caso involucró a varias agencias estadounidenses y quedó relacionado con una pesquisa sobre un mecanismo utilizado para evadir las restricciones impuestas al régimen cubano.
Las autoridades federales presentaron los detalles de la operación este miércoles en Miami, donde funcionarios de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio explicaron los avances de la investigación.
En ese sentido, explicaron que el combustible incautado por Estados Unidos estuvo compuesto por destilados medios mezclados con biodiésel.
Combustible incautado por Estados Unidos iba con destino a empresa cubana sancionada
El caso involucró directamente a ENETEC S.A., una empresa estatal cubana que Washington identificó como uno de los elementos relacionados con los cargamentos investigados.
La compañía quedó incluida el 13 de julio en la lista de sanciones de Estados Unidos. Su registro ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) indicó que fue constituida el 9 de diciembre de 2019 y que tuvo su sede en La Habana. La empresa se dedicó a la importación, exportación y comercialización de combustibles.
ENETEC S.A. apareció en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), bajo el programa de sanciones CUBA-EO14404. El registro público de OFAC no identificó a sus directivos ni detalló su estructura de propiedad.
La investigación federal también relacionó a la compañía con un cargamento de combustible incautado en Estados Unidos y con embarcaciones que navegaron bajo bandera de San Cristóbal y Nieves y que fueron detectadas en aguas del Caribe. Las autoridades investigaron si esos movimientos formaron parte de una red destinada a introducir productos petroleros en Cuba mientras evitaba los controles estadounidenses.
El valor de los 90 cargamentos alcanzó aproximadamente 2,8 millones de dólares, una cifra que convirtió la operación en un nuevo golpe contra las estructuras vinculadas al abastecimiento de combustible del régimen cubano.
El agente especial a cargo de HSI en Miami, José R. Figueroa; el director de Operaciones de Campo de CBP para Miami y Tampa, Daniel Alonso; y el agente especial a cargo de BIS, Jeremy Shein, participaron en la presentación realizada en la sede de HSI en Miami.
Cada agencia asumió una función distinta dentro de la investigación. HSI se encargó de posibles delitos federales y asuntos relacionados con seguridad nacional, CBP supervisó el movimiento internacional de mercancías y BIS intervino en la aplicación de los controles estadounidenses sobre exportaciones.
Las autoridades evitaron adelantar detalles sobre los responsables de organizar los envíos, el destinatario final de cada cargamento o el mecanismo concreto que se habría utilizado para esquivar las sanciones.
En ese sentido, trascendió que la investigación permanecerá abierta y los funcionarios mantuvieron cautela sobre posibles acciones posteriores.
El agente especial a cargo de HSI Miami, José Figueroa, prometió en un comunicado que la agencia trabajaría con sus socios para «continuar identificando, interrumpiendo e investigando los esfuerzos para evadir las sanciones estadounidenses, proteger la integridad de los controles de exportación estadounidenses y negar al régimen cubano el acceso a recursos obtenidos en violación de la ley estadounidense»
Otra incautación semanas atrás
Es importante mencionar que este caso ocurrió después de otra operación que elevó la atención de Washington sobre el tráfico de combustible con destino a Cuba. El buque Grace fue abordado el 5 de septiembre mientras navegaba hacia la isla y posteriormente fue trasladado a México para ser inspeccionado, según la información difundida sobre aquella operación.
La nueva incautación mostró que el combustible destinado a Cuba quedó bajo un mayor escrutinio por parte de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, las sanciones de Washington no implicaron que cualquier envío de productos petroleros hacia la isla fuera automáticamente ilegal.
Estados Unidos permitió determinadas operaciones destinadas al sector privado cubano bajo condiciones específicas. Las regulaciones de BIS contemplaron exportaciones de productos petroleros de origen estadounidense a empresas privadas elegibles dentro de la excepción conocida como “Apoyo al Pueblo Cubano”, siempre que las transacciones cumplieran las normas correspondientes y no involucraran entidades sancionadas.
No obstante, estas empresas cubanas «privadas» están vinculadas a personeros de la dictadura castrista.
La diferencia resultó clave para el caso investigado. El problema no radicó únicamente en el producto enviado, sino también en las empresas involucradas, los intermediarios utilizados, las rutas comerciales y el destino efectivo del combustible.
Además, el caso volvió a colocar bajo la lupa el entramado comercial utilizado para garantizar el suministro energético de la dictadura cubana mientras Washington mantiene restricciones contra determinadas entidades estatales de la isla.
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