Las sanciones contra el régimen cubano recibieron un fuerte respaldo de legisladores republicanos del sur de Florida, quienes defendieron la nueva ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump contra funcionarios y empresas vinculadas a la estructura política, militar y económica de la dictadura cubana.
Los congresistas consideraron que las medidas aumentaron la presión sobre La Habana y reforzaron el apoyo de Washington a las demandas de libertad expresadas por miles de cubanos dentro y fuera de la isla.
El respaldo político llegó pocas horas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ampliara su lista de sanciones mediante la inclusión de dos funcionarios cubanos y nueve entidades estatales en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La decisión representó un nuevo golpe contra sectores considerados estratégicos para el sostenimiento financiero del régimen castrista. Entre las entidades sancionadas figuraron empresas relacionadas con la exportación de servicios médicos, la industria energética, el transporte marítimo, las finanzas y la Terminal de Contenedores del Mariel, infraestructura vinculada al conglomerado militar GAESA, señalado durante años por controlar buena parte de la economía cubana.
Respaldo a las sanciones contra el régimen cubano
Uno de los primeros en reaccionar fue el congresista Carlos Giménez, quien aseguró que las sanciones contra el régimen cubano demuestran que la estrategia de presión impulsada por la administración Trump está generando efectos.
“La presión está dando resultado y el régimen se está desmoronando gracias al liderazgo del presidente Trump y al valiente pueblo que exige libertad en toda la isla. ¡Cuba es la siguiente!”, publicó el legislador en su cuenta de X.
Posteriormente, el representante republicano insistió en que el objetivo continúa siendo la recuperación de la democracia en Cuba.
“¡La libertad de Cuba es nuestra gran asignatura pendiente y con la presión de nuestros aliados en la Casa Blanca, las exigencias del pueblo cubano manifestándose en las calles y el reclamo de nuestro exilio, vamos a lograrlo!”, escribió.
Las sanciones contra el régimen cubano también recibieron el apoyo del congresista Mario Díaz-Balart, quien elogió la decisión adoptada por la Casa Blanca y destacó el papel del secretario de Estado Marco Rubio en el fortalecimiento de la política estadounidense hacia Cuba.
“Yo aplaudo al presidente Trump y al secretario Rubio por seguir exigiendo responsabilidades al régimen cubano, atacando sus redes corruptas y a quienes se lucran con el trabajo médico forzado”, afirmó el legislador sobre las nuevas sanciones contra el régimen cubano.
Díaz-Balart añadió que la administración estadounidense mantiene una posición firme frente a la dictadura tras estas nuevas sanciones contra el régimen cubano.
“Estados Unidos y el presidente Trump apoyan al pueblo cubano y protegerán con firmeza los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestro hemisferio”, señaló.
Entre los funcionarios incorporados a la lista de sancionados aparecieron el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y Gretza Sánchez Padrón, identificada por las autoridades estadounidenses como una figura vinculada a la Unidad Central de Cooperación Médica, organismo responsable de coordinar las misiones médicas enviadas por el régimen cubano al extranjero.
Washington sostuvo durante los últimos años que esas brigadas médicas constituyeron un sistema de explotación laboral mediante el cual el régimen obtuvo miles de millones de dólares mientras retenía gran parte de los salarios de los profesionales enviados a otros países.
Precisamente ese aspecto fue uno de los argumentos centrales utilizados por el secretario de Estado Marco Rubio para justificar la nueva ronda de sanciones contra el régimen cubano.
“Hoy, he designado a nueve entidades y dos personas vinculadas a la dictadura, incluyendo a cuatro actores malintencionados que se benefician de la explotación y el trabajo forzoso de las brigadas médicas del régimen en el extranjero, así como a una red de evasión de sanciones vinculada al conglomerado militar cleptocrático GAESA”, escribió Rubio.
El jefe de la diplomacia estadounidense también lanzó una advertencia dirigida a empresas extranjeras que mantengan relaciones comerciales con las personas y entidades incluidas en la lista.
“Quien apoye, patrocine o preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionado. Los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios o administren fondos para estas entidades deben suspender dichas actividades de inmediato”, indicó.
La inclusión de personas y empresas en la Lista SDN implicó el bloqueo de todos los bienes e intereses que permanezcan bajo jurisdicción estadounidense. Además, prohibió que ciudadanos o compañías de Estados Unidos realizaran transacciones con los sancionados, salvo autorización expresa de la OFAC.
Con este nuevo paquete de sanciones contra el régimen cubano, Washington profundizó una política orientada a aumentar el costo económico de las actividades controladas por el aparato militar cubano y reforzó su respaldo a los sectores opositores y a quienes denunciaron violaciones de derechos humanos dentro de la isla.
Las sanciones contra el régimen cubano consolidaron así una nueva fase de la estrategia estadounidense enfocada en limitar los recursos del aparato estatal y respaldar las aspiraciones de libertad expresadas por numerosos ciudadanos cubanos.
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