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Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado peronista Máximo Kirchner, afrontan desde este viernes un nuevo proceso judicial en Argentina por presuntas maniobras de corrupción y lavado de dinero relacionadas con empresas hoteleras e inmobiliarias de la familia.
El juicio por corrupción contra Cristina Fernández busca determinar si parte de los fondos públicos adjudicados a empresarios durante las presidencias del matrimonio Kirchner terminó en su patrimonio mediante operaciones comerciales aparentemente legales.
La expresidenta de Argentina, de 73 años, siguió la primera jornada del debate de forma virtual desde su domicilio, donde cumple una condena de seis años de prisión por irregularidades en la adjudicación de obras públicas.
La sentencia también le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fernández rechazó las acusaciones y denunció que es víctima de una persecución política y judicial.
El nuevo proceso examina las actividades de Hotesur y Los Sauces, dos empresas vinculadas a la familia Kirchner. La investigación se centró en las operaciones hoteleras e inmobiliarias que, según la acusación, habrían permitido canalizar dinero procedente de contratos estatales hacia el patrimonio familiar.
La Fiscalía señala una presunta estructura organizada
Durante la apertura del juicio oral, la Fiscalía expuso su hipótesis sobre el funcionamiento de una presunta organización delictiva que habría operado durante las presidencias de Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007, y Cristina Fernández, entre 2007 y 2015.
El Ministerio Público sostuvo que existió una estructura estable con funciones distribuidas entre antiguos funcionarios, empresarios y personas cercanas al matrimonio. Según la acusación, esa red habría utilizado su influencia dentro y fuera de la administración pública para obtener beneficios económicos mediante distintas operaciones.
La Fiscalía describió la presunta organización como una asociación ilícita de carácter permanente y atribuyó a Cristina Fernández el liderazgo de esa estructura. A Máximo Kirchner, actual diputado y dirigente del peronismo, le asignó el papel de organizador. Otros exfuncionarios y empresarios también fueron procesados como presuntos participantes.
La investigación deberá establecer si las operaciones examinadas respondieron a actividades comerciales legítimas o si formaron parte de un mecanismo para ocultar el origen de fondos obtenidos irregularmente. La pena máxima prevista para los delitos imputados alcanza los diez años de prisión.
Hoteles e inmuebles bajo investigación
Uno de los ejes del expediente es Hotesur, firma vinculada a varios establecimientos hoteleros en la provincia de Santa Cruz. Los investigadores sospecharon que empresas constructoras relacionadas con el empresario Lázaro Báez pagaron por habitaciones que permanecieron vacías o registraron una ocupación reducida.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, esos pagos habrían servido para transferir a los negocios familiares recursos procedentes de presuntos fraudes en la obra pública vial. La investigación busca determinar el origen del dinero, el propósito de las operaciones y la eventual responsabilidad de cada acusado.
El expediente también incluyó a Los Sauces, una empresa inmobiliaria de la familia Kirchner. En este caso, los investigadores examinaron contratos de alquiler, operaciones inmobiliarias y hoteleras, así como transferencias realizadas por compañías vinculadas a Báez y a otros empresarios.
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La Fiscalía considera que ambas firmas pudieron integrar un mismo circuito para incorporar al patrimonio familiar recursos de origen ilícito. Sin embargo, esas afirmaciones forman parte de la acusación y deberán ser examinadas durante el proceso judicial.
Báez, quien también está acusado en esta causa, ya figuró en el expediente por el que Fernández recibió su condena de seis años de prisión por irregularidades en la adjudicación de obras viales.
Fernández mantiene su actividad política
Pese a las restricciones derivadas de su condena y a los procesos judiciales que afronta, Fernández conserva influencia dentro del peronismo opositor. La dirigente busca mantener un papel relevante en la definición de la candidatura presidencial de ese espacio para las elecciones de 2027, cuando el presidente Javier Milei intentará conseguir la reelección.
La expresidenta también afronta otro juicio oral iniciado en noviembre de 2025 por una presunta trama de recaudación ilegal vinculada a empresarios de los sectores de la construcción, la energía y el transporte. En ese expediente, la acusación sostiene que se exigieron pagos a cambio de beneficios en contratos estatales. Fernández negó los cargos.
En julio pasado, la exmandataria denunció ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los jueces que la condenaron a seis años de prisión. Los acusó de «machismo estructural» y persecución política.
La información sobre el inicio del juicio y las imputaciones contra Fernández y su hijo fue publicada por la agencia estadounidense Associated Press (AP). El proceso deberá determinar las responsabilidades penales de los acusados, mientras la expresidenta mantiene su rechazo a las imputaciones.
Vale recordar que el pasado mes de abril, la Justicia de Argentina dio un nuevo golpe judicial al kirchnerismo al ordenar la ejecución y el decomiso de bienes vinculados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y activos registrados a nombre de sus hijos, dentro de la causa de corrupción conocida como Vialidad.
La decisión representó uno de los movimientos patrimoniales más severos contra una figura política de primer nivel en la historia reciente del país sudamericano.
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