La dictadura cubana está en una encrucijada sin precedentes. Con reservas de combustible para apenas 15 a 20 días, apagones que superan las 20 horas diarias en muchas provincias y una población al límite de su resistencia, el régimen de La Habana mira hacia Colombia con una esperanza que bordea la desesperación: que Iván Cepeda Castro gane las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.
Un régimen contra la pared
La situación energética de Cuba es, a estas alturas, una catástrofe administrada. La orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 29 de enero de 2026 —titulada “Addressing Threats to the United States by the Government of Cuba”— cerró el grifo de manera efectiva al prohibir exportaciones de petróleo a la isla y amenazar con aranceles a cualquier país que colabore con La Habana. El golpe fue devastador.
Venezuela, históricamente el proveedor principal de crudo cubano, cesó sus envíos tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. México, que representaba alrededor del 44 % de las importaciones de petróleo cubanas, también suspendió sus suministros mientras evalúa el alcance de las sanciones y negocia con Washington. El resultado: Cuba quedó con reservas de combustible para apenas dos o tres semanas, según datos citados por el Financial Times.
Las consecuencias son visibles y brutales. El 4 de marzo, un fallo en la central termoeléctrica Antonio Guiteras dejó sin electricidad a la mayor parte del país, incluida La Habana. La compañía Unión Eléctrica reconoció que en ese mes la generación disponible apenas cubría 1.000 MW de los más de 2.000 MW necesarios. En algunos lugares los cortes de luz superan las 20 horas al día. El secretario general de la ONU advirtió en febrero que Cuba podría sufrir un colapso humanitario si no se garantizan sus necesidades energéticas. Incluso las autoridades mexicanas reconocieron que la isla está “al borde de una crisis humanitaria”, aunque prefirieron el silencio cómplice antes que arriesgarse a las represalias de Washington.
El aislamiento regional que nadie quiere ver
Lo más revelador de la crisis cubana no es solo la escasez, sino la soledad del régimen. El giro conservador en América Latina ha barrido a varios de sus aliados históricos. Brasil y Colombia, gobernados por Lula y Petro respectivamente, emitieron declaraciones de solidaridad, pero en la práctica trataron a La Habana como un “pariente incómodo”. Nadie quiere pagar el precio político y económico de desafiar abiertamente a Washington.
En ese contexto, las elecciones colombianas de mayo de 2026 se han convertido en una obsesión para el régimen. Los sondeos más recientes muestran a Iván Cepeda liderando la intención de voto con 31,9 %, muy por encima de sus competidores. En simulaciones de segunda vuelta, el candidato del Pacto Histórico derrotaría tanto al centrista Sergio Fajardo como al ultraconservador Abelardo de la Espriella. Para La Habana, Cepeda no es solo un posible aliado: es la última ficha disponible en un tablero que se ha vaciado.
¿Quién es Cepeda y qué representa para Cuba?
Iván Cepeda Castro, de 63 años, se presenta ante el mundo como “defensor de los derechos humanos”, pero ese título merece un escrutinio que la prensa progresista rara vez le aplica. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, no fue simplemente un senador: fue un militante comunista, cofundador de la Unión Patriótica —el brazo político de las FARC—, y un activo promotor del proyecto revolucionario castrista en Colombia. La narrativa que lo convirtió en mártir omite convenientemente ese contexto ideológico y el papel que jugó en la estrategia de poder de la guerrilla. Iván ha heredado ese legado y lo ha capitalizado políticamente durante décadas.
Lo que define verdaderamente a Cepeda no es su retórica de derechos humanos, sino a quiénes elige defender y a quiénes decide ignorar. Es un confeso admirador de Fidel Castro y Hugo Chávez, los dos grandes arquitectos del totalitarismo latinoamericano del siglo XXI. Jamás ha condenado los crímenes de la dictadura cubana: las decenas de miles de presos políticos, los fusilamientos, las décadas de represión sistémica. Tampoco ha levantado la voz por los opositores secuestrados por el régimen chavista, ni por los venezolanos torturados en los sótanos del SEBIN. Su silencio ante esos horrores no es accidental: es ideológico.
El caso de María Corina Machado es ilustrativo. La líder opositora venezolana —perseguida, inhabilitada y amenazada de muerte por la dictadura de Maduro— no ha recibido de Cepeda ni una sola palabra de solidaridad pública. En cambio, el senador colombiano ha dedicado años de su carrera parlamentaria a proteger a regímenes que encarcelan, torturan y matan a quienes se atreven a disentir. Su “defensa de los derechos humanos” opera con un doble rasero: aplica únicamente cuando la víctima conviene a la narrativa de la izquierda y el victimario pertenece al campo contrario.
La carta de las brigadas médicas: cooperación o explotación
Uno de los instrumentos que el régimen espera volver a activar con un presidente afín en Colombia es el de las brigadas médicas. Desde los años sesenta, Cuba ha enviado a más de 600.000 profesionales de la salud, la educación y la ingeniería a unos 160 países. El modelo es conocido: el país anfitrión paga al Estado cubano, que retiene entre el 75 % y el 90 % de los salarios de los profesionales enviados.
Los relatores especiales de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud han documentado que estas misiones imponen jornadas superiores a 64 horas semanales, confiscan pasaportes, limitan la libertad de movimiento y amenazan con penas de prisión a quienes abandonen la misión. La ONG Prisoners Defenders estima que el gobierno cubano genera más de 4.000 millones de dólares anuales con este esquema.
Los críticos de Cepeda advierten que, de ganar, buscaría contratar contingentes de médicos cubanos bajo acuerdos de cooperación. Eso brindaría servicios en zonas rurales de Colombia, sí, pero también implicaría financiar directamente a la dictadura y permitir que esos profesionales operen como activistas del castrismo, tal como lo documentaron las misiones en Venezuela.
Las cartas del régimen tienen un límite
A pesar del entusiasmo con que La Habana mira hacia Bogotá, la capacidad real de Cepeda para aliviar el aislamiento cubano será muy limitada. El Congreso colombiano elegido en marzo de 2026 está altamente fragmentado; ninguna coalición alcanza mayoría, lo que obligaría a un gobierno Cepeda a pactar con partidos centristas y conservadores, moderando sus compromisos de política exterior.
Además, la amenaza de aranceles de Trump es un disuasivo poderoso. Ni siquiera México, con toda su tradición de independencia diplomática, se atrevió a mantener los envíos de crudo a Cuba ante el riesgo de represalias comerciales. Colombia, con su economía más pequeña y su dependencia del mercado estadounidense, difícilmente puede permitirse ir más lejos. A eso se suman los problemas internos que heredaría Cepeda: inseguridad, narcotráfico y desaceleración económica copan la agenda electoral, dejando poco margen para aventuras de solidaridad regional.
Un régimen corriendo contra el tiempo
Cuba tiene reservas de combustible para apenas unas semanas. La generación eléctrica cubre menos de la mitad de la demanda. Los hospitales, los sistemas de agua y la producción de alimentos están comprometidos. La ONU y expertos en derechos humanos han denunciado que las medidas de Washington violan el derecho internacional y pueden desencadenar un castigo colectivo. Pero las denuncias no encienden las luces.
El régimen cubano apuesta por Cepeda porque no le queda casi nada más a qué apostar. Eso, en sí mismo, es una radiografía de su fracaso histórico: una dictadura que ha llevado a su pueblo a depender de las elecciones de otro país para no colapsar. Colombia no puede salvar a Cuba. Y el tiempo —que siempre ha sido el enemigo más implacable de los autoritarismos— corre en contra de La Habana.