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Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a cinco ciudadanos cubanos y a un estadounidense en Tampa tras comprobarse su papel en una vasta conspiración de contrabando de extranjeros, fraude de asilo y lavado de dinero.
Los acusados, identificados formalmente como Liannys Yaiselys Vega-Pérez, de 27 años; Miguel Martínez Vasconcelos, de 31; Layra Libertad Treto Santos, de 30; Luis Emmanuel Escalona-Marrero, de 32; Walbis Pozo-Dutel, de 32, y Emanuel Martínez González, de 29, operaban una organización de contrabando de extranjeros que resultó responsable de la presentación de más de 1.700 solicitudes de asilo fraudulentas.
El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, y el fiscal federal Gregory W. Kehoe, del Distrito Medio de Florida, informaron que la red cobraba a los migrantes entre 1.500 y 40.000 dólares por sus servicios ilícitos.
La organización criminal transnacional utilizaba tácticas sofisticadas que incluían el alquiler de aviones privados y la falsificación de exenciones de visas del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), valiéndose de direcciones ficticias y declaraciones falsas que aseguraban que los solicitantes no habían estado en la isla desde el año 2011.
Cuban Nationals and Florida Man Sentenced for Their Roles in an International Alien Smuggling, Asylum Fraud, and Money Laundering Conspiracy: Defendants Responsible for Over 1,700 Fraudulent Asylum Claims “Under President Trump, human smugglers and money launderers will never get a free pass. Operation Take Back America is empowering the Justice Department to put more criminals like these behind bars and enforce the rule of law.” -@AAGDuva Read more: https://t.co/4dWVPWcjTa
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) October 29, 2026
Operación de la red y logística documental
Las investigaciones coordinadas por Nicholas Ingegno, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Tampa, y Joseph B. Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), revelaron que el grupo captaba a sus clientes anunciándose en múltiples redes sociales.
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Liannys Yaiselys Vega-Pérez ejercía como la gerente principal del negocio de beneficios de inmigración falsos, encargándose de la logística del traslado mediante la compra de pasajes nacionales e internacionales, además de redactar y presentar cientos de peticiones de protección fraudulentas a cambio de tarifas específicas.
Por su parte, Miguel Martínez Vasconcelos financió directamente las operaciones y los vuelos chárter para expandir la organización, llegando a transferir personalmente al menos 150.000 dólares a empresas ubicadas fuera de Estados Unidos.
En cuanto a Layra Libertad Treto Santos, la fiscalía demostró que se desempeñó como empleada y gerente de la estructura tras haber ingresado al país usando los mismos servicios de contrabando, coordinando posteriormente la presentación de asilos fraudulentos y remitiendo a familiares y a otros ciudadanos cubanos hacia la red delictiva.
Precedentes de contrabando humano en Florida
Este golpe judicial se alinea con las estrategias federales contra las redes que lucran con la migración irregular hacia el estado, las cuales emplean diferentes métodos de captación operativa.
Un caso reciente y de extrema gravedad reportado por el portal Cubanos por el Mundo detalla la condena en el Distrito Sur de Florida contra un integrante de una organización criminal que retenía a inmigrantes cubanos en casas de seguridad.
A diferencia del fraude documental ejecutado en Tampa por Vega-Pérez y sus socios, la red desarticulada en el sur de Florida, liderada por Víctor Rafael Arcia Albeja, alias “Vitico”, utilizaba violencia física y extorsión directa contra los familiares de las víctimas.
Los delincuentes exigían pagos forzados de hasta 15.000 dólares bajo amenazas de muerte y torturas a los seres queridos de estos cubanos, lo que resalta el peligro continuo que representan estas estructuras internacionales para la seguridad nacional estadounidense.
Los tribunales mantienen bajo estricta vigilancia judicial estos patrones operativos en la región para proteger a la comunidad de cubanos frente a las extorsiones transnacionales de organizaciones ilegales.
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