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Las declaraciones de Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua marcaron un nuevo punto de inflexión en la política latinoamericana. El dictador nicaragüense aseguró que en el país centroamericano ya no volverán a celebrarse elecciones para que la oposición pueda intentar llegar al poder.
Esta afirmación ha sido interpretada como la consolidación de un modelo político cada vez más parecido al instaurado por el régimen comunista en Cuba, donde el Partido Comunista mantiene el monopolio del poder desde hace más de seis décadas.
Durante la conmemoración del 47 aniversario del triunfo de la «Revolución Sandinista en Managua», Daniel Ortega dejó clara su posición sobre el futuro político del país. Ante simpatizantes del oficialismo afirmó que los procesos electorales ya no servirán como mecanismo para una eventual alternancia de gobierno.
«Aquí no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder», declaró el tirano.
La frase se convirtió rápidamente en uno de los pronunciamientos más contundentes realizados por Daniel Ortega desde su regreso al poder en 2007 y generó reacciones dentro y fuera de Nicaragua.
Un discurso que recuerda al modelo político cubano
Las afirmaciones de Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua fueron comparadas inmediatamente con el sistema vigente en Cuba.
En la isla, la Constitución reconoce al Partido Comunista de Cuba (PCC) como la «fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado», lo que impide la existencia de una competencia multipartidista para acceder al Gobierno.
Aunque en Cuba se realizan votaciones para distintos cargos públicos, no existen elecciones presidenciales competitivas entre varios partidos políticos ni mecanismos de alternancia democrática como los que funcionan en la mayoría de los países de América Latina.
Con el anuncio realizado por Daniel Ortega, Nicaragua parece avanzar hacia un esquema donde la posibilidad de que una fuerza opositora llegue al poder mediante el voto queda descartada de manera explícita.

Ortega promete nuevas leyes
El dictador también adelantó que impulsará reformas legales junto con la Asamblea Nacional para impedir que quienes calificó como «golpistas» o «vendepatrias» puedan aspirar nuevamente al poder.
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Durante su intervención insistió en que las protestas de 2018 constituyeron un intento de golpe de Estado promovido desde el extranjero, una versión que mantiene el Gobierno sandinista y que ha sido cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos.
Desde entonces, decenas de dirigentes opositores fueron encarcelados, expulsados del país o privados de su nacionalidad, mientras numerosas organizaciones civiles fueron clausuradas.
Un proceso de concentración de poder
Las declaraciones sobre Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua llegan después de varios años de reformas institucionales que fortalecieron el control del Ejecutivo sobre todos los poderes del Estado.
En 2025 entró en vigor una reforma constitucional que otorgó mayores atribuciones al Gobierno y formalizó la figura de Rosario Murillo como copresidenta del país.
Diversos organismos internacionales sostienen que el sistema político nicaragüense experimentó un progresivo deterioro de las garantías democráticas, especialmente tras las elecciones generales de 2021, celebradas con la mayoría de los principales aspirantes opositores encarcelados o en el exilio.
Paralelismos con Cuba
El anuncio realizado por Ortega reavivó las comparaciones entre Managua y La Habana. Durante décadas, el régimen cubano sostuvo un sistema político basado en el partido único, sin elecciones plurales para escoger al jefe del Estado mediante competencia entre diferentes organizaciones políticas.
La estrecha relación política e ideológica entre Ortega y las autoridades cubanas ha sido una constante durante años. Ambas dictaduras mantienen una alianza estratégica dentro de diversos mecanismos regionales y suelen respaldarse mutuamente en foros internacionales.
Crecen las críticas internacionales
Las declaraciones de Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua provocaron nuevas críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de sectores opositores, que consideran que el mandatario confirmó públicamente la desaparición de cualquier posibilidad de alternancia democrática.
Diversos gobiernos occidentales ya habían cuestionado la falta de garantías electorales en Nicaragua durante los últimos años y mantienen sanciones contra altos funcionarios del Ejecutivo sandinista.
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