El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel calificó este lunes 19 de octubre de 2026 de «patético circo miamense» la orden de arresto contra Raúl Castro emitida en Florida, horas después de que el fiscal general del estado, James Uthmeier, la anunciara en Miami. El exgobernante, de 95 años, está acusado de conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Díaz-Canel describió la acción como «repudiable» y como «un patético circo miamense con trasfondo electoral» que «no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico». Añadió que se trata de «una maniobra de vestidura legal montada por políticos anticubanos» que «merece nuestra firme condena», según el texto recogido por la agencia EFE.
La cancillería cubana se suma a la condena
La respuesta no llegó solo de Díaz-Canel. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó la orden, en una publicación en su cuenta de X, de «nueva maniobra estéril de los políticos anticubanos del sur de Florida» y escribió en esa red social que «un grupo de parásitos engaña y estafa a sus seguidores», en alusión a políticos cubanoamericanos. El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío la denominó «maniobra con disfraz legal». Las reacciones coincidieron con otro choque de ese mismo lunes: en la sede de la ONU en Nueva York, diplomáticos cubanos increparon a activistas y opositores durante un acto sobre derechos humanos en Cuba organizado por la misión de Estados Unidos.
No es la primera vez que La Habana reacciona así. En mayo de 2026, cuando el Departamento de Justicia presentó la acusación federal contra Castro y otros cinco exmilitares cubanos, Díaz-Canel la calificó de «pretendida acusación» y se convocó una concentración frente a la Embajada de EE.UU. en La Habana. Allí, Mariela Castro Espín, hija del exgobernante, afirmó que «a él nadie lo va a secuestrar». Raúl Castro no asistió a aquel acto. Cubanos por el Mundo analizó entonces la respuesta de Díaz-Canel a la acusación federal.
Qué establece la orden de arresto contra Raúl Castro
La orden, sin derecho a fianza, fue firmada el viernes 16 de octubre de 2026 por la jueza Ariana Fajardo Orshan, presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, tras una investigación de la Oficina de Fiscalía Estatal y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE). Es una acción estatal independiente de la acusación federal anunciada el 20 de mayo de 2026, que incluye siete cargos y avanza en paralelo. Uthmeier presentó los detalles el lunes 19 de octubre en una rueda de prensa en la Universidad Internacional de Florida (FIU). En la práctica, funciona como una orden de captura contra Raúl Castro: si fuera detenido fuera de Florida, las autoridades estatales pedirían su extradición.
Según la declaración jurada que acompaña a la orden, y tal como detalla el análisis de Cubanos por el Mundo, dos espías cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate operaban desde Miami y Cayo Hueso: transmitían datos de vuelo a Cuba y recibieron instrucciones de no volar con la organización entre el 24 y el 27 de febrero de 1996. El 23 de febrero, uno de ellos salió de Florida hacia Cuba. Al día siguiente, aviones militares cubanos derribaron las dos avionetas.
Esas actividades de espionaje en suelo floridano son el argumento de la fiscalía para reclamar jurisdicción estatal. La declaración jurada sostiene que Raúl Castro ocupaba un puesto de decisión en la cadena de mando que autorizó el ataque. Esto es lo que alega el documento, no una conclusión judicial firme.
En el derribo murieron cuatro hombres cuyos restos nunca fueron recuperados: Carlos Costa, de 29 años; Mario de la Peña, de 24; Armando Alejandre Jr., de 45, los tres ciudadanos estadounidenses; y Pablo Morales, de 29, nacido en La Habana y residente legal permanente en Estados Unidos. Raúl Castro era entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba.
El argumento sobre los indultos y el alcance práctico
Uthmeier subrayó un elemento que distingue la vía estatal de la federal: un presidente de Estados Unidos no puede indultar delitos estatales de Florida. Aunque un futuro mandatario quisiera proteger a los acusados, advirtió, «no puede perdonar, no puede conmutar, no puede inmunizar a estos dictadores de nuestros procedimientos estatales». El fiscal añadió que la orden limita la movilidad de Castro: «Si termina en un país amigo con acuerdos de extradición, por cualquier razón, terminará aquí», dijo, y precisó que no podría viajar a esos países «ni siquiera para recibir tratamiento médico».
El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, asistió a la rueda de prensa y respaldó el procedimiento estatal. En la causa federal, el coacusado Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, expiloto de la Fuerza Aérea cubana, compareció en junio ante una corte federal de Miami y se declaró no culpable. La Fiscalía de Florida advirtió además que la investigación sigue abierta y que podrían presentarse cargos adicionales contra otros implicados en el derribo.
Pese a la orden de arresto contra Raúl Castro, el exgobernante permanece en Cuba, país sin tratado de extradición con Estados Unidos. Ni la orden estatal ni la acusación federal son una declaración de culpabilidad. El gobierno cubano rechaza ambos procesos y alega que las avionetas violaron repetidamente su espacio aéreo; una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que fueron derribadas sobre aguas internacionales.
