El régimen castrista revocó la medida de libertad al preso político Denis Hernández Ramírez tras presentarse en una unidad de detención del municipio de Guanajay, ubicado en la provincia de Artemisa.
La información fue difundida inicialmente por el periodista independiente José Raúl Gallego y la plataforma Justicia 11J, quienes denunciaron el arresto arbitrario del joven y ahora enfrenta nuevamente el encierro bajo las órdenes de la tiranía cubana.
De la citación a la prisión
El muchacho acudió a una citación oficial en el centro de detención conocido como el Técnico de Guanajay, lugar donde los esbirros de la tiranía procedieron a dejarlo bajo custodia sin presentar pruebas legales que justificaran el fin de su excarcelación.
Cabe destacar que Hernández Ramírez abandonó el recinto penitenciario en enero de 2025, formando parte de un grupo de presos que recibieron beneficios temporales como parte de una maniobra de limpieza de imagen ejecutada por la dictadura de Miguel Díaz-Canel, mediada por el Vaticano.
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Aquel proceso de liberación selectiva incluyó supuestamente a centenares de personas, aunque diversos grupos de derechos humanos solo pudieron confirmar la salida real de un número reducido de ciudadanos que estaban tras las rejas por motivos ideológicos.
El testimonio de María Angélica Ramírez, madre del preso político
“Lo revocaron sin motivo ninguno, no tienen pruebas de nada”, manifestó María Angélica Ramírez, madre del afectado, en una conversación posterior con Martí Noticias, donde detalló que la instrucción de encarcelar nuevamente a su hijo provino directamente de la Fiscalía provincial.
Esta decisión de los sicarios judiciales se fundamenta en el hostigamiento constante que sufría el joven, quien utilizaba sus perfiles en plataformas digitales para exponer la vigilancia y las amenazas que recibía por parte de los órganos de represión.
“Es que no tienen nada, él está tranquilo”, sostuvo Ramírez, donde además reveló que el joven preso político será movilizado hacia la prisión de Guanajay en un plazo no mayor a 48 horas.
La farsa de las excarcelaciones de la dictadura en 2025
Este caso se suma a la lista de ciudadanos que regresaron a las mazmorras tras ser “beneficiados” en enero de ese año, demostrando que el régimen utiliza la libertad de los reclusos como una herramienta de chantaje político y control social permanente.
Hernández Ramírez carga con una condena previa de seis años de privación de libertad, dictada por los tribunales de la tiranía bajo los supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato, vinculados directamente a su participación en el estallido social de 2021.
El preso político fue uno de los protagonistas de las históricas protestas en San Antonio de los Baños, localidad donde comenzó la rebelión popular que puso en jaque a la dictadura antes de ser sofocada mediante la violencia policial y el despliegue de tropas.
“Cuando terminaron de interrogarlo, lo metieron para la celda en el técnico de Guanajay”, expresó la madre del joven, denunciando la falta de garantías procesales en un sistema judicial que responde exclusivamente a los intereses de la cúpula comunista.
Por su parte, Justicia 11J ha reiterado que estas acciones son evidencia de que no existen liberaciones incondicionales en Cuba, sino que se trata de movimientos estratégicos de la dictadura.
La organización exigió la liberación inmediata de este preso político, subrayando que su encarcelamiento es un acto de venganza por no someterse al silencio exigido por los esbirros del Ministerio del Interior tras su salida temporal de la cárcel.
Actualmente, el preso político espera el traslado definitivo hacia el régimen cerrado, mientras los abogados intentan descifrar los argumentos legales vacíos que la Fiscalía utilizó para justificar este nuevo atropello contra los derechos humanos fundamentales.
Con esta detención, el número de personas que regresan a prisión tras los indultos de comienzos del año pasado continúa en ascenso, dejando claro que cualquier gesto de clemencia por parte de la tiranía es una trampa diseñada para quebrar la voluntad de los activistas.
Ahora, el destino de este joven preso político queda nuevamente en manos de un sistema que utiliza el encierro como castigo ejemplarizante, confirmando que en Cuba no existe seguridad jurídica para ningún ciudadano que se atreva a disentir.