La administración del presidente Donald Trump anunció este jueves una nueva ronda de sanciones al régimen de Cuba, dirigida contra altos funcionarios militares y empresas estatales vinculadas al aparato de defensa del régimen castrista.
El Departamento del Tesoro, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incorporó a seis funcionarios cubanos y cinco entidades estatales a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), bajo la Orden Ejecutiva 14404.
Asimismo, amplió las sanciones previamente impuestas al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, y al jefe del Estado Mayor General, Roberto Legrá Sotolongo, quienes ahora también quedaron designados bajo este nuevo marco legal.
La decisión de las nuevas sanciones al régimen de Cuba representó un nuevo paso dentro de la política de presión económica que la Casa Blanca aplicó contra el régimen comunista de La Habana, con el objetivo de limitar las fuentes de financiamiento del aparato militar y restringir las operaciones internacionales de entidades controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Marco Rubio justificó las nuevas medidas
Al presentar las nuevas sanciones al régimen de Cuba, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la decisión del gobierno estadounidense y lanzó fuertes acusaciones contra el régimen cubano.
«El régimen comunista cubano es un Estado patrocinador del terrorismo que espía a Estados Unidos, arma a radicales de izquierda violentos, difunde una ideología marxista nociva y sirve de plataforma de operaciones para Rusia, China e Irán a tan solo 90 millas de nuestras costas», precisó el cubanoamericano sobre las nuevas sanciones al régimen de Cuba.
«Hoy he sancionado a cinco entidades cubanas y a ocho personas vinculadas a la adquisición de armas para el régimen. Como ha dicho el presidente Trump: Estados Unidos no tolerará que un Estado canalla albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas hostiles a las puertas de nuestro país», añadió el jefe de la diplomacia estadounidense.
Rubio también lanzó una advertencia dirigida a instituciones financieras y empresas extranjeras.
«Cualquiera que apoye, patrocine o preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionado también. Los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios a estas entidades, o que custodien fondos de las mismas, deben poner fin a dichas actividades de inmediato», agregó.
Los funcionarios incluidos en la nueva lista
Es importante mencionar que las sanciones al régimen de Cuba alcanzaron a varios oficiales de alto rango vinculados al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al aparato militar del régimen.
Entre ellos figuró el general de brigada Oscar Enrique Biosca Gallego, responsable de las finanzas de las FAR.
También apareció la coronel Mónica Milián Gómez, agregada militar, naval y aérea de Cuba en Rusia, así como el coronel Waldo Pérez Cortés, representante militar del régimen en China.
La lista incluyó además a José Antonio Remón Rodríguez, jefe de la Dirección de Relaciones Exteriores del MINFAR, encargado de la cooperación militar internacional.
Igualmente fueron sancionados el general de brigada Heriberto Sánchez Alleyne, director de la Unión de Industrias Militares (UIM), y Roberto Jesús Viciana Mousset, oficial vinculado a las empresas industriales controladas por las FAR.
Empresas estatales bajo sanciones
La OFAC también dirigió las sanciones al régimen de Cuba contra cinco entidades estatales consideradas parte del entramado económico del aparato militar.
Las empresas sancionadas fueron: Tecnotex S.A.;Tecnoimport; Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin; DUNA S.A. y Unión de Industrias Militares (UIM).
Según Washington, estas organizaciones desempeñaron un papel clave en la importación, exportación y desarrollo de productos técnicos y equipamiento relacionado con el sector de defensa, además de contribuir al sostenimiento financiero del régimen castrista.
López Miera y Legrá Sotolongo recibieron nuevas designaciones
Aunque Álvaro López Miera y Roberto Legrá Sotolongo ya enfrentaban restricciones estadounidenses, la administración Trump decidió ampliar las medidas existentes.
Ambos fueron incorporados también bajo la Orden Ejecutiva 14404, una herramienta que fortaleció el alcance jurídico de las sanciones y aumentó las limitaciones para cualquier operación financiera o comercial que involucre activos bajo jurisdicción estadounidense.
La inclusión en la lista SDN implicó el bloqueo de bienes e intereses dentro de Estados Unidos y prohibió que ciudadanos o empresas estadounidenses realizaran transacciones con los individuos y entidades designados.
La estrategia de presión de Washington
Las nuevas sanciones al régimen de Cuba presentadas por Marco Rubio formaron parte de una política más amplia impulsada por la administración Trump en su segundo mandato.
Hasta la fecha, Washington aprobó dos órdenes ejecutivas específicamente orientadas hacia Cuba.
La primera, la Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero de 2026, declaró una emergencia nacional respecto a las amenazas que, según Estados Unidos, representa el régimen cubano para su seguridad nacional y política exterior. Esa normativa autorizó, además, la aplicación de aranceles adicionales a países que suministraran petróleo a la isla.
Posteriormente, el 1 de mayo de 2026, la Casa Blanca promulgó la Orden Ejecutiva 14404, que amplió significativamente el régimen de sanciones bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Esta orden permitió designar personas y entidades extranjeras que operaran en sectores estratégicos como defensa, energía, minería, servicios financieros y seguridad, además de aquellos involucrados en corrupción o violaciones graves de derechos humanos.
El nuevo marco también introdujo el riesgo de sanciones secundarias para bancos, compañías e instituciones extranjeras que mantengan relaciones comerciales con los actores sancionados.
Una campaña de presión que continúa
Las autoridades estadounidenses señalaron que estas sanciones al régimen de Cuba forman parte de una campaña sostenida para limitar las fuentes de ingresos del régimen castrista y reducir la capacidad operativa de las estructuras militares que controlan buena parte de la economía de la isla.
Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, la administración aplicó medidas contra más de dos docenas de personas y organizaciones relacionadas con el aparato estatal cubano y adelantó que continuará anunciando nuevas acciones en las próximas semanas.
Comunicado del Departamento de Estado
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