Estados Unidos reforzó su ofensiva contra el régimen castrista al reiterar que las llamadas misiones médicas internacionales funcionaron como un sistema de trabajo forzoso en Cuba, una práctica que permitió al régimen de La Habana obtener miles de millones de dólares mediante la explotación de profesionales enviados al extranjero bajo condiciones coercitivas.
La nueva postura de la Administración del presidente Donald Trump llegó acompañada de un paquete adicional de sanciones dirigido contra funcionarios y entidades vinculadas a la exportación de servicios profesionales, un programa que desde hace años representó una de las principales fuentes de ingresos en divisas para la dictadura cubana.
El pronunciamiento sobre el trabajo forzoso en Cuba estuvo encabezado por el subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Riley Barnes, quien volvió a cuestionar el funcionamiento de las brigadas médicas internacionales y aseguró que el esquema diseñado por La Habana no respondió a principios de cooperación, sino a un modelo de explotación laboral.
“El programa de exportación de mano de obra del régimen cubano ilegítimo, incluidas las misiones médicas, constituye trabajo forzoso, simple y llanamente”, afirmó Barnes.
El funcionario también sostuvo que la dictadura cubana utilizó a sus propios profesionales como una fuente de ingresos estatales.
“El régimen trata a los trabajadores cubanos como mercancías para enriquecerse, al tiempo que emplea medidas coercitivas para retenerlos en estos programas”, agregó.
Barnes dejó claro además que Washington mantiene una política de tolerancia cero frente a este tipo de prácticas.
“Estados Unidos no tolerará ninguna forma de trata de personas patrocinada por el Estado”, precisó tras denunciar el trabajo forzoso en Cuba.
Nuevas sanciones contra la estructura que administró las misiones médicas e impulsó el trabajo forzoso en Cuba
La declaración coincidió con el anuncio de nuevas medidas adoptadas por el Departamento de Estado contra personas y organizaciones relacionadas con las misiones internacionales del régimen cubano.
Las sanciones alcanzaron a nueve entidades y dos altos funcionarios considerados responsables de sostener el sistema de trabajo forzoso en Cuba, entre ellos la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. y la Unidad Central de Cooperación Médica, organismos encargados de negociar y ejecutar los contratos internacionales de los profesionales enviados al exterior.
Washington también sancionó al ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, señalado por supervisar las instituciones involucradas en la administración de las brigadas médicas.
En la misma lista apareció Gretza Sánchez Padrón, una de las principales directivas de la Unidad Central de Cooperación Médica, por su participación dentro de la estructura que organizó estas operaciones internacionales.
El Departamento de Estado explicó que estas acciones buscaron responsabilizar tanto a quienes dirigieron el programa de trabajo forzoso en Cuba como a quienes facilitaron su funcionamiento.
Además, Barnes destacó que la estrategia estadounidense avanzó bajo el liderazgo del secretario de Estado Marco Rubio, con el objetivo de impedir que continúe un mecanismo que Washington consideró incompatible con los derechos laborales fundamentales.
Decenas de miles de profesionales permanecieron bajo este sistema
De acuerdo con el Departamento de Estado, decenas de miles de trabajadores de la salud permanecieron desplegados en más de 50 países mediante contratos administrados por el régimen cubano.
Las autoridades estadounidenses sostuvieron que ese modelo permitió durante años obtener importantes ingresos económicos mientras los profesionales permanecieron sometidos a condiciones que limitaron su libertad y redujeron considerablemente la remuneración que realmente recibieron por su trabajo.
Diversos especialistas en derechos humanos señalaron que el sistema combinó mecanismos económicos y administrativos con formas de presión política, lo que convirtió al programa en uno de los principales ejemplos de trabajo forzoso en Cuba denunciados por la comunidad internacional.
Para Washington, la exportación de servicios profesionales dejó de ser únicamente un asunto económico y pasó a convertirse en una cuestión vinculada directamente con la trata de personas y la protección de los derechos fundamentales.
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