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El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, dictaminó este martes 17 de noviembre que salir de un centro de detención con el formulario I-220A no es lo mismo que recibir el parole humanitario que exige la Ley de Ajuste Cubano. La sentencia es publicada y obliga a los tribunales federales de Florida, Georgia y Alabama.
El fallo pesa sobre cientos de miles de cubanos que cruzaron la frontera sur en los últimos años y fueron liberados con ese documento. Muchos esperaban usarlo para pedir la residencia al cumplir un año en el país.
El caso de una familia cubana que entró por Arizona
El expediente es Aguiar-Fernández contra el fiscal general de Estados Unidos (número 24-12318). Lo presentaron Yoan Aguiar Fernández, su esposa y su hija, que cruzaron la frontera cerca de San Luis, Arizona, el 25 de junio de 2021. Seguridad Nacional los dejó en libertad con una orden I-220A basada en la sección 1226 de la ley de inmigración.
Un juez de inmigración rechazó de entrada su solicitud de ajuste, les negó el asilo y ordenó su deportación a Cuba. La Junta de Apelaciones de Inmigración confirmó esa decisión sin añadir argumentos, y la familia acudió al tribunal de Atlanta.
Qué dijo el Undécimo Circuito sobre el I-220A
Los jueces Elizabeth Branch, Andrew Brasher y Frank Hull votaron sin divisiones. Brasher, autor de la opinión, explicó que para acogerse a la Ley de Ajuste quien no fue admitido formalmente debe haber recibido parole humanitario según la sección 212(d)(5)(A). Una liberación condicional bajo la sección 1226, escribió, «no es suficiente».
El tribunal concluyó que el Gobierno nunca concedió parole humanitario a esta familia. Con eso se sumó al criterio de los circuitos Segundo, Tercero y Noveno. También rechazó los pedidos de asilo y de protección contra la tortura, por lo que la petición quedó denegada en su totalidad.
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Hay un matiz importante: los jueces indicaron que determinar si alguien recibió o no parole humanitario es una cuestión de hechos. Eso significa que cada expediente se revisa con sus propios documentos.
La demanda colectiva en Miami
La decisión llega mientras sigue abierta en el Distrito Sur de Florida la demanda Bello-Rubio contra Noem (caso 1:25-cv-23665), presentada por 992 cubanos con I-220A ante la jueza Jacqueline Becerra. Los demandantes sostienen que esa liberación debió tramitarse como parole. En septiembre la jueza permitió que el caso siguiera adelante y en octubre el Gobierno volvió a pedir que lo desestimara.
El fallo de Atlanta no menciona esa demanda ni la cierra. Pero al ser un precedente obligatorio para los jueces federales de Florida, la jueza Becerra tendrá que tenerlo en cuenta en lo que toque al mismo punto legal. En febrero, ese mismo tribunal había devuelto a la Junta de Apelaciones dos casos de cubanas con I-220A en una decisión no publicada, que no fijó un criterio general.
Qué significa para los cubanos con I-220A
- El I-220A, por sí solo, no abre la puerta al ajuste en los tribunales federales de Florida, Georgia y Alabama.
- No es una orden de deportación general. Afecta a esta familia y fija el criterio legal, pero cada caso sigue su propio proceso.
- Quien tenga prueba de parole humanitario, como un I-94 con esa anotación, está en otra situación y debe revisarlo con su abogado.
- Todavía hay vías: la familia puede pedir que el pleno del Undécimo Circuito revise el caso o acudir al Tribunal Supremo, y la demanda colectiva sigue pendiente.
- Antes de cualquier trámite, conviene consultar con un abogado de inmigración. Hay más cobertura de CpM sobre cubanos con I-220A, como el caso de los detenidos en Islamorada.
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