¿INVERTIR EN CUBA? El régimen de La Habana tiene una nueva apuesta para aliviar su derrumbe económico: llamar a los cubanos que viven en el exterior para que inviertan en Cuba. La propuesta llega en un momento de crisis sin precedentes —apagones de hasta 20 horas diarias, desabastecimiento crítico de alimentos y un colapso estructural de la producción— y suena, como siempre, más a desesperación que a apertura real.
Pero antes de que algún compatriota considere seriamente esa “invitación de inviertan en Cuba.”, vale la pena recordar lo que ya le sucedió a quienes se adelantaron y creyeron en las promesas del Estado cubano. El caso de Frank Cuspinera, empresario cubanoamericano de Miami, es hoy el ejemplo más reciente y mejor documentado de lo que puede ocurrir cuando se decide hacer negocios en un país donde la ley obedece al Partido, no a los ciudadanos.
“En Cuba el Estado puede permitirte invertir… pero también puede quitarte todo.”
El caso Cuspinera: auge y confiscación de un empresario cubanoamericano
Frank Cuspinera Medina llegó a Cuba con licencias en regla, emitidas por el propio Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que le autorizaban a exportar productos a Cuba. Con esas garantías —o lo que él creyó que eran garantías— fundó Diplomarket, un supermercado mayorista en La Habana que en poco tiempo se convirtió en el proveedor de referencia para emprendedores y pequeñas empresas privadas cubanas. Muchos lo bautizaron como el “Costco cubano”.
El arresto y la confiscación
El 20 de junio de 2024, las autoridades del régimen castrista entraron al local, lo clausuraron y arrestaron a Cuspinera. De un día para otro, sus licencias fueron revocadas y toda la mercancía almacenada, confiscada. Las acusaciones: evasión fiscal, tráfico de moneda y lavado de activos —el catálogo clásico que el régimen activa cuando decide quedarse con un negocio ajeno.
Su familia desmintió los cargos de inmediato y denunció que el proceso judicial no cumplía con ninguna garantía mínima. Durante meses, Cuspinera permaneció en prisión preventiva en el Combinado del Este —una de las cárceles más duras de Cuba—, sometido a presiones psicológicas para que se declarara culpable, y con una salud que se deterioraba sin atención médica adecuada.
La propia descripción de los hechos no deja margen para la ambigüedad: nunca había sido auditado ni investigado antes del arresto. El Estado simplemente decidió quedarse con su negocio.
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No es un caso aislado: el patrón de confiscaciones los los ilusos que van a inviertan en Cuba.
Quienes defienden la idea de invertir en Cuba suelen decir que cada caso es diferente, que lo de Cuspinera fue una excepción. La historia desmiente esa narrativa. Otros inversionistas y repatriados han corrido la misma suerte, siguiendo un patrón prácticamente idéntico: tolerancia inicial, cooperación aparente y ruptura repentina en la que el Estado activa su arsenal legal para apropiarse del negocio.
| Empresario | Origen | Negocio / Actividad | Consecuencia |
|---|---|---|---|
| Frank Cuspinera | Cubanoamericano (Miami) | Supermercado mayorista Diplomarket, La Habana | Arresto (junio 2024), negocio clausurado, mercancía confiscada |
| Juan Carlos Hernández Mora | Cubano-alemán | Hostal en Trinidad | Condenado a 12 años en juicio a puerta cerrada; propiedad confiscada |
| Armando Unsain | Empresario español | Propiedades turísticas en Cuba | Expulsado del país; pérdida total de bienes |
| Max Marambio | Empresario chileno | Empresas mixtas con el gobierno cubano | Condenado en ausencia a 20 años de cárcel (2011) tras disputa con el Estado |
En todos los casos el guion es el mismo: una etapa inicial de tolerancia o incluso cooperación con el inversor, seguida de una ruptura repentina en la que el Estado activa su arsenal legal para apropiarse del negocio y eliminar al socio incómodo.
Por qué Cuba no puede ofrecer seguridad jurídica para invertir
El problema no es de personas ni de circunstancias puntuales. Es estructural. La propia Constitución cubana establece que el Partido Comunista es la “fuerza dirigente superior” de la sociedad, lo que en la práctica significa que el poder judicial no es independiente: responde al sistema político.
Un marco legal diseñado contra el inversor privado
Bajo ese marco, las leyes vigentes le otorgan al Estado amplias facultades de expropiación bajo el argumento del “interés social”. Cualquier negocio privado puede ser intervenido o confiscado si el gobierno así lo decide, sin que exista tribunal independiente al que apelar ni mecanismo de arbitraje internacional vinculante que proteja al inversor.
A esto se suma que el marco regulatorio cambia de forma constante y arbitraria, y que los fiscales disponen de un catálogo amplísimo de delitos económicos —evasión fiscal, especulación, tráfico de divisas— que pueden activarse en cualquier momento contra cualquier empresario, sin que la culpabilidad real sea un requisito.
“En un país donde el Estado controla al juez, invertir en Cuba es apostar en una ruleta trucada.”
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La “invitación” del régimen: contexto y lectura correcta
El anuncio reciente del régimen castrista no es una señal de apertura democrática ni de voluntad reformista. Es una maniobra de captación de divisas en el peor momento económico que Cuba ha vivido en décadas. El gobierno necesita capital externo para sostener un sistema que ha fallado en todos sus objetivos económicos, y sabe que la diáspora cubana —trabajadora, emprendedora y con vínculos afectivos con la isla— es un objetivo fácil de apelar.
Pero las reglas del juego no han cambiado. No existe una reforma constitucional que garantice la propiedad privada. No existe independencia judicial. No existe ningún mecanismo de arbitraje internacional vinculante que proteja al inversor extranjero o a la diáspora. Lo que existe es la misma arquitectura legal diseñada para que el Estado siempre pueda recuperar lo que decide ceder temporalmente.
Nuestra posición: deseo legítimo, trampa documentada
Desde Cubanos por el Mundo entendemos el deseo legítimo de muchos compatriotas de contribuir al bienestar del pueblo cubano, de sus familias y de sus comunidades de origen. Ese deseo es noble y no lo cuestionamos.
Lo que sí cuestionamos —y documentamos— es que ese deseo sea utilizado como instrumento por un régimen que no ha ofrecido ni una sola garantía real a quienes han confiado en él. La historia de Frank Cuspinera, de Hernández Mora, de Marambio, no son accidentes: son el funcionamiento normal del sistema.
Invertir en Cuba mientras el régimen castrista mantenga el control absoluto sobre la ley, la justicia y la propiedad no es un acto de ayuda al pueblo cubano. Es financiar la continuidad de ese mismo régimen, con el riesgo adicional de perderlo todo.
Si el gobierno cubano quiere inversión seria de la diáspora, el camino es uno solo: reformas constitucionales reales, independencia judicial, respeto al debido proceso y acuerdos internacionales de protección al inversor. Hasta que eso ocurra, la “invitación” del régimen merece la misma respuesta que todas las anteriores: escepticismo documentado y denuncia pública.
Preguntas frecuentes sobre invertir en Cuba como cubano de la diáspora
¿Es legal que un cubanoamericano invierta en Cuba?
Depende de las licencias emitidas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC). El caso Cuspinera demuestra que contar con todas las licencias estadounidenses en regla no protege al inversor frente a una confiscación por parte del Estado cubano, que opera bajo una legislación propia que no reconoce derechos de propiedad privada de forma efectiva.
¿Existe algún tratado internacional que proteja las inversiones en Cuba?
Cuba ha firmado algunos Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con países europeos, pero su aplicación práctica ha sido nula en los casos de conflicto conocidos. No existe ningún mecanismo de arbitraje internacional al que la diáspora cubana pueda acudir con garantías reales de éxito.
¿Qué necesita Cuba para ofrecer seguridad jurídica real a los inversores?
Como mínimo: reforma constitucional que garantice la propiedad privada, un poder judicial independiente del Partido Comunista, respeto al debido proceso penal y adhesión a convenios internacionales de arbitraje vinculante, como el CIADI del Banco Mundial. Y lo mejor e ideal, es la salida por completo del Partido Comunista de Cuba del poder, y criminalizar esa ideología que tanto mal, muerte y calamidades le ha traído al pueblo cubano