La esposa del presidente de Cuba Puesto a Dedo, Miguel Díaz-Canel, Lis Cuesta Peraza, reapareció este 3 de mayo en la red social X para reclamar la liberación inmediata del activista brasileño Thiago Ávila y del hispano-palestino Saif Abu Keshek, ambos retenidos por Israel tras la interceptación de la flotilla Global Sumud en aguas internacionales. “El amigo brasileño q fue secuestrado por los fascistas en Israel. Otra injusticia más […] Libertad para Thiago y su amigo Saif Abu. #CubaEstáFirme”, escribió Cuesta junto a un cartel con el lema “Cuba no abandona a sus amigos”. El mensaje fue rápidamente reposteado por su marido.
El reclamo, sin embargo, choca con una realidad inocultable: mientras la primera dama del régimen denuncia la detención de dos extranjeros —a quienes la fiscalía israelí imputa “asistencia al enemigo en tiempo de guerra” y vínculos con Hamás a través de la Conferencia Popular para Palestinos en el Extranjero—, la dictadura cubana mantiene tras las rejas a 1.155 presos políticos y de conciencia, según el último informe mensual de la ONG Prisoners Defenders, correspondiente a abril de 2026. Es la cifra más alta jamás documentada en la Isla.
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Un niño de 16 años en una cárcel de máxima seguridad
El caso más sangrante es el del adolescente Jonathan David Muir Burgos, de apenas 16 años, encerrado desde el 16 de marzo en la prisión de máxima seguridad de Ciego de Ávila tras participar en las protestas pacíficas que estallaron en Morón por los apagones de más de 26 horas y la escasez extrema de alimentos. La Fiscalía cubana lo acusa del delito de “sabotaje”, que contempla penas de entre 7 y 15 años. Su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, denuncia que el menor padece dishidrosis severa, infecciones bacterianas recurrentes y un cuadro inmunológico comprometido, pero permanece sin atención médica adecuada, sin agua potable y con visitas restringidas.
El pasado 24 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del adolescente al considerar que su vida, integridad personal y salud están en “riesgo de daño irreparable”. El régimen no solo ha desoído el pronunciamiento internacional: ha expuesto al menor sin autorización en programas estatales para intentar criminalizarlo. Jonathan no es una excepción. Prisoners Defenders documenta 33 menores en su lista de presos políticos —29 cumpliendo condena— y 15 adolescentes condenados por sedición con penas promedio de diez años por manifestarse pacíficamente.
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“Cárcel o destierro”: la estrategia que la ONU acusa de sistemática
A finales de marzo de 2026, cuatro relatoras especiales de Naciones Unidas acusaron formalmente al Estado cubano de violaciones sistemáticas contra artistas, defensores de derechos humanos y figuras de la sociedad civil, denunciando una estrategia oficial de “cárcel o exilio” diseñada como mecanismo de control interno para neutralizar la disidencia.
Los nombres detrás de esa política los conoce el mundo entero. José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue desterrado a Estados Unidos el 13 de octubre de 2025 después de denunciar por carta manuscrita “golpizas, torturas, humillaciones y amenazas de muerte” contra él y su familia en prisión. Luis Robles Elizástigui, el joven que en 2020 levantó un cartel en el Bulevar de San Rafael con la palabra “Libertad”, terminó encarcelado cinco años y deportado a España. Maykel “Osorbo” Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara, coautores del himno Patria y Vida, cumple nueve años de condena —ahora en la prisión Kilo 8 de Pinar del Río— pese a que la propia CIDH determinó el 3 de diciembre de 2025 que el Estado cubano “utilizó el derecho penal para castigar su expresión artística”.
La criminalización del periodismo independiente
La hipocresía se extiende al gremio que Cuesta no menciona en sus tuits indignados: el de los periodistas. El mismo 30 de abril en que la flotilla era abordada en el Mediterráneo, el reportero de CubaNet, Ángel Cuza Alfonso, era arrestado en La Habana frente a su pequeña hija por agentes de la Seguridad del Estado. Cubalex le ha documentado diez detenciones arbitrarias, ocho operativos de vigilancia domiciliaria y cuatro citaciones ilegales solo entre 2022 y 2023. Yoani Sánchez, fundadora de 14ymedio, denunció ese mismo 1.º de mayo un nuevo asedio en la base de su edificio, dentro de un operativo represivo que afectó al menos a 18 activistas y periodistas en distintas provincias.
El ICLEP registró 185 agresiones contra la libertad de prensa solo en marzo de 2026, y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó en marzo “el patrón persistente de hostigamiento estatal contra quienes ejercen el derecho a informar”. En la Cuba de Díaz-Canel, ejercer periodismo se castiga con figuras penales ambiguas como “propaganda enemiga”, “desacato” o “resistencia” que convierten un reportaje en delito.
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La doble vara que delata al régimen
La consigna oficialista #CubaEstáFirme se diluye en una incómoda contabilidad: 752 manifestantes del 11J siguen presos casi cinco años después, 73 de ellos mujeres y 28 menores al momento de su detención. 456 reclusos políticos —el 39% del total— sufren patologías médicas graves sin tratamiento, según Prisoners Defenders. Hay 222 personas condenadas por sedición por el mero hecho de protestar pacíficamente.
Lis Cuesta tiene todo el derecho a pedir libertad para Thiago Ávila y Saif Abu Keshek. La pregunta que el pueblo cubano y la comunidad internacional deberían exigirle responder, desde el palacio donde vive con su marido, es por qué esa misma vehemencia se transforma en silencio cómplice cuando los secuestrados, los torturados y los desterrados llevan apellidos cubanos. Cuando el “amigo” no es un activista de cartel internacional, sino un adolescente asmático olvidado en una celda de Ciego de Ávila.