La vista judicial que determinará el rumbo migratorio de cientos de ciudadanos cubanos portadores del formulario I-220A fue cambiada al 2 de septiembre en el sur de Florida.
Inicialmente fijada para el 26 de agosto en el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Miami, la sesión fue reprogramada por la magistrada Jacqueline Becerra por motivos de ajustes internos en la agenda del juzgado.
El litigio, conocido como Bello-Rubio contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fue entablado por un grupo de 992 inmigrantes cubanos que recibieron el I-220A tras cruzar la frontera suroeste de Estados Unidos.
Los afectados pretenden que la justicia equipare este documento a un parole formal, lo que les abriría las puertas a los beneficios que contempla la Ley de Ajuste Cubano para obtener la residencia permanente.
El letrado principal de los demandantes, Mark Prada, restó importancia al aplazamiento y señaló que obedece exclusivamente a la carga administrativa del tribunal. En la misma línea, la abogada Claudia Cañizares ratificó que estos movimientos de calendario son habituales cuando otros casos en curso requieren más tiempo del previsto por la corte.
Durante la nueva audiencia del próximo mes, la jueza Becerra escuchará los alegatos en torno a varias mociones pendientes que involucran a tres procesos relacionados con el I-220A. La representación del gobierno federal ha instado al tribunal a desestimar la demanda, argumentando que carece de facultades para imponer las soluciones legales que reclaman los cubanos. Por su parte, la defensa de los inmigrantes busca evitar el archivo del caso y aspira a que Bello-Rubio sea certificada como una demanda colectiva o class action .
De concederse este estatus, un fallo positivo podría extenderse a otros miles de cubanos que se encuentran en el mismo limbo migratorio con el I-220A. No obstante, los abogados insisten en que esa fecha no implica que los afectados recibirán automáticamente un parole ni que podrán solicitar la tarjeta de residencia de inmediato; la magistrada podría dictar sentencia, dejar la decisión en suspenso o permitir que el proceso continúe su curso.
Una audiencia federal que podría definir el rumbo de varias reclamaciones de cubanos liberados en Estados Unidos con el formulario I-220A fue aplazada hasta el 2 de septiembre en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. La vista, prevista inicialmente para el 26 de agosto ante la… pic.twitter.com/N0EQzZqOU9
— El Toque (@eltoquecom) August 24, 2026
El documento I-220A opera como un permiso de liberación condicional que evita la detención del migrante mientras su expediente avanza en el sistema. Sin embargo, actualmente no es considerado equivalente al parole que exige el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, la cual requiere que el beneficiario haya sido inspeccionado, admitido o haya recibido un parole formal.
La controversia se intensificó tras el precedente sentado en 2023 por la Junta de Apelaciones de Inmigración en el asunto Matter of Cabrera-Fernandez, que estableció que la libertad otorgada mediante un I-220A no tiene el mismo valor jurídico que el parole concedido bajo la sección 212(d)(5) de la Ley de Inmigración. La defensa sostiene que el DHS aplicó una categorización errónea al liberarlos tras su ingreso al país. Sin embargo, la agencia federal se opone firmemente a esa interpretación e insiste en que ningún juez puede reclasificar de manera retroactiva un I-220A como parole.
Ante las expectativas generadas, el abogado Willy Allen, quien también forma parte del equipo legal junto a las letradas Maitte Barrientos y Claudia Cañizares, pidió prudencia a los interesados y recordó que esta vista representa solo una etapa más dentro de un litigio que podría alargarse con nuevas apelaciones y recursos.
La audiencia del 2 de septiembre determinará si la demanda avanza como acción colectiva o si enfrenta nuevas barreras judiciales. Mientras tanto, miles de cubanos portadores del I-220A permanecen en vilo, a la espera de que el sistema de justicia defina si podrán regularizar su estatus o si seguirán atrapados en una incertidumbre migratoria que ya se ha prolongado por meses.
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