Sigue a Cubanos por el Mundo y elígenos como fuente preferida.
Nicky Díaz Cabrera, una cubana acusada de homicidio calificado en el estado mexicano de Puebla, lleva más de siete años en prisión preventiva sin que se haya celebrado su juicio oral, según una denuncia que llegó a Cubanos por el Mundo por WhatsApp.
El documento, de 21 páginas y sin firma visible, sostiene que es inocente, que ha sufrido torturas en prisión y que México violó sus derechos como extranjera desde el día de su arresto, el 29 de agosto de 2019. Pide que el caso se conozca fuera de México y que las autoridades prueben que sigue con vida, porque sus allegados aseguran no tener noticias recientes de ella.
El plazo importa: la Constitución mexicana fija en dos años el máximo de la prisión preventiva, salvo que se prolongue porque la propia defensa lo pidió.
Su defensa responsabiliza ahora a dos jueces de Puebla de alargar esa prisión preventiva sin justificación, algo que Cubanos por el Mundo no ha podido comprobar en los expedientes.
El homicidio que la Fiscalía de Puebla dio por esclarecido en 2019

El caso parte de la muerte de Jorge Abel Espinoza Ocampo, de 55 años, fundador del bar Franco’s, uno de los primeros locales para la comunidad LGBTI de Puebla. Lo encontraron sin vida el 22 de julio de 2019 en su casa de la colonia Bella Vista, en la capital del estado.
El 30 de agosto de ese año, la Fiscalía General del Estado de Puebla anunció que había esclarecido el crimen con dos detenciones: un hombre identificado como Edmundo N., al que capturaron en Puebla con el vehículo del fallecido, y una persona de origen cubano, arrestada en Ciudad de México con apoyo de la Policía Federal, a la que señaló como probable autora material. Días después, la Fiscalía obtuvo su vinculación a proceso por homicidio.

La denuncia que recibimos coincide con esa versión en la fecha y el lugar del arresto, en el nombre del fallecido y en la detención de un segundo acusado llamado Edmundo, que según el documento trabajaba para la víctima. Cubanos por el Mundo no ha podido consultar los expedientes judiciales para confirmar cada dato.
Lo que sostiene su defensa
Según el documento, agentes ministeriales entraron sin orden de cateo a la habitación del hotel de Ciudad de México donde se alojaba, se llevaron su pasaporte y la trasladaron a Puebla. Seis días después, un juez la vinculó a proceso y le impuso prisión preventiva oficiosa. Desde entonces está en el Centro Penitenciario de San Miguel, en Puebla.
La denuncia cita la causa penal 1532/2019 y el expediente de juicio oral 93/JO/CENTRO/PUEBLA, y afirma que el juicio no se ha celebrado «por razones de seguridad» y otras que no detalla. Estos son los principales argumentos que expone a su favor:
- Ningún testigo directo la sitúa en el lugar del crimen, y no se hallaron sus huellas en la escena ni en el cuerpo.
- La detención no fue en flagrancia, sino unos 40 días después del hallazgo del cuerpo.
- El dictamen forense, según su lectura, atribuye la muerte a una broncoaspiración y no a una asfixia mecánica externa.
- La identificación por fotografía no siguió el procedimiento debido y la condujo la misma fiscal que lleva el caso.
- Los documentos de la acusación formal, presentada en septiembre de 2021, habrían desaparecido del expediente.
El texto añade que México no notificó su arresto al consulado cubano, como exige el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y que la aprehensión no quedó inscrita en el Registro Nacional de Detenciones.
Torturas, amparos y una petición ante la CIDH
La denuncia asegura que en prisión la agredieron para que confesara un delito que ella niega, y que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Puebla la ha reconocido cinco veces como víctima de tortura. También afirma que un juzgado federal le concedió un amparo por discriminación, aislamiento e incomunicación (expediente 128/2024) y que, tras otro amparo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados le otorgó protección complementaria.
Según el documento, desde el 31 de marzo de 2025 hay una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no ha recibido respuesta. Cubanos por el Mundo no ha podido verificar estos expedientes de forma independiente.
El documento también lanza acusaciones graves, por nombre, contra el fallecido y contra funcionarios de Puebla, sin pruebas que hayamos podido revisar. Por eso no las reproducimos.
Sigue a Cubanos por el Mundo y elígenos como fuente preferida.
El límite de dos años que fija la Constitución mexicana
El artículo 20 de la Constitución mexicana establece que la prisión preventiva no podrá superar los dos años, salvo que se alargue por el ejercicio del derecho de defensa del imputado. En 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió que, cumplido ese plazo, los jueces pueden decidir si la medida cesa o se prolonga.
La denuncia sostiene que ni Díaz Cabrera ni su defensa pidieron más tiempo, y que el juez de enjuiciamiento nunca hizo ese cómputo. También reclama que a sus familiares en Cuba no se les ha dado una visa humanitaria para visitarla, un permiso que México sí concedió en 2025 a los padres de Elianis, la bailarina cubana asesinada en Puebla.
Los dos jueces que señala la defensa
En una segunda entrega de documentos, las personas que impulsan la denuncia identificaron a los dos jueces que, según ellas, han tenido el caso en sus manos: Joel Daniel Baltazar Ávalos, juez de control que habría conducido la etapa intermedia y enviado a Díaz Cabrera a juicio oral, y Juan Carlos Malpica Aladro, juez del Tribunal de Enjuiciamiento a cargo de ese juicio.
Del primero dicen que la mandó a juicio sin depurar el proceso, que prorrogó su prisión preventiva sin abrir debate y que está detrás de dos traslados que consideran arbitrarios, en los que, aseguran, a la cubana le retiraron documentos de su defensa y objetos personales. Del segundo afirman que ha sido recusado tres veces y que en 2026 ganó contra él dos amparos ante el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Puebla (expedientes 343/2026 y 105/2026). Pese a ello, sostienen, Malpica Aladro prorrogó por quinta vez la prisión preventiva, ahora hasta el 22 de diciembre de 2026. Para entonces, Díaz Cabrera sumaría siete años y casi cuatro meses presa sin sentencia.
Cubanos por el Mundo no ha podido revisar esas resoluciones. Los documentos también atribuyen a ambos jueces, y a otros funcionarios de Puebla, delitos graves sin aportar pruebas, y por eso no los reproducimos.
Lo que sí consta en la prensa poblana es que los dos jueces han estado antes bajo escrutinio público. Baltazar Ávalos integró el Tribunal de Enjuiciamiento que en mayo de 2026 absolvió por unanimidad a 10 policías estatales acusados por la muerte de tres indígenas en Coyomeapan en 2022. En julio de este año, tras un receso de más de ocho horas, decidió no vincular a proceso por estupro, corrupción de menores y pornografía infantil a un exdirigente del PAN poblano, y la familia de la víctima anunció una queja ante el Consejo de la Judicatura. En diciembre de 2025, la organización Artículo 19 le reprochó omitir garantías procesales en la audiencia contra el periodista Rodolfo Ruiz.
Malpica Aladro también ha sido cuestionado. En 2021, el entonces gobernador Miguel Barbosa pidió al Tribunal Superior de Justicia investigar su decisión de no procesar a los acusados de violar a una mujer de 63 años en Chiautla de Tapia. En 2023, Helena Monzón lo acusó de dilatar el proceso por el feminicidio de su hermana, la abogada y activista Cecilia Monzón.
Esos antecedentes no prueban que haya irregularidades en el caso de Díaz Cabrera. No encontramos ningún posicionamiento del Poder Judicial de Puebla sobre las acusaciones de la defensa.
Lo que se sabe hasta ahora
- En 2019, la Fiscalía de Puebla atribuyó a una persona cubana, detenida en Ciudad de México, el homicidio de Jorge Abel Espinoza Ocampo.
- Según la denuncia, esa persona es Nicky Díaz Cabrera, que sigue en prisión preventiva sin juicio oral más de siete años después.
- Su defensa sostiene que es inocente y que sufrió torturas en prisión; nada de eso ha sido probado ante un tribunal.
- La defensa acusa a los jueces Joel Daniel Baltazar Ávalos y Juan Carlos Malpica Aladro de alargar su prisión preventiva; no hemos podido revisar las resoluciones que cita.
- Ni la Fiscalía ni el Poder Judicial de Puebla han respondido a estas acusaciones en ninguna fuente que hayamos encontrado.
Si usted tiene información sobre este caso, puede enviarnos su denuncia desde esta página.
Cómo hicimos esta nota
Recibimos por WhatsApp un documento de 21 páginas sobre el caso de Nicky Díaz Cabrera. Comparamos sus datos con lo que la Fiscalía de Puebla informó en 2019 sobre el homicidio de Jorge Abel Espinoza Ocampo, y con el texto del artículo 20 de la Constitución mexicana. No hemos tenido acceso a los expedientes judiciales ni hemos hablado todavía con su defensa, con la Fiscalía ni con el Poder Judicial de Puebla. Después recibimos de la misma fuente tres documentos más sobre los jueces del caso; contrastamos lo que dicen con lo publicado por medios de Puebla y por Artículo 19.
Sigue a Cubanos por el Mundo y elígenos como fuente preferida.




