La denuncia sobre un niño agredido por la policía cubana volvió a poner bajo escrutinio la actuación del régimen castrista frente a las recientes manifestaciones ciudadanas.
Un adolescente de apenas 13 años terminó detenido y con visibles lesiones después de una protesta registrada en Santiago de Las Vegas, municipio Boyeros, en La Habana, un episodio que reavivó las denuncias sobre el uso de la fuerza contra menores de edad durante operativos represivos.
La víctima fue identificada como Alex Javier Hernández González, quien, según el testimonio de su madre difundido en redes sociales, recibió una golpiza por parte de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) antes de ser trasladado a instalaciones del Ministerio del Interior (MININT).
La denuncia salió a la luz mediante un video publicado por el perfil de Facebook «Mandy Caos», donde la madre del adolescente relató entre lágrimas lo ocurrido y describió las lesiones que observó cuando finalmente pudo reencontrarse con su hijo tras la detención.
Según explicó la mujer, desconocía que el niño agredido por la policía cubana había participado o se encontraba cerca de la protesta ocurrida el pasado 22 de julio. Ella creyó inicialmente que el adolescente había salido a pescar durante la noche, por lo que la llamada que recibió desde una estación policial la sorprendió completamente.
No obstante, cuando acudió a verlo, encontró a su hijo con múltiples golpes.
El menor aseguró que reveló su edad durante la golpiza
Uno de los aspectos más delicados de la denuncia sobre el niño agredido por la policía cubana consistió en que Alex Javier afirmó haber informado a los agentes que solo tenía 13 años mientras era golpeado.
De acuerdo con el relato de su madre, lejos de detener la agresión, los policías intensificaron la violencia.
«(…) dice que más golpes le daban. Me decía: ‘mamá, ahí fue cuando más duro me dieron por la cabeza'».
La madre añadió que el menor presentaba lesiones visibles.
«Tiene golpes aquí (señalándose la cabeza), en el cuello; (tiene) la espalda llena de piñazos, llena de golpes».
El adolescente también aseguró que fueron cuatro agentes quienes participaron en la golpiza, una vez que el grupo principal de manifestantes ya se había dispersado de la zona.
Además, denunció que los oficiales intentaron obligarlo a declarar que las lesiones habían sido provocadas por los propios manifestantes y no por la policía castrista. Sin embargo, según el testimonio familiar, el menor se negó a respaldar esa versión.
Tras permanecer inicialmente en la estación policial de Calabazar, las autoridades trasladaron al niño agredido por la policía cubana al centro de internamiento para menores administrado por el MININT en Guanabacoa, conocido popularmente como «El Combinadito», donde continuó bajo custodia estatal.
La represión alcanzó nuevamente a menores de edad
El caso del niño agredido por la policía cubana volvió a alimentar las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre la actuación del régimen castrista frente a las protestas ciudadanas.
Diversas ONG y observatorios independientes sostuvieron durante los últimos años que las autoridades cubanas no establecieron diferencias entre adultos y menores cuando respondieron a manifestaciones de carácter político o social.
Las recientes protestas registradas en varias localidades del país surgieron principalmente por los prolongados apagones, la escasez de alimentos, la crisis económica y el deterioro de los servicios básicos, situaciones que incrementaron el descontento popular.
En varias de esas manifestaciones se reportaron operativos policiales, arrestos y despliegues de fuerzas especiales para impedir nuevas concentraciones.
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No es un hecho aislado
La situación de Alex Javier recordó otros expedientes recientes relacionados con menores procesados por motivos políticos en Cuba.
Uno de los casos que alcanzó mayor repercusión internacional fue el de Jonathan Muir Burgos, arrestado el 16 de marzo tras participar en una protesta en Morón, Ciego de Ávila, motivada por los apagones.
El adolescente permaneció más de tres meses encarcelado antes de recuperar la libertad en junio.
Durante ese proceso, las autoridades incluso lo trasladaron a la prisión para adultos de Canaleta y lo investigaron por el presunto delito de sabotaje, una acusación que contemplaba penas de entre siete y quince años de prisión.
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