RAMÓN JÁUREGUI
Cuba necesita un sistema productivo que no tiene; Bruselas y Madrid deben ser sus aliados
Murió Fidel y recibió los honores del pueblo cubano. Una vez más, un pequeño país, una isla del Caribe, concentró la atención del mundo entero. ¿Qué tiene Cuba para estar en el tablero mundial tantas veces?
Desde abril de 2014 la UE viene negociando con La Habana un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación. El lanzamiento de esa iniciativa se produjo antes de que se anunciara públicamente el deshielo de las relaciones entre EE UU y Cuba. Este acuerdo consta de tres capítulos, dedicados respectivamente al diálogo político, cooperación y políticas sectoriales, que incluyen cuestiones comerciales y acompañamiento en el proceso de modernización de la economía cubana. El acuerdo también contempla un diálogo sobre derechos humanos y democracia, si bien en estas áreas las partes han decidieron ir más despacio para que las diferencias del criterio no anulen la posibilidad de avanzar en el resto de materias.
Como señaló recientemente la Alta Representante Federica Mogherini, este acuerdo tiene carácter histórico porque abre la puerta a la confianza y la comprensión mutua entre Europa y Cuba. Aunque la UE y sus 28 Estados Miembros establecieron hace décadas relaciones diplomáticas completas con Cuba, desde que en 1996 Europa adoptó la Posición Común a instancias del Gobierno de José María Aznar, la relación con la isla había quedado severamente erosionada. La Posición Común pretendía condicionar la relación europea con Cuba al cambio de sistema político en la isla, pero en la práctica sólo consiguió congelar la interlocución con el Gobierno cubano sin obtener mejora alguna en el ámbito de los derechos y libertades de los cubanos. El acuerdo que está a punto de ratificarse deroga la Posición Común, y así inaugura una nueva época. Concluido en marzo de 2016 y adoptado por la Comisión en septiembre para su remisión al Consejo, la firma del texto está prevista para el próximo 12 de diciembre. Después deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo, la Asamblea Nacional Cubana y los parlamentos nacionales de los Estados Miembros, sin perjuicio de su entrada en vigor en 2017.
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