El preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, un joven cubano de 24 años con una discapacidad intelectual médicamente certificada, languidece tras las rejas de la tiranía castrista bajo una draconiana pena de 12 años de prisión por el supuesto delito de sedición, tras manifestarse el 11 de julio de 2021 en el reparto La Güinera de La Habana.
La furia del régimen totalitario no se limita a carcomer la existencia de este indefenso ciudadano en un calabozo, sino que descarga su brutalidad contra su propio padre y activista, Wilber Aguilar Bravo.
Este 24 de septiembre, apenas seis días después del abrumador despliegue persecutorio perpetrado el 18 de septiembre, el nefasto aparato represivo volvió a cercar la residencia familiar en la capital cubana.
La patrulla número 775 de la policía política, junto a siniestros agentes de la Seguridad del Estado, ejecutó una flagrante privación ilegal de libertad al notificarle en la puerta de su vivienda que tenía tajantemente prohibido salir durante toda esa jornada.
Asfixia elemental y constante desacato a la CIDH
En un acto de perversidad calculada, el despotismo militar convierte la subsistencia elemental en un instrumento de tortura psicológica diaria.
Según las contundentes declaraciones brindadas por Aguilar Bravo al medio Martí Noticias, este cerco policial obstaculiza drásticamente la adquisición de alimentos e insumos esenciales, impidiendo cubrir las necesidades primarias de su núcleo familiar y castigando despiadadamente a sus pequeños nietos.
El ensañamiento contra este incansable luchador por la causa de todo preso político expone la cobardía estructural de una cúpula dictatorial que desoye con total desprecio las medidas cautelares de protección concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar de los dictámenes explícitos expedidos por este organismo internacional para salvaguardar la integridad de Walnier y de sus allegados, la dictadura pisotea cualquier resolución e impone un régimen de terror domiciliario signado por constantes citaciones e interrogatorios intimidatorios.
Impunidad judicial y saña contra las víctimas del 11J
La desproporcionada condena impuesta al joven encarcelado por las protestas del 11J saca a la luz la naturaleza sanguinaria de un aparato judicial supeditado al partido único, diseñado para aplastar la dignidad humana y silenciar el clamor popular.
Al someter a 12 años de presidio a una persona con limitaciones intelectuales severas, el castrismo reafirma su total falta de piedad e intención de infundir pánico.
La lucha por la excarcelación de cada preso político en la isla se ha convertido en un auténtico calvario donde la violencia de Estado no da tregua.
Ante el cerco represivo de la patrulla 775 desplegada frente a la vivienda, queda al descubierto la táctica totalitaria de mantener bajo secuestro domiciliario a familiares cuya única voz reclama la liberación de sus seres queridos.
El terrorismo de Estado como política ininterrumpida
El asedio sistemático registrado este 24 de septiembre ratifica una política despiadada que busca asfixiar la resistencia cívica.
Wilber Aguilar Bravo ha asumido con firmeza la denuncia pública, enfrentándose al acoso ininterrumpido de esbirros policiacos que pretenden rendir por hambre y aislamiento a su familia.
Impedir la libre circulación de un ciudadano comprometido con la dignidad de un preso político quebranta de forma tajante los derechos fundamentales.
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El dramático caso de esta familia, acorralada entre citaciones punitivas y el cerco de la Seguridad del Estado, refleja el ensañamiento atroz contra la figura de cada preso político en Cuba, demostrando que la dictadura empleará el terror ilimitado para perpetuarse en el poder.
Mientras esto ocurre, los verdaderos malhechores caminan a sus anchas por las calles de todo el país, cometiendo todo tipo de crimen frente a las narices de un régimen que se empeña solo en perseguir a los inocentes.