La CIDH otorgó medidas cautelares a Panter Rodríguez Baró, recluido en Boniato, ante el riesgo para su vida y salud. Solicitó atención médica inmediata y protección. La resolución recoge denuncias de agresiones y restricciones familiares, y señala que el Estado cubano no respondió.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al régimen cubano proteger a Panter Rodríguez Baró, preso en Boniato, Santiago de Cuba, ante el riesgo para su vida, integridad y salud. El organismo anunció las medidas cautelares el 24 de septiembre de 2026. Comunicado de la CIDH.
La decisión quedó recogida en la Resolución 74/2026, aprobada el 21 de septiembre. El documento señala que la Comisión había solicitado información al Estado cubano el 24 de agosto, pero los plazos vencieron sin respuesta. Esa ausencia impidió conocer qué acciones habrían adoptado las autoridades para atender los riesgos denunciados.
Rodríguez Baró, de 50 años, permanece privado de libertad desde 2020. La solicitud examinada por la CIDH denuncia agresiones, amenazas, restricciones de comunicación y falta de atención médica. Tras evaluar esos antecedentes, el organismo consideró necesaria una intervención urgente para evitar daños irreparables.
Denuncias de agresiones y falta de atención médica
Según la parte solicitante, Rodríguez Baró padece pérdida progresiva de visión, hipertensión y una lesión en la boca asociada a una posible infección dental, sin recibir el tratamiento especializado que necesita. La resolución recoge que una hermana pidió acceso a su informe médico y no pudo consultarlo.
El expediente también reúne denuncias de golpes cometidos por funcionarios penitenciarios y otros reclusos, así como de la eliminación forzada de un tatuaje en el antebrazo. La parte solicitante sostiene que las agresiones de otros internos ocurrían con tolerancia de las autoridades de la prisión.
Entre los episodios recientes, la resolución menciona una llamada del 17 de agosto de 2026 en la que Rodríguez Baró habría comunicado que otros presos lo habían acorralado y golpeado. Según el relato presentado ante la CIDH, las llamadas eran breves y vigiladas, lo que limitaba la posibilidad de explicar su situación.
La Comisión valoró que los riesgos podían persistir y agravarse mientras continuaran las condiciones descritas. También señaló que carecía de información estatal sobre tratamientos médicos o medidas de protección capaces de atender el deterioro denunciado.
El aislamiento familiar y las denuncias publicadas por Cubanos por el Mundo
La solicitud sitúa la prisión de Boniato a más de 850 kilómetros del domicilio familiar de Rodríguez Baró. Atribuye su traslado desde el Combinado del Este a represalias por denunciar abusos penitenciarios y sostiene que la familia no fue avisada previamente.
Tras la muerte de su madre, una tía de edad avanzada y con problemas de salud continuó las gestiones para acercarlo a La Habana, según el expediente. La distancia y las dificultades de esa familiar para viajar agravarían su aislamiento. La solicitud también denuncia obstáculos para comunicarse con sus hijos, que viven fuera de Cuba.
Cubanos por el Mundo ya había publicado las denuncias de Al2 El Aldeano sobre este caso el 17 de septiembre de 2025. En una entrevista con Alex Otaola, el rapero describió agresiones, restricciones telefónicas y dificultades para las visitas. El artículo recogió además su denuncia de que Rodríguez Baró no pudo despedirse de su madre tras su fallecimiento.
La organización Prisoners Defenders incluye a Rodríguez Baró en su registro de presos políticos. Su ficha señala que fue detenido el 6 de enero de 2020, registra una condena de 25 años y vincula su caso con el movimiento Clandestinos. La base de datos identifica Boniato como su lugar de reclusión.
¿Qué pidió la CIDH al régimen cubano?
La Comisión solicitó proteger al beneficiario y adecuar sus condiciones de detención a los estándares internacionales. Pidió que las medidas se acuerden con él y sus representantes, y que el Estado informe sobre las investigaciones de los hechos denunciados para evitar su repetición.
La resolución aclara que estas medidas cautelares no determinan responsabilidades individuales ni resuelven de forma definitiva las denuncias. Su propósito en este procedimiento es prevenir daños irreparables ante un riesgo que la CIDH consideró grave y urgente. La decisión tampoco dispone su excarcelación.
Entre las actuaciones solicitadas figura una evaluación médica integral inmediata, seguida de atención especializada y tratamiento oportuno. La CIDH pidió que los resultados de esa evaluación se comuniquen a los familiares y representantes de Rodríguez Baró.