El Parlamento Europeo determinó este jueves una postura firme frente a la crisis venezolana al exigir a los 27 Estados miembros que no se proceda con la eliminación de las sanciones vigentes contra Delcy Rodríguez y otros miembros del régimen chavista.
En la resolución aprobada, la institución legislativa subrayó la necesidad de mantener el cerco diplomático sobre figuras clave como Rodríguez, vinculando cualquier alivio en las sanciones a la existencia de avances tangibles y verificables hacia una transición democrática en el país sudamericano.
La votación resultó abrumadora y reflejó un consenso inusual entre las principales familias políticas del bloque. Con un total de 507 votos a favor, apenas 31 en contra y 35 abstenciones, el texto aprobado envía un mensaje inequívoco al Consejo Europeo: no se debe «levantar ninguna sanción impuesta a los responsables de violaciones de los derechos humanos» en territorio venezolano hasta que ocurra un cambio real en el sistema político.
Delcy Rodríguez invitada por el comunista de Pedro Sánchez
Esta decisión coloca en una posición sumamente comprometida al Ejecutivo español, que recientemente extendió una invitación a la funcionaria Delcy Rodríguez para asistir a la próxima Cumbre Iberoamericana, programada para el mes de noviembre en Madrid, a pesar de la que funcionaria chavista tiene prohibida la entrada a Europa.

El documento, que nació de una propuesta del Partido Popular y contó con el respaldo de conservadores, liberales y socialistas, analizó con severidad las herramientas legales utilizadas recientemente en Venezuela. La resolución «lamenta que la Ley de Amnistía no haya permitido liberar incondicionalmente a todos los presos políticos».
Según los datos manejados por la Eurocámara, la cifra de personas detenidas de forma injusta y bajo condiciones calificadas como inhumanas asciende al menos a 470 ciudadanos. Los eurodiputados señalaron que esta legislación careció de la profundidad necesaria para cimentar una verdadera reconciliación nacional.
La crítica parlamentaria hacia la normativa venezolana fue más allá de la simple observación. El texto enfatizó que su «derogación prematura, su alcance limitado, la falta de supervisión independiente y su aplicación discriminatoria no hayan proporcionado ninguna base para la reconciliación política». Bajo esta premisa, la Unión Europea demandó la liberación inmediata y total de quienes permanecen en cautiverio por razones ideológicas.
Asimismo, los legisladores fueron enfáticos al declarar que los marcos legales de perdón no deben utilizarse, bajo ninguna circunstancia, para otorgar impunidad a quienes cometieron abusos contra los derechos fundamentales, categoría en la que diversos informes internacionales incluyen la gestión de Delcy Rodríguez y otros altos mandos.
La presión de Bruselas no solo se limitó al mantenimiento de las sanciones, sino que incluyó una hoja de ruta de exigencias institucionales. El bloque comunitario instó a las autoridades de Caracas a que detengan de inmediato cualquier forma de represión contra la disidencia.
De igual manera, solicitó una reforma profunda en los pilares del Estado, específicamente en el sistema judicial, los cuerpos policiales y el órgano electoral. Una de las demandas más urgentes fue el cierre definitivo de todos los recintos utilizados para detenciones arbitrarias, donde se reportaron prácticas de tortura y tratos degradantes. En este esquema de vigilancia internacional, la figura de Delcy Rodríguez aparece como uno de los nombres sujetos a escrutinio constante.
Mientras el Parlamento Europeo endurecía su discurso en contra de Delcy Rodríguez y el chavismo, la diplomacia española mantuvo una línea de apertura que generó fricciones. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, defendió desde la República Dominicana el envío de invitaciones para la cita de Madrid, argumentando que estas se dirigen a todas las naciones que integran el foro iberoamericano. Esta postura choca directamente con la prohibición de entrada al espacio Schengen que pesa sobre la «presidenta encargada» venezolana.
Es pertinente recordar que la presencia de Delcy Rodríguez en suelo europeo ya causó crisis políticas previas, como ocurrió en 2020 durante su polémico encuentro en el aeropuerto de Barajas con un alto cargo ministerial español.
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