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Un preso político cubano se encuentra en extremo peligro tras ser brutalmente agredido y confinado sin comunicación alguna por la dictadura, que sigue tratando a los inocentes como los peores criminales solo por pensar diferente.
La víctima es Ángel Serrano Hernández, manifestante del 11 de julio de 2021, a quien los esbirros castristas encerraron en un cuarto de aislamiento dentro del centro correccional La Lima, en Guanabacoa.
El brutal castigo contra el opositor ocurrió después de que este levantara valientemente su voz en defensa de la libertad durante un pase de listama en la prisión.
Las protestas verbales que desataron la furia castrista
Según reportó Martí Noticias, la saña del régimen se desató cuando el activista rompió la formación militar en el penal para gritar consignas contra el castrismo, negándose además a realizar trabajos forzados en la finca La Guayaba.
Tras manifestar abiertamente su rechazo a la tiranía frente a los jefes del recinto, fue trasladado a la fuerza al puesto de mando. Lejos de amedrentarse, el prisionero continuó vociferando la verdad que aplasta al pueblo.
Como represalia inmediata a su rebeldía, los guardias del centro de internamiento arremetieron contra el preso político, propinándole una salvaje paliza que le dejó lesiones de gravedad, entre ellas un ojo profundamente inflamado.
Antecedentes y castigo arbitrario tras las protestas del 11J
Este ensañamiento no es un hecho aislado en el sistema penitenciario de la isla. Ángel Serrano Hernández arrastra un delicado cuadro de salud desde el año 2023 debido a padecimientos crónicos, los cuales son ignorados por los carceleros mediante una denegación sistemática de atención médica.
Además, el activista forma parte de las filas del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y sobre él pesa una desproporcionada condena de 14 años de cárcel impuesta bajo el arbitrario delito de sedición. Esta sentencia fue el castigo de la dictadura por su participación en las históricas protestas populares del 11 y 12 de julio en La Habana.
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El encubrimiento oficial y la insólita versión de las autoridades
Tras la agresión, la policía política puso en marcha un burdo plan de encubrimiento. La agresión física contra el preso político fue denunciada inicialmente por un recluso del correccional que logró alertar a los allegados del detenido.
Al presentarse en el recinto penal para comprobar las condiciones del opositor, las autoridades negaron de forma tajante el acceso a su sobrino, Janry Serrano. Ante la insistencia de los familiares, un agente de la Seguridad del Estado ofreció una versión telefónica cargada de mentiras para justificar las marcas del ataque en el cuerpo del prisionero.
Según la insólita justificación del oficial represor, las severas marcas del ataque fueron provocadas por el propio detenido. El agente sostuvo que el opositor comenzó a autoagredirse dándose puñetazos y dándose golpes directos contra las paredes, obligando a los guardias a maniatarlo entre varios efectivos.
Argumentaron también que, ante el sobrecupo de las celdas de castigo, tuvieron que encerrarlo en un local de aislamiento improvisado, evaluando un posible traslado posterior hacia el campamento Toledo 2.
Durante la conversación, el propio agente llegó a admitir que el opositor solo aprovechó el momento para expresar el descontento que comparte toda la población atrapada bajo el sistema imperante.
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Angustia familiar por la incomunicación total del activista
Actualmente, la incertidumbre reina entre los parientes del agredido. Los familiares siguen sin poder ver ni sostener contacto telefónico con la víctima, una incomunicación forzada que impide verificar de forma directa el estado real de sus heridas y su integridad física frente a las falacias fabricadas por el aparato de seguridad.
Las violaciones cometidas contra este preso político reflejan el patrón de crueldad que las organizaciones de derechos humanos documentan a diario en las cárceles cubanas. Golpizas impunes, aislamiento prolongado, negación deliberada de medicinas y tratos crueles constituyen la maquinaria diaria de tormento aplicada contra todos los prisioneros de conciencia en el país, como es el caso de Ángel Serrano Hernández.
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