Tras abonar la fianza impuesta por la maquinaria represiva del Estado criminal cubano, el preso político Lismani Acosta quedó en libertad condicional en La Habana, luego de permanecer arbitrariamente encarcelado desde las protestas populares del pasado 6 de julio en el reparto Habana Nueva.
En aquella ocasión, el joven de 19 años resultó violentamente detenido por manifestarse en la vía pública exigiendo el restablecimiento de los servicios de electricidad y agua potable frente a la indolencia de la dictadura castrista.
Brutalidad policial e incomunicación sistemática
Como consecuencia directa de las feroces golpizas propinadas por los esbirros al momento de su arresto en el municipio de Guanabacoa, la víctima sufrió una dolorosa fractura en el tabique nasal que no recibió atención médica inmediata.
Asimismo, Martí Noticias reportó que Lismani Acosta permaneció sin acceso a un examen médico imparcial ni posibilidad de establecer comunicación alguna con sus familiares durante 11 días continuos de incomunicación total en los calabozos de la policía, una práctica represiva deliberada que busca quebrantar la resistencia física y psicológica de los manifestantes y que expone la saña del régimen contra cualquier atisbo de descontento popular.
En el centro penitenciario de régimen cerrado conocido como Cuba-Panamá, emplazado en la provincia de Mayabeque, la situación del joven encausado se deterioró rápidamente hasta límites críticos al desarrollar severos cuadros de desnutrición acelerada y depresión severa agravados por su condición de paciente diagnosticado con VIH.
Ante el desabastecimiento crónico de insumos médicos que caracteriza a las mazmorras del sistema penitenciario comunista, la propia familia del afectado tuvo que asumir por sus propios medios la consecución y entrega de los fármacos antirretrovirales indispensables para evitar el colapso de su sistema inmunológico, salvando la vida del preso político a quien el aparato punitivo pretende incriminar bajo el arbitrario pretexto de desorden público.
Manipulación judicial
Sin contar con la presencia de un abogado de oficio ni representación legal independiente para estructurar su defensa procesal, la medida cautelar que pesaba sobre el procesado fue manipulada de manera arbitraria por los jueces de la dictadura, quienes revocaron una fianza inicial fijada en 100.000 pesos cubanos para decretar formalmente su prisión provisional.
Para completar las gestiones del trámite de excarcelación temporal, su pareja Leonides Montano debió acudir de inmediato a la estación policial correspondiente, lugar donde las autoridades le notificaron de manera tajante que el preso político estará obligado a presentarse periódicamente a firmar ante los instructores penales mientras el tribunal determina si concluye el expediente con una multa administrativa o mediante un juicio formal.
“Ya lo soltaron. Ahora tengo que ir a la estación de policía para que vaya a firmar la fianza que se le puso. La libertad que le dieron fue condicional por ahora hasta que decidan si es una multa o juicio”, dijo al medio citado.
La crueldad impune del régimen castrista
La cacería desatada contra el joven habanero reconfirma el carácter despiadado de una tiranía sin piedad que apela al amedrentamiento, la violencia física y la extorsión legal para sofocar la desesperación de un pueblo asfixiado por la miseria.
Mantener bajo constante zozobra judicial y amenaza de encarcelamiento a un preso político que padece graves complicaciones de salud refleja la crueldad de un poder dictatorial que prefiere torturar, aislar y castigar severamente a la juventud disidente antes que responder a los reclamos básicos de libertad, dignidad y supervivencia.
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Mientras esto ocurre, los verdaderos criminales azotan sin ningún tipo de compasión a los habitantes de la isla, robando, asesinando, violando, y pare de contar, todo esto ante un régimen que solo sabe perseguir a inocentes que, precisamente, claman por el fin de esta pesadilla que se aproxima a los 70 años.