En las celdas del penal de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, un voraz malestar pélvico mantiene paralizado sin atención especializada al preso político Ibrahim Domínguez Aguilar desde hace más de doce días, a causa del desprecio deliberado de la tiranía castrista.
Tras presionar directamente a las fuerzas de la policía política en sus sedes operativas, Mercedes Aguilar logró que su hijo fuera trasladado al Hospital Provincial Saturnino Lora; sin embargo, este movimiento inicial resultó inútil ante el posterior abandono institucional.
“Mi hijo lleva días con un dolor fuerte. Tuve que ir a la Seguridad del Estado a pedirle que me sacaran a mi hijo para un hospital. Lo llevaron. Le hicieron análisis y todos dieron negativo, pero sigue el dolor ahí, que no se puede sentar, no se puede acostar”, dijo la progenitora en declaraciones recogidas por Martí Noticias.
Aunque las evaluaciones sanguíneas arrojaron resultados negativos, el insoportable tormento le impide al recluso sentarse o acostarse en su litera, dejando al descubierto cómo la burocracia penitenciaria interrumpió arbitrariamente la orden médica de realizar un seguimiento urgente mediante tomografía (somatom) o gestionar su ingreso hospitalario inmediato.
“Los médicos dijeron que le hicieran un seguimiento. No le han hecho nada. He pedido que lo ingresen para ver qué tiene mi hijo. Yo estoy desesperada pero no importa la vida de los presos políticos. Hace falta que lo atiendan, que lo pasen por el somatom. Los médicos que lo vieron, los especialistas, lo atendieron muy bien, pero no saben de qué es el dolor y el dolor sigue”, añadió.
Esta paralización en los procedimientos diagnósticos refleja la política de exterminio pasivo ejercida por los verdugos del sistema carcelario, donde la vida de cualquier preso político carece de valor frente a la desidia oficial.
La desesperación familiar choca de frente contra una maquinaria estatal que utiliza el desabastecimiento de insumos, la parálisis provocada y el bloqueo a médicos especialistas como herramientas deliberadas para perpetuar el sufrimiento físico de los cautivos.
Venganza judicial y encarcelamiento de mayor rigor
Las represalias contra Ibrahim Domínguez Aguilar se remontan al estallido social del 11 de julio de 2021, cuando fue arrestado en el municipio de Contramaestre por sumarse a las manifestaciones multitudinarias contra la dictadura. Tras un juicio amañado, el tribunal castrista le impuso una draconiana condena de diez años de privación de libertad bajo las fabricadas acusaciones de Desórdenes Públicos, Desacato, Atentado y Ultraje sexual.
A pesar de haber rebasado el 50 % de su sanción penal en régimen de mayor rigor, las autoridades del régimen se niegan despiadadamente a concederle los beneficios carcelarios que le corresponden por ley. Esta arbitraria negativa no solo busca prolongar su cautiverio, sino castigar su postura ideológica sometiendo al preso político a un deterioro corporal acelerado bajo la absoluta complicidad de la dictadura.
El colapso sanitario como política de Estado
El calvario de este joven se inserta en un escenario generalizado de insalubridad, epidemias y desnutrición severa que carcome las prisiones cubanas, donde la población penal sobrevive acorralada por la indolencia gubernamental. Organizaciones de derechos humanos han documentado minuciosamente las maniobras orientadas a obstaculizar la atención asistencial a todo preso político en estado crítico.
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Según estas entidades independientes, el régimen apela de manera recurrente a la concesión tardía de licencias extrapenales a enfermos terminales, utilizando esta figura legal como una vía perversa para evadir su responsabilidad directa sobre los fallecimientos ocurridos bajo custodia estatal.
La agonía no diagnosticada de cada preso político en la isla confirma que el sistema penitenciario funciona como un engranaje de tortura sistemática diseñado para aplastar a la disidencia.