El preso político cubano Lismani Acosta, un joven de 19 años que padece VIH, permanece recluido bajo prisión provisional tras ser arrestado arbitrariamente por agentes de la dictadura el pasado 6 de julio en Guanabacoa, en medio de las protestas populares desatadas por el colapso continuado de los servicios de electricidad y agua potable.
La detención de la víctima ocurrió en el reparto Habana Nueva mientras presenciaba las manifestaciones junto a su pareja, Leonides Montano, cuando la policía arremetió de forma violenta en su contra al acusarlo infundadamente de haber incendiado escombros para bloquear el tránsito en la Vía Blanca.
Fue Montano quien, en declaraciones recientes a Martí Noticias, contó lo que ha tenido que vivir el joven a lo largo de estas últimas semanas
La acusación fue impulsada por el señalamiento directo de una vecina del sector, quien ante los uniformados señaló al joven sin presentar prueba alguna.
Tortura física y ocultamiento de evidencia en «La 14»
Aterrorizado por la ferocidad del despliegue estatal y temiendo por su integridad personal, el joven intentó descender del vehículo policial en el que pretendían trasladarlo de manera forzosa.
La reacción del aparato represivo consistió en una golpiza multitudinaria propinada por al menos seis efectivos de la dictadura, quienes le provocaron una severa fractura nasal antes de conducirlo a la unidad policial conocida como «La 14».
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Tras la brutal agresión en plena vía pública, las autoridades totalitarias mantuvieron incomunicado a este preso político durante 11 días consecutivos con la explícita finalidad de disimular la inflamación del rostro y borrar cualquier evidencia física del salvajismo policial infligido a su víctima.
Durante ese periodo de aislamiento forzado, su familia no tuvo acceso a su estado ni a información oficial sobre su salud.
Extorsión institucional y arbitrariedad procesal
El chantaje monetario emergió rápidamente como parte de la maquinaria de extorsión del régimen en la estación policial, donde fijaron una fianza inicial de 100 mil pesos cubanos antes de que un oficial sugiriera falsamente que el pago de 50 mil pesos garantizaría su excarcelación inmediata.
Apoyándose en la solidaridad de los vecinos del barrio, Montano reunió con enorme esfuerzo la cantidad exigida por el funcionario; sin embargo, al momento de hacer entrega de los recursos, la policía rechazó la cifra solicitada, exigió la totalidad de los 100 mil pesos y modificó de forma implacable la medida cautelar por prisión preventiva bajo la acusación prefabricada de desorden público.
«Yo fui, llevé los 50 mil pesos y, cuando voy allá, me dijeron que no eran 50 mil, que siguen siendo los 100 mil. Le hicieron el cambio de medida, y en el cambio de medida le pusieron prisión provisional», testificó la pareja del detenido ante el medio citado.
Abandono médico en la prisión Cuba-Panamá
Las condiciones de encierro amenazan de muerte a este preso político en el penal Cuba-Panamá, ubicado en la provincia de Mayabeque e ideado en el papel para reclusos con VIH, donde actualmente sufre desnutrición severa y un cuadro depresivo profundo.
El Estado totalitario criminal no suministra los medicamentos antirretrovirales indispensables para mantener con vida al joven, obligando a su pareja a gestionar y entregar los fármacos de manera particular durante las visitas quincenales autorizadas.
Montano denunció categóricamente la complicidad del sistema carcelario con la escasez inducida: «Los medicamentos se los tuve que llevar yo. Ahí no hay medicamentos para darle. Si me dejan entrar el medicamento es porque no tienen el medicamento allá adentro».
Esta desatención médica sistemática deteriora día a día el estado físico de Lismani Acosta, colocándolo en un riesgo letal constante dentro del penal.
Desamparo jurídico y desprotección total
La indefensión legal sofoca el entorno de este preso político, quien permanece recluido sin la asistencia de un abogado defensor ni la asignación de un número de causa activo dentro del sistema judicial.
La Fiscalía Provincial reconoció formalmente ante los allegados del joven que la numeración proporcionada por la policía no pertenece a un expediente procesal abierto, limitándose a una simple denuncia en la unidad de detención.
Con ingresos que apenas alcanzan los mil pesos diarios en una cafetería, la familia enfrenta la imposibilidad económica de sufragar una defensa privada, mientras el aparato estatal aprovecha la vulnerabilidad financiera de los ciudadanos para perpetuar el encarcelamiento sistemático de quienes se atreven a disentir.
Este caso refleja el patrón sistemático de criminalización de la protesta ciudadana en la isla, donde las carencias básicas de servicios esenciales son respondidas con violencia gubernamental y encarcelamientos arbitrarios.
La falta de respuesta de las instituciones del régimen expone el desprecio absoluto por los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos encarcelados. La situación de Lismani Acosta se suma a la de cientos de jóvenes que continúan tras las rejas por expresar su descontento social ante el colapso económico y la represión permanente del régimen.
