La influencer cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida popularmente en las plataformas digitales como Anna Bensi, recibió una imputación formal este miércoles, acusada falsamente de delitos contra la intimidad personal y familiar, tras ser víctima de una maniobra judicial orquestada por la tiranía en La Habana.
RELACIONADO: Esbirros castristas citan a la joven influencer cubana Anna Bensi (+VIDEO)
La información fue reportada inicialmente por CubaNet mediante una comunicación telefónica con Elmis Rivero Silvente, quien es hermana de la joven perseguida por los sicarios del régimen, y confirmó la aplicación de una medida cautelar de reclusión domiciliaria contra la creadora de contenidos digitales.
Testimonio de la influencer cubana
Posteriormente, la misma Anna Bensi publicó un vídeo en su perfil explicando la lamentable situación, otra más que se inscribe en el amplio historial de represión desatada por el castrismo.
“Hoy me imputaron de cargo y me tomaron declaración. Estoy bajo reclusión domiciliaria, no puedo salir del país, no puedo hacer viajes interprovinciales sin avisarles a ellos”, comentó.
Los hechos se precipitaron cuando la joven acudió a las 2:00 de la tarde a la unidad policial número 27 ubicada en la localidad de Alamar, cumpliendo con una citación oficial que inicialmente pretendía obtener declaraciones sobre el expediente abierto contra su madre.
No obstante, la influencer cubana denunció previamente a través de un material audiovisual que dicho requerimiento era una artimaña de la policía política para procesarla directamente, asegurando que el verdadero motivo de su detención era totalmente previsible debido a su postura crítica.
Persecución del régimen
A partir de esta situación, el proceso subraya una persecución sistemática contra la familia, ya que el pasado 11 de marzo los esbirros de la Seguridad del Estado interrogaron a Caridad Silvente durante una comparecencia marcada por la violencia psicológica y las amenazas de cárcel.
En dicho interrogatorio participó la oficial Kenia María Morales Larrea, quien es identificada por las organizaciones de Derechos Humanos como una activa represora dedicada a acosar a figuras del arte, el periodismo independiente y el activismo político.
Durante esa sesión de tortura verbal, los agentes de la dictadura cuestionaron la integridad moral de la mujer y la acusaron de ser una mala madre por no impedir que la influencer cubana utilizara su libertad de expresión para denunciar la miseria imperante en la isla.
Asimismo, los funcionarios de la tiranía intentaron vincular las actividades de la muchacha con intereses extranjeros y agendas políticas de Estados Unidos. En pocas palabras, las mismas excusas que han utilizado siempre para reprimir.
“Me dijeron hasta mala madre, que no le brindaba seguridad a mi hija al exponerla; que mi hija era contrarrevolucionaria, que estaba conspirando y recibiendo órdenes de Estados Unidos, que apoyaba a Donald Trump… Una cantidad de cosas horribles”, dijo Silvente.
En relación con el origen de la acusación, el régimen utiliza como pretexto la filmación de un operativo donde el suboficial del Ministerio del Interior, Yoel Leodan Rabaza Ramos, entregaba una citación mientras vestía ropa civil junto a otro individuo.
La divulgación de este video en las redes de la influencer cubana provocó que el mencionado agente alegara sentirse amenazado por la exposición de su identidad, lo cual sirvió de base para que la fiscalía castrista iniciara el hostigamiento penal contra ambas mujeres.
“Todo fue para intimidarme, para que influya en Sofi y que ella se calle, que deje de hacer denuncias en contra del régimen en redes sociales. Yo apenas respondía, traté de hablar lo necesario”, acotó la madre de la joven.
Por consiguiente, la influencer cubana permanece ahora bajo estricta vigilancia en su hogar mientras el aparato judicial de la dictadura avanza en un caso que busca silenciar las voces que exponen la incompetencia y la represión en Cuba.
Este nuevo atropello contra la influencer cubana evidencia el pánico de la cúpula castrista ante el alcance de las plataformas digitales, utilizando el encierro doméstico y las amenazas de penas de prisión para castigar el ejercicio de la denuncia ciudadana.