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Un grupo conformado por ocho presos políticos será víctima del aparato de represión del régimen castrista, cuando el tribunal se traslade insólitamente al interior de una cárcel en Las Tunas para ejecutar una farsa judicial.
Así lo informó en redes sociales la organización Cubalex, indicando que esta maniobra busca silenciar a quienes se atrevieron a desafiar la dictadura y, en particular, a los presos políticos vinculados al movimiento «Cuba Primero».
El poder judicial, subordinado al Partido Comunista, utiliza la supuesta «falta de combustible» como un pretexto burdo y carente de base legal para ocultar lo que ocurre tras los muros de la prisión.
Al mover la sede del juicio a un recinto penitenciario, los esbirros del sistema impiden que la sociedad civil observe las irregularidades de un proceso que viola sistemáticamente los derechos humanos de estos presos políticos.
“Los familiares fueron notificados con apenas 48 horas de antelación, dificultando su asistencia en medio de la crisis de transporte. Esta estrategia de las autoridades busca limitar el acceso a información sobre el proceso y eliminar la publicidad del debate, agravando las violaciones al debido proceso”.
La fiscal Iany Fernández Jomarrón exige penas de entre 6 y 9 años de cárcel bajo la acusación de «propaganda contra el orden constitucional». Esta arremetida contra los presos políticos se sustenta únicamente en supuestos vínculos con redes sociales, evidenciando el miedo de la tiranía ante cualquier atisbo de libertad de expresión.
La tragedia humanitaria detrás de la farsa
El ensañamiento contra estos ciudadanos es absoluto. Los acusados enfrentan condiciones infrahumanas mientras esperan este nuevo acto aberrante de la dictadura.
Entre las víctimas aparecen Javier Reyes Peña y Pedro Carlos Camacho Ochoa, quienes sufrieron un aislamiento arbitrario de 3 meses como «medida de seguridad» tras ser enviados a celdas de castigo sin causa alguna.
Asimismo, Guillermo Carralero López arrastra una broncopatía crónica y viene de protagonizar una huelga de hambre.
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Carlos Alberto McDonald Ennis enfrenta un diagnóstico de cáncer maxilofacial, diabetes e hipertensión, mientras el régimen le niega atención médica y fármacos básicos.
Completan la lista de estos presos políticos Adisbel Mendoza Barroso, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Enrique González Infante y Maikel Hill Ramírez, todos recluidos en el centro El Típico desde inicios de 2024.
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Un proceso judicial ilegal y a puertas cerradas
La decisión de juzgar a estos ciudadanos dentro de un centro penitenciario constituye una violación flagrante de la ley cubana. Cubalex añade que tanto la Ley del Proceso Penal como la Ley de los Tribunales de Justicia establecen que los actos judiciales deben ser públicos.
El régimen, en su desprecio absoluto por las formas democráticas, ignora que la escasez de combustible no justifica la privación de la publicidad de un juicio.
En ese sentido, la organización mencionó que el Artículo 477.1 de la Ley del Proceso Penal es tajante al definir que solo la seguridad nacional, la moralidad o el orden público permitirían excepciones, supuestos que no aplican en este caso.
La dictadura prefirió el aislamiento total antes que emplear tecnologías como la videoconferencia, confirmando que su única prioridad es la opacidad y el castigo ejemplarizante contra los presos políticos que todavía resisten sus garras.
Presos políticos como si fueran criminales
Para nadie es un secreto que, en la isla comunista, los presos políticos cubanos son tratados como si fueran los peores criminales del mundo, únicamente por exigir (ya sea en las calles o en el ciberespacio) la libertad de un país que fue secuestrado hace casi 70 años por el castrismo.
Mientras esto sucede, miles de delincuentes circulan con total libertad por cada rincón de la mayor de las Antillas, cometiendo crímenes reales como asesinatos a sangre fría, robos, violaciones, golpizas y pare de contar.
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