Un vuelo humanitario privado que despegó desde Miami con seis rescatistas y una enfermera a bordo fue cancelado en el aire y forzado a desviarse hacia República Dominicana, luego de que el régimen de Venezuela negara la entrada a la aeronave en el último momento, pese a contar con una autorización oficial.

El jet privado, puesto a disposición por el empresario cubanoamericano Yoel Sardiñas, partió desde el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka, en el sur de Florida. A bordo viajaban profesionales con más de dos décadas de experiencia en operaciones de rescate, además de equipos especializados para detectar vida bajo los escombros. El periodista de Univision, Javier Díaz, reportó el incidente a través de sus redes sociales.

Lo que hace el caso especialmente grave es que el vuelo contaba con un permiso oficial de la cancillería venezolana. Aun así, el régimen habría revocado la autorización cuando la aeronave ya estaba en el aire.

«Última hora: el vuelo que despegó de Miami esta tarde con seis rescatistas y una enfermera camino a Venezuela, a pesar de tener un permiso de la cancillería, fue cancelado en el aire y la aeronave tuvo que desviarse a República Dominicana», escribió Díaz.

El periodista apuntó a una razón política detrás de la decisión. «Al parecer se trató de comentarios políticos que se hicieron en las redes sociales y el gobierno de Venezuela negó la entrada a último momento, a pesar de la seria crisis que vive el país, poniendo más en riesgo las vidas de las personas que están atrapadas bajo los escombros».

En declaraciones a Díaz, el empresario Sardiñas calificó de compleja la situación para acceder a los permisos necesarios para entrar a Venezuela.

Un patrón de bloqueo a la ayuda civil

Por otra parte, la organización W Aviation, también con sede en el sur de Florida, denunció que las autoridades venezolanas no autorizaron el aterrizaje de al menos tres aviones cargados con medicamentos, alimentos no perecederos, productos de higiene y herramientas.

El equipo español de rescate Usar13 tampoco pudo viajar a Venezuela por obstáculos burocráticos impuestos por el régimen, debiendo regresar a España el 28 de junio.

La dictadura venezolana impuso un sistema de acreditaciones obligatorias para ingresar al estado de La Guaira, el más devastado por los sismos, argumentando razones logísticas y de seguridad, pero que en la práctica cerró la puerta a los equipos civiles independientes.

El bloqueo ocurre en el peor momento posible, pues los terremotos del pasado 24 de junio, con magnitudes de 7.2 y 7.5, son los más potentes registrados en Venezuela desde 1900.

El balance oficial, actualizado al 29 de junio, asciende a 1.719 muertos, 5.034 heridos y unas 12.000 personas desplazadas. La ONU estima que unas 50.000 personas están desaparecidas, mientras la plataforma ciudadana Encuéntralos maneja cifras de entre 55.000 y 60.000 personas sin localizar.

El PNUD calculó los daños directos en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del producto interno bruto venezolano. Unas 2.500 estructuras resultaron afectadas, muchas de ellas colapsadas completamente. La respuesta de la ONU coordina la movilización de 27 países y más de 40 equipos de búsqueda y rescate, con más de 2.000 rescatistas sobre el terreno.

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