El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha visto obligado a desvelar la existencia de una activa red de espionaje cubano en España para evitar que uno de sus «colaboradores» consiguiera la nacionalidad española. El CNI ha tenido que facilitar todo tipo de datos sobre esta trama que existe desde hace más de una década y que extiende sus tentáculos entre Valencia y Barcelona ante la Audiencia Nacional a fin de conseguir que los jueces vetaran la naturalización de este empresario cubano y que éste no pudiera alegar indefensión, tal y como venía haciendo. La red, de acuerdo con los documentos del CNI, llegó a recopilar información «tanto personal como profesional» de políticos españoles.
El documento que -por primera vez y de forma oficial- constata la existencia de un entramado de espionaje castrista en España es una sentencia de la Audiencia Nacional de abril y acaba de ser notificada a los servicios jurídicos del Estado. La Abogacía representó al Ministerio de Justicia y al CNI en este proceso en su empeño por negar la ciudadanía a este empresario asentado en Valencia por considerarlo un «riesgo para la seguridad del Estado».
En esa resolución, cuyo ponente es el magistrado Francisco Díaz Fraile, la Audiencia Nacional da la razón a la Administración y confirma la negativa a nacionalizar al empresario cubano de 39 años. Para justificar su decisión, la sala hace público buena parte de un informe del CNI que afirma que el cubano, que regenta una conocida empresa de viajes en la capital del Turia, es una «estrecho colaborador» del espionaje castrista.
Con información del Diario de León.