La líder opositora cubana Rosa María Payá reaccionó este lunes con dureza a la reunión que sostuvo el canciller castrista Bruno Rodríguez Parrilla con Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco del 81.º período de sesiones de la ONU.
El encuentro fue anunciado por la cuenta oficial del Ministerio del Interior de Cuba, que publicó una fotografía del apretón de manos entre ambos funcionarios y destacó que se produjo en Nueva York.
En ese sentido, la respuesta de Rosa María Payá no se hizo esperar, exhortando al diplomático de la ONU a «lavarse las manos» tras acusar al canciller castrista de tener las manos manchadas por los crímenes de lesa humanidad ejecutados en la isla.
«Estimado @volker_turk, lávese las manos, porque las de @BrunoRguezP están manchadas con los crímenes de lesa humanidad de sus jefes. No sorprende que la noticia venga de la oficina de los torturadores”, escribió la activista en su cuenta de X.
En el mismo mensaje, Rosa María Payá señaló que el MININT es la entidad encargada de “torturar a prisioneros políticos, asesinar a opositores, como hicieron con mi padre, Oswaldo Payá, encarcelar a menores de edad por pedir libertad y perseguir a todo el que piense distinto en Cuba”.
La denuncia de la fundadora de Cuba Decide y Pasos de Cambio se produce en un momento en el que el régimen cubano insiste en presentar una imagen de cooperación con los mecanismos de derechos humanos de la ONU.
Por su parte, el descarado de Rodríguez Parrilla agradeció públicamente a Türk la oportunidad de intercambiar sobre la realidad de la isla y el impacto de las sanciones estadounidenses, al tiempo que reafirmó el “compromiso” de La Habana con la promoción de todos los derechos humanos.
Sin embargo, organizaciones independientes documentan una realidad distinta. Informes recientes de Prisoners Defenders y del Observatorio Cubano de Derechos Humanos registran más de un millar de presos políticos y cientos de acciones represivas en lo que va de 2026, incluyendo denuncias de malos tratos en centros penitenciarios bajo control del Ministerio del Interior.
Rosa María Payá víctima directa de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo
El caso de Oswaldo Payá, asesinado en 2012 por la dictadura castrista en un hecho que la familia y varios gobiernos occidentales han calificado como un asesinato de Estado, sigue siendo uno de los puntos más sensibles de la memoria opositora.
Rosa María Payá ha insistido durante años en que las autoridades cubanas nunca investigaron de manera independiente las circunstancias de la muerte de su padre, líder del Movimiento Cristiano Liberación.
Entretanto, la publicación del MININT generó un debate inmediato en redes. Mientras cuentas afines al castrismo celebraban el encuentro como un reconocimiento internacional, activistas y usuarios del exilio compartieron el mensaje de Rosa María Payá y recordaron denuncias previas de torturas, detenciones arbitrarias y hostigamiento a disidentes.
Volker Türk, por su parte, ha emitido en los últimos meses comunicados en los que critica las sanciones de Estados Unidos por su impacto humanitario en la población cubana y, al mismo tiempo, ha pedido al régimen de la isla la liberación de personas detenidas de manera arbitraria.
Hasta el momento, no se conoce una declaración pública del Alto Comisionado sobre la reunión específica con Rodríguez ni sobre las acusaciones formuladas por Rosa María Payá.
El episodio pone de relieve la polarización que genera cualquier acercamiento diplomático entre La Habana y los organismos de derechos humanos de la ONU. Para la oposición, estas reuniones legitiman a un sistema que considera responsable de violaciones sistemáticas.
Rosa María Payá, una de las voces más visibles de la disidencia cubana en el exterior, ha mantenido en los últimos meses una intensa agenda internacional que incluye encuentros con funcionarios estadounidenses y presentaciones de propuestas para una eventual transición democrática. Su mensaje del lunes vuelve a colocar en el centro del debate la responsabilidad del aparato de seguridad del Estado cubano y la memoria de las víctimas de la represión política.
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