La activista cubana Rosa María Payá respaldó este viernes la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de buscar despojar la ciudadanía de Víctor Manuel Rocha, el exdiplomático estadounidense condenado por actuar como espía del régimen cubano durante más de 40 años.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Payá calificó la medida contra Rocha como “un paso necesario hacia la justicia y la rendición de cuentas”. La hija del fallecido líder opositor Oswaldo Payá recordó que Rocha “traicionó a Estados Unidos mientras servía a la dictadura castrista desde los más altos niveles del Gobierno”.
Además, Rosa María Payá vinculó directamente al exembajador con la causa civil que su familia mantiene en Miami por su presunta complicidad en el asesinato de su padre en 2012.
“Un paso necesario hacia la justicia y la rendición de cuentas. Durante décadas, Rocha traicionó a Estados Unidos mientras servía a la dictadura de Castro desde los niveles más altos del gobierno. El caso civil de mi familia busca rendición de cuentas por su papel en ayudar y encubrir el terrorismo vinculado al asesinato de mi padre, Oswaldo Payá. La impunidad no puede prevalecer”, precisó la opositora cubana Rosa María Payá en su post.
Rocha, quien llegó a ser embajador de EE.UU. en Bolivia y ocupó cargos sensibles en el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, admitió haber actuado como agente ilegal de Cuba desde 1981. Su caso representa una de las infiltraciones más graves en la historia de la diplomacia estadounidense.
El régimen de La Habana lo utilizó para obtener información clasificada y promover sus intereses mientras el exfuncionario juraba lealtad a la Constitución norteamericana.
Para Rosa María Payá, esta acción no es solo un asunto de seguridad nacional de EE.UU., sino un acto de justicia pendiente para las víctimas de la represión castrista. Su padre, Oswaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación y promotor del Proyecto Varela, iniciativa que reunió decenas de miles de firmas para exigir reformas democráticas en Cuba, fue asesinado junto a Harold Cepero en circunstancias nunca aclaradas por el régimen.
La familia Payá sostiene que Rocha, activo durante ese período, contribuyó a encubrir o facilitar la operación que acabó con la vida del disidente.
La activista, fundadora de la plataforma Cuba Decide y una de las voces más consistentes en la denuncia internacional contra el totalitarismo cubano, ha dedicado años a exigir responsabilidad a los cómplices del régimen dentro y fuera de la isla.
En declaraciones previas, Rosa María Payá ha calificado al castrismo como un sistema basado en la represión sistemática, la corrupción y el control absoluto de la vida de los cubanos, donde no existe espacio para la disidencia pacífica ni para el Estado de derecho.
Rosa María Payá respalda sanciones contra GAESA
Apenas un día antes, la administración Trump anunció nuevas sanciones contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el holding controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias que domina al menos el 40% de la economía cubana. Este conglomerado maneja turismo, comercio exterior, remesas y sectores estratégicos, canalizando miles de millones de dólares no hacia el bienestar del pueblo cubano, sino hacia las cuentas offshore de la élite militar y política que sostiene la dictadura.
En ese sentido, Rosa María Payá expresó su pleno respaldo a estas medidas, que buscan asfixiar el financiamiento de la maquinaria represiva. GAESA no solo es el motor económico del régimen, sino el instrumento que permite a los Castro y sus sucesores mantener un aparato de vigilancia, cárceles políticas y represión selectiva contra opositores, periodistas independientes y ciudadanos que reclaman libertad.
Su postura refleja una línea constante: la dictadura cubana no es un simple gobierno fallido, sino un régimen narcoterrorista y totalitario que ha convertido a Cuba en una prisión a cielo abierto y exporta su modelo de control a otros países de la región.
La ofensiva de la actual administración estadounidense marca un giro frente a políticas anteriores de acercamiento que, según críticos como Rosa María Payá, solo sirvieron para oxigenar financieramente al castrismo sin producir ninguna apertura democrática.
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