El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una nueva ronda de sanciones al régimen de Cuba, dirigidas contra altos funcionarios castristas, mandos militares y estructuras de inteligencia señaladas por su participación en la represión dentro de la isla y en actividades consideradas amenazas para la seguridad nacional estadounidense. La medida representó un nuevo golpe financiero y político contra la cúpula del régimen comunista encabezado por Miguel Díaz-Canel.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incorporó a nueve altos cargos del castrismo y a la Dirección de Inteligencia de Cuba (G-2) en la denominada “Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas” (SDN).
Las nuevas sanciones al régimen de Cuba quedaron amparadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada recientemente por la administración estadounidense para ampliar los mecanismos de castigo contra actores vinculados con violaciones de derechos humanos y corrupción en la nación caribeña.
Washington golpeó al aparato represivo castrista con nuevas sanciones al régimen de Cuba
Entre los funcionarios castigados por Washington aparecieron figuras de alto perfil dentro del aparato estatal cubano. La lista incluyó a la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde; el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández; y el secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda.
Las medidas también alcanzaron a importantes figuras militares vinculadas al aparato represivo de la dictadura cubana. Entre los sancionados figuraron José Miguel Gómez del Vallín, quien dirige la Contrainteligencia Militar desde 2021; Joaquín Quintas Solá; Eugenio Armando Rabilero Aguilera; y Raúl Villar Kessell.
Sanciones contra el G2 cubano
Además de las personas sancionadas, Estados Unidos apuntó directamente contra uno de los órganos más sensibles del castrismo: la inteligencia cubana. La OFAC agregó oficialmente a la Dirección de Inteligencia de Cuba, también conocida como “Dirección General de Inteligencia”, “DGI” o “G2”, dentro de la lista SDN.
Durante décadas, el G2 fue señalado por opositores, activistas y organizaciones internacionales de derechos humanos como una de las principales estructuras encargadas de la vigilancia política, el espionaje y la persecución contra disidentes dentro y fuera de la isla.
Las nuevas sanciones al régimen de Cuba implicaron el congelamiento de bienes e intereses financieros que los sancionados posean en territorio estadounidense o bajo jurisdicción de personas y entidades de Estados Unidos.
Asimismo, quedaron prohibidas en términos generales las transacciones económicas o comerciales entre ciudadanos estadounidenses y los individuos o instituciones incluidas en la lista.
La OFAC también actualizó expedientes previos relacionados con organismos represivos del castrismo. La agencia añadió referencias a la Orden Ejecutiva 14404 en las fichas ya existentes de Óscar Alejandro Callejas Valcárcel, director de la Policía Nacional Revolucionaria; Eddy Manuel Sierra Arias; el Ministerio del Interior de Cuba; y la propia Policía Nacional Revolucionaria. Estas entidades y funcionarios ya estaban sancionados anteriormente bajo el programa Global Magnitsky por violaciones a los derechos humanos.
Previas sanciones al régimen de Cuba
Las sanciones al régimen de Cuba fueron emitidas apenas once días después de otra actualización realizada por la OFAC. En esa ocasión, Washington agregó a Ania Guillermina Lastres Morera a la lista SDN y actualizó registros vinculados con el conglomerado militar GAESA y la empresa Moa Nickel S.A., entidades señaladas reiteradamente por operar bajo el control de la cúpula militar castrista.
La Orden Ejecutiva 14404 creó un mecanismo sancionatorio independiente de las tradicionales Regulaciones para el Control de Activos Cubanos. Según explicó la OFAC, el nuevo marco legal autorizó acciones contra personas extranjeras vinculadas con sectores estratégicos de la economía cubana, con el aparato estatal del régimen o con individuos previamente bloqueados bajo esa normativa.
De igual manera, el documento permitió imponer castigos contra responsables de abusos graves de derechos humanos y actos de corrupción relacionados con Cuba.
Con estas nuevas sanciones al régimen de Cuba, la administración estadounidense incrementó la presión sobre figuras consideradas claves dentro del engranaje político, militar y represivo del castrismo.
La decisión ocurrió en medio de una profunda crisis económica y social en la Isla, marcada por apagones, escasez de alimentos, migración masiva y crecientes denuncias de represión contra opositores y periodistas independientes.
Las recientes sanciones al régimen de Cuba también reforzaron la estrategia de Washington de atacar económicamente a los responsables de la represión política en la isla, limitando sus operaciones financieras y restringiendo cualquier acceso al sistema económico estadounidense.
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