La presa política Saylí Navarro sufre un cruel proceso de exterminio en la prisión de mujeres La Bellotex, en Matanzas, donde la tiranía castrista la mantiene brutalmente debilitada por padecimientos estomacales severos sin otorgarle la menor atención médica.
Según denunció la organización Cubalex, la destacada activista opositora no logra asimilar los escasos alimentos que ingiere debido a intensos dolores digestivos que la atormentan diariamente, mientras los esbirros del régimen rehúsan brindarle un diagnóstico certero para identificar su malestar.
Esta omisión deliberada de asistencia en el presidio constituye una prueba irrebatible del plan del Estado tiránico para quebrantar la salud de quienes defienden la libertad. La vida de la opositora corre un peligro inminente en manos de un sistema penitenciario despiadado.
Abandono médico dentro de La Bellotex
El cuadro crítico que padece la prisionera política evidencia la miseria del sistema presidiario comunista, el cual despojó a La Bellotex de personal médico capacitado desde mayo.
En lugar de contar con un médico que evalúe síntomas severos y prescriba exámenes oportunos, la prisión dejó la salud de Saylí Navarro bajo la improvisación de una enfermera que asume diagnósticos sin los conocimientos requeridos.
Esta falta de auxilio expone a la joven a un deterioro irreparable, impidiéndole recibir tratamiento adecuado para sus problemas de digestión y elevando el peligro de un desenlace trágico. La tiranía utiliza la falta de médicos como una vil herramienta para liquidar paulatinamente la integridad física de los cautivos.
Un historial de privaciones y maltratos
Este abandono no es nuevo, sino la continuidad de un sanguinario historial de privaciones. En febrero, cuando padecía presión arterial alta y estreñimiento constante, la directora del penal, la teniente coronel Martha Cristina Hernández Bacallao, prohibió de forma cruel la dieta de frutas y vegetales recomendada por los doctores, rechazando el auxilio familiar que pretendía suministrarle alimentos.
Asimismo, los carceleros ocultaron durante meses los resultados de las pruebas médicas realizadas en marzo de ese mismo año. La integrante de las Damas de Blanco y promotora de Cuba Decide cumple una injusta condena de ocho años por marchar en las protestas del 11J de 2021.
La saña del régimen se encarniza contra Saylí Navarro para castigar su valiente ejemplo de rebeldía.
Separación familiar como castigo psicológico
Al desamparo de salud se añade el tormento psicológico mediante la separación familiar. Durante más de cinco meses, la dictadura impidió que Saylí Navarro viera a su padre, el prisionero político Félix Navarro Rodríguez, recluido en la infame cárcel de Agüica, en Colón.
Pese a encontrarse secuestrados en recintos de la misma provincia de Matanzas y que las visitas familiares constituyen una garantía elemental para los prisioneros, los tiranos negaron los traslados arbitrariamente para causar el mayor dolor emocional.
Aunque la semana pasada se autorizó un reencuentro tras meses de aislamiento forzado, esta maniobra demuestra el desprecio castrista hacia los derechos humanos, utilizando el alejamiento y el sufrimiento afectivo como mecanismos despiadados para intentar doblegar a la familia disidente dentro de sus mazmorras.
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Cubalex exige atención médica inmediata
Ante esta acumulación de atrocidades, Cubalex denunció el permanente atropello y responsabiliza directamente al régimen castrista por cualquier agravamiento que ponga en riesgo la integridad física de la prisionera.
De igual forma, exige una evaluación médica integral inmediata realizada por especialistas y demanda el traslado urgente a un hospital civil fuera del penal si La Bellotex carece de las condiciones para asistirla adecuadamente.
“Cubalex responsabiliza a las autoridades penitenciarias por cualquier agravamiento de la condición médica de Saylí Navarro que pueda derivarse de la falta de diagnóstico, tratamiento adecuado o atención especializada. Exigimos que se respete su derecho a la salud y que se adopten de inmediato todas las medidas necesarias para proteger su integridad física y su vida”, concluye el comunicado.
