Buscan que EE.UU. inicie una segunda investigación federal contra Raúl Castro por el asalto a la embajada de Ecuador en Cuba en 1981

Una nueva acción judicial impulsada en Estados Unidos volvió a colocar a Raúl Castro en el centro de una denuncia por los crímenes cometidos durante la dictadura cubana.

En ese sentido, el abogado cubano Domingo Delgado presentó una solicitud ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida para que se abra una segunda investigación relacionada con el asalto perpetrado contra la embajada de Ecuador en La Habana, un operativo que terminó con la muerte de un adolescente, varios heridos y la captura de refugiados políticos que intentaban escapar del régimen castrista.

La petición contra Raúl Castro busca que las autoridades estadounidenses examinen las posibles responsabilidades penales de altos dirigentes de la dictadura cubana por los hechos ocurridos el 21 de febrero de 1981, cuando fuerzas especiales irrumpieron violentamente en la sede diplomática ecuatoriana para detener a un grupo de cubanos que había solicitado protección internacional.

Delgado entregó la solicitud el pasado 6 de junio al fiscal del Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, con el propósito de que el caso fuera revisado bajo la legislación estadounidense aplicable a violaciones graves de derechos humanos y otros delitos internacionales.

Según explicó el jurista, la petición no solo involucró a Raúl Castro, sino también a otros altos funcionarios de la estructura represiva del régimen.

“Hemos pedido la revisión en la Corte Federal contra Raúl Castro, contra Ramiro Valdés y Patricio de la Guardia”, indicó en una entrevista con NTN24.

Denuncian una cadena de responsabilidades dentro de la dictadura cubana

De acuerdo con la documentación presentada, la investigación solicitó determinar si Raúl Castro Ruz, quien ocupaba un papel clave dentro de la cúpula militar del régimen castrista, junto con el entonces ministro del Interior, Ramiro Valdés Menéndez, ordenó al general Patricio de la Guardia ejecutar el operativo contra la embajada ecuatoriana.

Los denunciantes sostuvieron que aquella intervención violó normas internacionales que protegen la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y los derechos fundamentales de quienes buscan asilo político.

Para el abogado Delgado, los hechos registrados hace más de cuatro décadas no prescribieron desde el punto de vista de la responsabilidad internacional.

“Asesinaron a un niño, tortura, violación de derechos humanos. Hay de todo, de todo, y hay ley penal, hay ley, hay ley americana en los Estados Unidos que sanciona eso, con precedentes”, agregó.

Con estas declaraciones, el jurista defendió la competencia de las autoridades estadounidenses para analizar el expediente y valorar la apertura de una investigación formal.

Raúl Castro acusado formalmente por el Departamento de Justicia de EE.UU. en ceremonia en la Torre de la Libertad de Miami por el derribo de Hermanos al Rescate
El Departamento de Justicia de EE.UU. anuncia cargos criminales contra Raúl Castro: asesinato, terrorismo, narco-terrorismo y conspiración. Foto: Cubanos por el Mundo.

El ataque terminó con un adolescente muerto

Cabe mencionar que el asalto contra la embajada de Ecuador quedó registrado como uno de los episodios más violentos protagonizados por la dictadura cubana contra ciudadanos que intentaban abandonar la Isla.

En el interior de la representación diplomática permanecían 14 cubanos que buscaban protección tras decidir escapar del régimen. Sin embargo, fuerzas especiales irrumpieron por la fuerza para capturarlos.

La operación dejó un adolescente muerto y varios heridos, además de provocar una fuerte condena internacional por la violación de la inmunidad diplomática.

Tras su captura, los refugiados enfrentaron procesos judiciales organizados por la dictadura cubana. Inicialmente recibieron condenas a muerte, aunque posteriormente esas sentencias cambiaron debido a la presión ejercida por distintos gobiernos y organizaciones internacionales.

Finalmente, las autoridades sustituyeron las penas capitales por largas condenas de prisión.

Uno de los sucesos más trágicos del operativo fue el fallecimiento de Juan Owen Delgado Temprana, un menor de 15 años que perdió la vida el 3 de marzo de 1981 en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, luego de su detención.

Los mecanismos judiciales para llevar al dictador cubano Raúl Castro ante una corte en Miami están en marcha después de que se presentara la acusación formal por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
Foto: Cubanos por el Mundo/Creada con IA

Un sobreviviente aseguró estar dispuesto a declarar

Entre los sobrevivientes figuró Rolando Félix Camejo, quien recibió una condena de 43 años de cárcel.

Después de permanecer ocho años encarcelado, recuperó la libertad bajo la condición impuesta por el régimen de abandonar Cuba.

Desde el exilio manifestó su disposición a colaborar con cualquier proceso judicial que permita esclarecer las responsabilidades por aquellos hechos.

“Y si tengo que ir a declarar, voy a declarar. Sin miedo. Sin miedo nunca he tenido. Voy a declarar en contra de ellos. Tienen que pagar todo eso”.

Su testimonio forma parte de los elementos que los promotores de la iniciativa consideran relevantes para respaldar una eventual investigación federal.

Acusación contra Raúl Castro por caso de Hermanos al Rescate

Esta nueva petición para investigar a Raúl Castro en Estados Unidos llega después de que el pasado 20 de mayo el Departamento de Justicia acusara formalmente al dictador por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG cubanos atacaron en aguas internacionales a dos aeronaves civiles, asesinando a cuatro voluntarios de la organización humanitaria.

Según la declaración formal presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, el tirano Raúl Castro está acusado de los cargos de obstrucción de la justicia; asesinato en violación del derecho internacional; terrorismo; conspiración para cometer asesinato; narcoterrorismo y uso de armas contra civiles.

De prosperar esta solicitud de investigación contra Raúl Castro, el dictador enfrentaría un nuevo proceso judicial en los Estados Unidos por los crímenes cometidos por el régimen al que representa.

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