La administración del presidente Donald Trump dejó sin efecto el mecanismo que permitía imponer aranceles adicionales a países que exportaran petróleo a Cuba, una medida que había sido presentada semanas antes como parte de una estrategia de presión económica contra el régimen castrista.
La decisión se formalizó el 20 de febrero mediante una nueva orden ejecutiva que elimina el marco arancelario aprobado el 29 de enero bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y llega después de que la Corte Suprema declarara ilegales la mayoría de los aranceles impuestos bajo la mencionada normativa.
Esa disposición facultaba a Estados Unidos a gravar productos importados desde terceros países que vendieran o suministraran crudo a la isla, con el objetivo de encarecer el respaldo energético externo del sistema cubano.
Con la suspensión, Washington ya no podrá aplicar esos aranceles específicos a naciones que comercien petróleo con La Habana. Sin embargo, la Casa Blanca no revocó la declaración de “emergencia nacional” relacionada con Cuba, que continúa vigente y mantiene abiertas otras herramientas legales de presión económica y sancionatoria contra el aparato estatal cubano.
El mecanismo arancelario había sido interpretado como una forma indirecta de castigar a aliados energéticos del régimen, en un momento en que la isla atraviesa una crisis estructural marcada por apagones prolongados, escasez de combustible y deterioro de la infraestructura eléctrica. Cuba depende casi totalmente de importaciones de petróleo para sostener su generación eléctrica, el transporte y parte de su actividad industrial.
La eliminación del arancel se produce en medio de cuestionamientos legales sobre el alcance de la IEEPA para imponer gravámenes comerciales de esa naturaleza. No obstante, la narrativa oficial de la administración Trump de que Cuba representa una amenaza “inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense permanece intacta dentro del marco jurídico vigente.
Aunque la suspensión reduce la presión directa sobre países exportadores de crudo hacia la isla, no significa un relajamiento general de la política estadounidense hacia el régimen castrista. Las sanciones financieras, restricciones comerciales y designaciones vinculadas al aparato de poder cubano continúan activas bajo distintos instrumentos legales.
En la práctica, la decisión introduce un ajuste táctico en la estrategia de presión, pero no modifica el fondo del enfrentamiento político entre Washington y el sistema comunista que gobierna Cuba desde hace más de seis décadas.
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Redacción Cubanos por el Mundo
