En Cuba, los cauces legales para procesar cualquier tipo de queja, son cuesta arriba, ante la situación y aunque parezca incongruente, ya Oswaldo Payá a través del Proyecto Varela, había realizado una propuesta donde indicaba canalizar estas denuncias desde el mismo marco legal castrista. No obstante, muchas personas calificaron el hecho como una “legitimación” de las leyes del régimen.
Sin embargo, de lo que se trataba era de implementar una estrategia para combatir la propia legislación castrista, lo que aun impera como una necesidad de desmontar el andamiaje jurídico del totalitarismo cubano. La idea fue utilizar una constitución antidemocrática para rescatar la democracia en la isla.
Muchos abogados y expertos en el área, hoy confirman que se debe establecer una diferencia entre los términos legalidad y legitimidad, razón por la cual, se puede utilizar la legalidad castrista y esto no significa necesariamente legitimarla.
Otro de los aspectos, hace referencia al “enfoque jurídico de la posición cívica“, en este documento se expresa que los métodos de lucha cívica difieren de los métodos tradicionales de lucha frontal. Es decir, no se puede hacer la lucha cívica con la psicología de la lucha armada. Pero ¿una estrategia de lucha excluye o anula la otra?
Estas y otras situaciones se ponen sobre el tapete, donde las explicaciones que ofrece el abogado Ricardo Martínez-CID, quien tiene potestad para ejercer en Cuba, España y EEUU y el prominente abogado cubano Santiago Alpizar, quien es coautor de “Enfoque jurídico de la oposición cívica”, tratarán de desmontar los andamiajes jurídicos que utiliza el régimen cubano para impedir el libre ejercicio de los derechos ciudadanos en la nación caribeña.
Redacción CPEM
