Mientras la crisis política, económica y social continúa profundizándose bajo el control del régimen castrista, organizaciones opositoras y especialistas en derecho dieron un paso orientado a preparar el escenario institucional para una futura transición democrática en Cuba, con el objetivo de evitar el vacío de poder que suele acompañar la caída de sistemas autoritarios.
La iniciativa fue anunciada este lunes en Miami durante una conferencia conjunta entre la coalición opositora Acuerdo de Liberación y la Asociación Cubano-Americana de Abogados (CABA), dos organizaciones que decidieron coordinar esfuerzos para desarrollar propuestas jurídicas, administrativas e institucionales que puedan servir de base a una nueva etapa política en la Isla.
Los promotores del proyecto sostuvieron que la preparación del futuro no puede esperar a que ocurra un cambio político. Por el contrario, defendieron la necesidad de contar con estructuras legales previamente diseñadas para garantizar estabilidad, orden institucional y respeto a los derechos fundamentales desde el primer momento.
La coordinadora del Acuerdo de Liberación, Rosa María Payá, explicó que la alianza nació para responder una de las interrogantes más relevantes que enfrentan quienes aspiran a una Cuba libre: qué sucederá inmediatamente después del fin del sistema político actual.
“Estamos construyendo los cimientos jurídicos de una Cuba democrática antes, incluso, de que cambie el régimen. Estamos preparando las normas para la transición democrática en Cuba y las bases del Estado de Derecho para que estén listas desde el primer día”, declaró.
Diseñar el futuro antes del cambio político
Según explicó Payá, el trabajo de la coalición se concentró en la elaboración de una hoja de ruta que contempla diferentes etapas para la transición democrática en Cuba, incluyendo la liberación del país del aparato totalitario, la estabilización institucional y la posterior reconstrucción democrática.
La dirigente opositora indicó que el proyecto busca incorporar a profesionales del derecho dentro y fuera de la Isla para desarrollar propuestas concretas que permitan reorganizar las instituciones públicas una vez que ocurra una apertura política.
Uno de los principales objetivos consiste en evitar que el colapso de la dictadura cubana deje un escenario de incertidumbre o desorden administrativo que complique la recuperación nacional.
“Cuando una dictadura colapsa deja un vacío. Nosotros estamos trabajando para que los cubanos no se encuentren con ese vacío”, afirmó Payá.
La iniciativa contempla además la formación de equipos especializados que asesoren a las distintas áreas de trabajo del Acuerdo de Liberación, desde la reforma institucional hasta la protección de los derechos humanos y la reorganización de los organismos públicos.
Entre las prioridades mencionadas por los participantes figuraron la liberación de los presos políticos, la eliminación de las estructuras represivas del Estado, la restauración de garantías constitucionales y la reconstrucción de un sistema judicial independiente.
La experiencia jurídica del exilio se suma al proyecto sobre la transición democrática en Cuba
La Asociación Cubano-Americana de Abogados aportará la experiencia acumulada durante años de análisis sobre escenarios de cambio político en la Isla.
El presidente de la organización, Jordi Martínez-Cid, recordó que diversos juristas vinculados al exilio y a sectores democráticos trabajaron durante años en propuestas destinadas a facilitar una eventual transición.
“Hace más de quince años elaboramos, junto con diversos grupos del exilio y de la disidencia, un proyecto de ley de transición que esperamos pueda implementarse en la isla”, explicó.
Martínez-Cid señaló que actualmente CABA desarrolla una campaña de incorporación de abogados, jueces retirados, académicos y estudiantes de Derecho interesados en contribuir al diseño institucional de una futura república democrática.
A juicio del jurista, la transición democrática en Cuba requerirá mucho más que voluntad política. También necesitará leyes, instituciones y mecanismos capaces de garantizar la independencia judicial y la protección efectiva de los ciudadanos.
“El Estado de Derecho no surge espontáneamente. Hay que construirlo. Cuando llegue el momento del cambio, el pueblo cubano debe contar con herramientas jurídicas sólidas para reconstruir el país”, afirmó.
José Daniel Ferrer destacó la importancia de las instituciones
Durante el encuentro también intervino el líder opositor José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien consideró que la creación de un marco jurídico sólido representa un paso indispensable para el futuro del país.
Ferrer, que pasó años encarcelado por motivos políticos antes de salir al exilio, calificó la alianza como una iniciativa de gran relevancia para quienes aspiran a una transformación democrática.
“Sin un marco jurídico fuerte es imposible reconstruir a Cuba. Es imposible vivir en libertad si no existe independencia de poderes y respeto al Estado de Derecho”, señaló.
El opositor explicó que durante recientes encuentros con comunidades cubanas en Europa observó un respaldo creciente a proyectos relacionados con la transición democrática en Cuba, especialmente entre sectores preocupados por el deterioro institucional provocado por décadas de control político absoluto.
Prepararse para el día después
Los organizadores describieron esta alianza jurídica como uno de los esfuerzos más amplios realizados hasta ahora para preparar la arquitectura legal de una futura república.
La estrategia persigue que la transición democrática en Cuba cuente desde el primer momento con propuestas concretas en materia de justicia, gobernabilidad y recuperación institucional, evitando improvisaciones que puedan comprometer la estabilidad del proceso.
Para los impulsores del proyecto, la reconstrucción nacional exigirá instituciones independientes, tribunales imparciales y normas claras capaces de garantizar libertades fundamentales tras décadas de control ejercido por el régimen castrista.
En ese contexto, la transición democrática en Cuba dejó de ser únicamente una aspiración política para convertirse también en un proceso de planificación jurídica y administrativa.
“Queremos estar preparados para gobernar, para liderar y para acompañar la transición en el momento en que el poder se fracture en Cuba”, precisó Payá.
Con esta nueva alianza, sectores de la oposición y del exilio buscaron demostrar que la preparación del futuro comenzó antes de que llegara el cambio político, apostando por construir desde ahora las herramientas necesarias para una eventual transición democrática en Cuba y para la reconstrucción de un país marcado durante décadas por el autoritarismo.
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