El gobierno uruguayo, encabezado por Yamandú Orsi, analiza un cambio sustancial en el mecanismo de pago de los médicos cubanos que prestan servicios en el Hospital de Ojos José Martí. La iniciativa busca responder a las objeciones planteadas por Estados Unidos y, al mismo tiempo, preservar un programa de cooperación médica que lleva casi dos décadas en funcionamiento.
Según información difundida por el semanario Búsqueda, la administración de Orsi prepara una propuesta que involucra a la Cancillería, el Ministerio de Salud Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y el Banco de Previsión Social. El objetivo central es modificar la forma en que se canalizan los recursos: en lugar de que los pagos lleguen a la representación cubana, se estudia la posibilidad de que sean depositados directamente a los médicos. La propuesta aún se encuentra en etapa de elaboración y no ha sido presentada formalmente.
La controversia gira en torno a un interrogante básico pero de gran sensibilidad política: quién es el receptor final del dinero que Uruguay destina al programa. La Embajada de Estados Unidos en Montevideo declaró al semanario que los pagos son recibidos por la representación diplomática del régimen cubano y que no existe evidencia de que los profesionales reciban una remuneración directa.
Por su parte, la presidenta del BPS, Jimena Pardo, sostiene una posición diferente, pues afirma que Uruguay cubre estipendios y gastos operativos, mientras que el régimen cubano se hace cargo de los salarios de sus médicos. Esa discrepancia no ha sido resuelta públicamente y constituye el nudo del debate.
La presión estadounidense y el informe anual
El contexto de esta discusión está marcado por la legislación estadounidense que condiciona la asistencia internacional. De acuerdo con la explicación de la Embajada, la restricción se activa cuando un país aparece en el informe correspondiente durante dos años consecutivos. Uruguay figura por primera vez en el informe de 2026, lo que enciende una señal de alerta en el gobierno uruguayo respecto a las consecuencias que podría acarrear una segunda aparición.
El informe estadounidense sostiene que el modelo de exportación de servicios médicos cubanos constituye una forma de trabajo forzoso, argumento que La Habana rechaza sistemáticamente. Washington ha utilizado este instrumento para presionar a los países receptores de misiones médicas cubanas, con resultados variables según el grado de dependencia o afinidad política de cada nación.
En abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales emitieron un pronunciamiento sobre las misiones médicas cubanas. El documento recoge denuncias sobre retención de ingresos, coacción y posibles situaciones de trabajo forzoso. Se trata de un análisis de alcance general que no demuestra por sí solo las condiciones específicas de cada profesional en Uruguay, pero que añade un elemento de escrutinio internacional al programa.
Más allá de la disputa diplomática, los números del programa son significativos. El BPS registró 916.787 consultas y 118.029 cirugías entre 2007 y julio de 2025. Estas cifras reflejan el impacto de un servicio que combina equipos uruguayos y cubanos y que ha beneficiado principalmente a jubilados y sectores de menores ingresos, para quienes una cirugía de cataratas en el sistema privado resulta económicamente inaccesible.
Reconocer la labor médica realizada no exime de la obligación de proteger a quienes la llevan a cabo. Un estándar mínimo de transparencia exige remuneración clara y verificable, participación voluntaria y libertad efectiva para salir y regresar del país. Si el nuevo mecanismo que estudia el gobierno uruguayo logra garantizar esos principios, representará un avance concreto.
Pero ningún cambio de forma será suficiente si no se establecen mecanismos independientes de supervisión que confirmen que la voluntariedad de los profesionales no se ve condicionada por presiones de la dictadura cubana.
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