Con la cobarde intención de aplastar a la influencer cubana Anna Bensi y a su madre, Caridad Silvente, el vil esbirro de la tiranía castrista Yoel Leodán Rabaza Ramos, suboficial del Ministerio del Interior con chapa 179542, desplegó la máquina represiva de un sistema judicial corrompido.
Vale la pena recordar que este peón del régimen acudió disfrazado de civil a la vivienda de las víctimas ejecutando órdenes de la macabra Seguridad del Estado, demostrando la cobardía de una dictadura incapaz de tolerar la verdad.
Cuando estas dos mujeres decidieron encender su teléfono para documentar el acoso en su propia puerta, desataron la furia de un oficial resentido que no descansó hasta arrastrarlas ante los tribunales.
El acoso policial transformado en delito
El origen de este proceso se remonta al 10 de marzo, cuando el agente irrumpió en la residencia familiar para entregar una citación oficial a Caridad Silvente.
Ante la amenaza del mal llamado «funcionario», las ciudadanas optaron por grabar el intercambio e independizar su testimonio publicando el video en redes sociales como protección.
Lo que debió ser un acto legítimo de defensa ante la prepotencia del poder terminó transformándose en la herramienta principal utilizada por el aparato policial para fabricar una acusación penal contra ambas.
A pesar de que la propia Fiscalía archivó inicialmente las actuaciones en abril, el propio Yoel Leodán Rabaza insistió en su cacería personal mediante una querella privada.
Movido por la soberbia e impunidad que caracteriza a estos individuos, el esbirro exigió que las víctimas grabaran un indignante video de disculpas públicas y retractación para limpiar su moral dañada.
Resulta macabro que el mismo verdugo que acosa a familias en sus hogares pretenda luego posar como víctima y exigir humillación a quienes simplemente filmaron su rostro.
La farsa judicial al servicio del verdugo
Durante la infame vista oral celebrada este primero de octubre en La Habana, el régimen castrista llegó al extremo de solicitar dos años de limitación de libertad para la joven activista Anna Bensi y su progenitora.
El tribunal, actuando como apéndice sumiso del Ministerio del Interior, declaró a ambas culpables del inexistente delito imputado. Con esta decisión, el sistema judicial cubano confirmó su verdadera función: castigar con mano dura cualquier intento de visibilizar los abusos del poder totalitario.
Al abandonar la corte, Anna Bensi confirmó públicamente que las autoridades les impusieron oralmente una condena de dos años de limitación de libertad a cada una, a la espera del fallo escrito.
Este es el oficial que se presentó en casa de Anna Sofía Benítez el 10 de marzo… fue en chancleta y con esta pinta a entregar una citación.
— Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) October 2, 2026
Abajo lo esperaba otro en una moto, igual mal-vestido de civil.
Ahora dice el Tribunal que tiene un daño psicológico por el video… pic.twitter.com/GUUWJFocDQ
La joven denunció con firmeza la arbitrariedad de un proceso diseñado para amedrentar a la población y reafirmó su postura frente a la injusticia cometida.
Sus palabras reflejaron el sentir de un pueblo asfixiado por un régimen dictatorial que utiliza las leyes como garrote para aplastar la dignidad ciudadana.
“El tribunal concluyó que mi mamá y yo éramos culpables del delito y lo que dijo fue que nos sentenciaron a dos años de limitación de libertad a las dos, y realmente esto es una injusticia», manifestó en ese momento.
Indignación y firmeza frente a la tiranía
Fuera del tribunal, un grupo de valientes activistas que acompañaron a las víctimas calificó la sentencia como una atrocidad flagrante contra una muchacha de 20 años y su madre.
La indignación popular se hizo sentir ante un fallo que castiga a quienes no cometieron falta alguna, demostrando que la dictadura considera como crimen el derecho a registrarlos.
Para la comunidad, la figura de Anna Bensi representa el coraje de una nueva generación de creadores de contenido que se niegan a permanecer en silencio frente a la prepotencia estatal.
El caso expone la naturaleza perversa del régimen comunista, donde la víctima es transformada en criminal únicamente por documentar la arbitrariedad policial en su hogar.
Obligar a dos mujeres a enfrentar condenas penales por el simple hecho de filmar a un represor confirma el carácter despiadado de la tiranía en Cuba.
No obstante, la firmeza demostrada por Anna Bensi y Caridad Silvente deja al descubierto las grietas de un sistema asustado ante la fuerza de la verdad y la denuncia pública.