El Ministerio del Interior (MINIT) de Cuba vuelve a arremeter en contra de los productores independientes, al decomisar 48 toneladas de ajo que estaban almacenadas en cuatro depósitos de un mismo propietario, del municipio de Alquízar, en Artemisa.
Según el reporte de la prensa cubana, este productor ya había distribuido 75 toneladas de este producto a las provincias de Pinar del Río y Camagüey, presuntamente mediante la venta ilícita.
“Estos productos no fueron comercializados dentro de la provincia, por lo tanto, no tuvo un impacto en la población, pero si ayudó al incremento del capital de este campesino, logrando obtener cifras elevadas (…) consideradas en dos millones de pesos, con un amparo legal que lo favoreció”,
dijo el jefe policial Abel Iglesias Lemes.
El problema que estoy productos no se hayan vendidos “de manera justa al pueblo” es que los ingresos solo favorecieron a un individuo y los funcionarios no pudieron lucrarse de ello, pues el decomiso tampoco garantiza que el régimen lo distribuya en las tiendas a bajos precios.
El director de la Comercializadora de acopio de Alquízar, Idael Sarcedio Torre, declaró que ellos solo recibieron 18 toneladas de ajo de este campo productor.
En el allanamiento arbitrario a la vivienda del campesino, se hallaron documentos que justificaban la comercialización a otras provincias, firmados por las CCS Fortalecida Frank País, sin embargo, el régimen no arremetió contra las autoridades que autorizaron esto, sino contra el productor independiente.
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Por si fuera poco, también fueron sacados del campo, cuatro maquinarias, como tractores, que presuntamente no tenían documentación legal y fueron financiadas por las CCS Fortalecida Frank País.
Según el reporte televisado, todo el ajo fue entregado a los centros de acopio para ser distribuidos al pueblo, sin embargo, no es la primera vez que el pueblo escucha esta afirmación, mientras que en la realidad las colas siguen en los mercados, y la escasez de los mismos productos que decomisan continúan en cuba, por lo que surge una interrogante común entre los cubanos al ver las noticias: “¿a dónde va toda la mercancía decomisada?”.
El sector privado no tiene cuando levantar cabeza, pues la policía se encarga de “desmantelar” a supuestos centros de acaparamiento en toda Cuba, a cualquier tipo de rubro; a través de allanamientos arbitrarios dentro de las viviendas de las comunidades más vulnerables.
