La organización Cubalex alertó sobre la situación del preso político Maikel Armenteros Orama, quien encaró directamente a la tiranía en las calles de Santa Clara para exigir el fin de los miserables apagones y el colapso social impuesto por el régimen.
El pasado 14 de agosto, el ciudadano plantó cara al castrismo frente a la 5ta Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), un centro de coerción al servicio de la cúpula comunista. Su protesta pacífica expuso una vez más el pánico que siente la dictadura ante el reclamo popular en medio de una crisis devastadora que ahoga a las familias cubanas.
La maquinaria represiva reaccionó sin contemplaciones para sofocar cualquier rastro de libertad en la isla.
Detención arbitraria y secuestro en Santa Clara
El activista Librado Linares denunció a través de plataformas digitales que la captura la ejecutaron dos esbirros de la Seguridad del Estado identificados bajo los alias de “Darién” y “Manso”. Estos agentes del terror estatal interceptaron violentamente al manifestante para trasladarlo a los calabozos de la 3ra Unidad de la PNR de Santa Clara, donde permanece secuestrado bajo la sombra de la impunidad castrista.
Las garras del sistema totalitario buscan liquidar la disidencia mediante métodos de amedrentamiento que atentan contra la integridad física y psicológica de los opositores, demostrando el carácter despiadado de una estructura política tambaleante que solo sostiene su permanencia mediante el uso brutal de la fuerza.
Chantaje financiero y amenazas de encarcelamiento
Para consumar esta aberración jurídica, los fiscales del régimen pretenden acusarlo de los supuestos delitos de “desacato” y “desorden público”, tipicidades penales diseñadas exclusivamente para criminalizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Como mecanismo de extorsión económica, la tiranía le impuso una fianza impagable de 500 mil pesos, una suma astronómica que su familia no puede pagar.
Esta maniobra descarada busca garantizar su encarcelamiento definitivo mediante el chantaje financiero, mientras la dictadura advirtió a sus familiares que podrían revocar su libertad condicional o iniciar un nuevo proceso penal en su contra para pudrirlo en prisión.
La persecución sistemática tras el 11J
Esta cacería humana cobra matices aún más oscuros porque este preso político ya carga con tiempo robado por la dictadura tras cumplir parte de una injusta condena de siete años de cárcel por sumarse a las históricas manifestaciones populares de julio de 2021.
La organización Cubalex ha documentado detalladamente cómo la persecución despiadada contra cada preso político en Cuba continúa de manera implacable incluso después de su excarcelación formal, valiéndose de vigilancia estrecha, citaciones arbitrarias, nuevas detenciones e infames amenazas de devolverlos a las celdas.
En múltiples oportunidades, la tiranía concretó estos chantajes mediante la revocación del beneficio penal para aplastar cualquier intento de resistencia cívica.
Tortura médica y antecedentes de hostigamiento
El hostigamiento castrista contra esta víctima de la dictadura muestra un patrón sistemático de tortura psicológica y física que no da tregua. El pasado mes de abril, las fuerzas represivas encarcelaron al represaliado y amenazaron con suspender su estatus de libertad condicional para someterlo a un encierro.
Permaneció recluido en condiciones inhumanas, sin que su familia pudiera verlo en la unidad policial, sin información sobre su situación legal y sin recibir la atención médica que necesitaba. Este abandono deliberado por parte de las autoridades carcelarias desencadenó una severa crisis de asma que puso en riesgo su vida.
Tras sufrir 16 días de reclusión rigurosa, la cúpula represiva lo liberó bajo una medida restrictiva de reclusión domiciliaria.
Exigencia de libertad e inminente riesgo de reencarcelamiento
La dictadura castrista mantendrá su estrategia de aniquilamiento contra la oposición mediante el uso espurio de su aparato judicial. Frente a la inminente consumación de una nueva injusticia, la plataforma Cubalex alertó sobre el riesgo inminente de que este preso político sea encarcelado nuevamente por el simple hecho de ejercer su derecho inalienable a la manifestación pacífica.
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La organización exige la liberación inmediata del manifestante y el cese absoluto de la criminalización de la protesta ciudadana, al tiempo que demanda la erradicación total de los mecanismos de persecución empleados por la tiranía para retornar a las mazmorras a las personas excarceladas.