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El piloto de helicóptero acusado de intento de golpe de Estado en Venezuela llamó en un video difundido el martes a proseguir las manifestaciones contra el poder en el país, donde el Tribunal Supremo debe decidir si enjuicia a la fiscal general, opositora al presidente Nicolás Maduro, una medida que podría provocar su destitución.

La fiscal general, Luisa Ortega, es la mayor figura institucional que desafía al presidente el país latinoamericano, escenario desde hace tres meses de una ola de protestas que exige la dimisión de Maduro. Los disturbios causaron 91 muertos hasta el momento.

El martes por la noche, Oscar Pérez, el piloto del helicóptero acusado de “terrorismo”, animó a seguir con esas manifestaciones.

“Tomemos conciencia. El momento es ahora, no mañana. El momento de despertar es ahora (…). Permanezcamos firmes en las calles”, dijo este policía y actor aficionado de 36 años, con una bandera venezolana desplegada a sus espaldas.

Según el Gobierno venezolano, el pasado 27 de junio, Pérez y otros hombres no identificados sobrevolaron Caracas en un helicóptero de la policía científica, lanzaron cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dispararon contra la sede del Ministerio de Interior y Justicia, sin dejar víctimas.

Esa versión de los hechos ha sido cuestionada por miembros de la oposición y analistas, que sospechan un posible montaje del Gobierno.

El ministerio del Interior emitió una orden de arresto internacional contra el piloto y lo acusó de mantener vínculos con la CIA estadounidense.

La oposición había organizado el martes un bloqueo de las carreteras del país en señal de rechazo del proyecto de Asamblea Constituyente, cuyos miembros se eligirán el 30 de julio, y que critica como una táctica de Maduro para aferrarse al poder.

En ese contexto de crisis, Ortega, la fiscal general de 59 años, anunció el martes que no comparecería ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que debe decidir si abre o no un juicio contra ella, que podría causar su destitución.

“No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión está cantada”, anunció Ortega ante la prensa en el Ministerio Público, acompañada de fiscales y otros colaboradores.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, explicó que el tribunal se da un plazo de cinco días para tomar una decisión respecto a Ortega, tras la sesión celebrada en ausencia de la fiscalía.

Ante los magistrados, el diputado oficialista Pedro Carreño, que solicitó un juicio contra Ortega, acusó a la fiscal de mentir cuando afirmó no haber avalado la elección de 33 magistrados en 2015 por el anterior Parlamento de mayoría chavista.

Carreño pidió, asimismo, al TSJ que evaluara la salud “mental” de Ortega, y la semana pasada logró que la corte le prohibiera salir del país y congelara sus cuentas y bienes.

Apoyada por chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente, responsabilizándolo de romper el “orden constitucional” por fallos del TSJ que socavaron al Parlamento, hoy bajo control opositor.

Aunque goza del apoyo del ejército, Maduro está bajo presión, tras meses de manifestaciones cuyos participantes lo acusan del naufragio económico del país.

Si el Supremo la reconoce culpable, Ortega podría ser destituida, una decisión que necesita no obstante el visto bueno del Parlamento -la única instancia dominada por la oposición desde principios de 2016-, algo que parece poco probable, ya que la fiscal recibió una ovación en el hemiciclo el pasado lunes.

Pero el TSJ lleva año y medio ignorando las decisiones del Parlamento, al que considera en desacato desde que la ooposición asumió su control.

Antes de la audiencia del martes, el TSJ designó como vicefiscal a la abogada chavista Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos por acusaciones de violar derechos humanos. Sustituiría a Ortega si ésta fuese destituida.

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