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La lista de presos políticos en Cuba llegó a 1.353 nombres al cierre de octubre, la cifra más alta que ha documentado Prisoners Defenders. La organización incorporó 39 casos en el mes, entre ellos los de seis adolescentes acusados de sedición en Morón y tres miembros de una familia de Sancti Spíritus.
Los datos están en el informe mensual de Prisoners Defenders, ONG con sede en Madrid, publicado este jueves 12 de noviembre. En octubre entraron 39 personas en el registro y salieron 37, la mayoría por haber cumplido su condena.
El saldo del mes es corto, pero la lista no deja de crecer: en los últimos 12 meses se sumaron 346 presos políticos, unos 29 cada mes. Al cierre de septiembre, la organización contaba 1.351 presos políticos; en agosto eran 1.339.
Desde las protestas del 11 de julio de 2021, 2.256 personas han pasado por la lista y 2.109 de ellas llegaron a entrar en prisión. De los 1.353 actuales, 158 son mujeres y 43 fueron detenidos siendo menores de edad.
Dos de cada tres casos nuevos, por protestar o criticar al Gobierno
De los 39 casos de octubre, 26 (el 66,7 %) tienen que ver con protestas, carteles, consignas, grafitis o mensajes críticos, según el recuento de la ONG. La Habana sumó más casos nuevos, 15. Ciego de Ávila tuvo la tasa más alta: siete casos, 1,86 por cada 100.000 habitantes.
Veintiséis de los nuevos presos están en la cárcel: 18 en prisión provisional y ocho cumpliendo condena. Otros 10 están en arresto domiciliario o bajo fianza, medidas que impusieron la policía o la Fiscalía sin que interviniera un juez, de acuerdo con el informe.
Prisoners Defenders agrupa lo ocurrido en el mes en cinco patrones: protestas colectivas castigadas con delitos muy graves, procesos penales por actos individuales de expresión, represión que alcanza a familias y menores, uso extendido de la prisión provisional sin control judicial y un estado de salud precario entre los reclusos.
Morón: la Fiscalía pide hasta 13 años para 18 vecinos, seis de ellos menores
El caso con más acusados está en Morón, Ciego de Ávila. La Fiscalía imputa sedición a 18 personas por las protestas del 13 de marzo de 2026 y pide para ellas entre cinco y 13 años de prisión. Seis eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos.
Once de los acusados están en prisión provisional, cinco en arresto domiciliario y dos en libertad bajo fianza. Todos tienen prohibido viajar. Ningún juez ha examinado todavía el fondo de las acusaciones, según la organización.
Jailer Israel Valero Luis tenía 17 años. La Fiscalía pide siete años para él, que está en arresto domiciliario, aunque en el propio expediente consta un informe psiquiátrico que describe «patología orgánica cerebral, alteración del control de impulsos e inmadurez psicológica».
Pedro Luis Figuera Díaz tenía 16. En su caso la petición es de cinco años, con la propuesta de cambiarlos por limitación de libertad, y está fuera de la cárcel bajo fianza. El peritaje forense habla de un «déficit mental moderado de base orgánica cerebral» y concluye que su capacidad para entender sus actos y dirigir su conducta estaba «sustancialmente disminuida».
La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila se negó incluso a tramitar un hábeas corpus a favor de otro acusado, Jonathan David Muir Burgos. Según la ONG, dio por buenas las actuaciones de la Fiscalía sin examinarlas.
En la misma causa están Carlos Alejandro Carballeira Delgado, trabajador por cuenta propia preso de forma provisional desde el 1 de julio, y su esposa, Madiam Estela Castellanos Darias. La Fiscalía pide 12 años para cada uno. Los acusa de recorrer el pueblo para invitar a otros vecinos a sumarse a la protesta y de criticar al Gobierno.
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Ninguno de los 18 está condenado todavía. Para medir lo que se juegan, el informe recuerda que 210 manifestantes ya han sido condenados por sedición en Cuba, con penas de 10,1 años de media, y que 14 menores del 11J recibieron condenas por ese delito de cinco años de promedio.
Los Echevarría: padre, madre e hija en la lista del mismo mes
Óscar Echevarría Rubio gritó consignas contra el Gobierno desde la azotea de su casa, en el barrio Escribano de Sancti Spíritus. El 10 de octubre lo detuvieron junto a su esposa, Cleidys García. Los dos pasaron por el Vivac y fueron trasladados a la prisión Nieves Morejón, donde siguen en prisión provisional.
El 22 de octubre citaron a su hija, Aitana Echevarría Rivero, de 18 años y madre de una niña pequeña, y le impusieron reclusión domiciliaria.
El informe también incluye a dos menores detenidos este año. Michel Joel Valdés Machado, de 16 años, fue arrestado el 10 de octubre en Guanabacoa y liberado tres días después, aunque sigue bajo investigación. José Jorge Menéndez Vázquez fue detenido con 17 años en Contramaestre el 22 de junio, salió en agosto y volvió a ser arrestado.
OTRAS NOTICIAS: Familiares de presos políticos en Cuba enfrentan 389 actos represivos, según informe de Justicia 11J
Un pastor con un infarto reciente, en Villa Marista
Ariel Limias Leyva, pastor pentecostal y pintor, protestó solo el 2 de octubre en la escalinata del Capitolio de La Habana, con carteles contra la dictadura y la discriminación política y a favor de la libertad. Lo detuvieron sin orden de arresto, lo llevaron a la unidad policial de Dragones, en La Habana Vieja, y de ahí a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado. Lo acusan de «propaganda contra el orden constitucional».
Limias sufrió un infarto en enero. Necesita medicamentos para el corazón que, según la ONG, solo le llegan porque su familia los paga con un gran esfuerzo económico.
Daniel Rodríguez Rodríguez, trabajador por cuenta propia al que se vincula con el grupo Cuba Primero, fue detenido después de fotografiar consignas críticas para difundirlas en redes sociales. Pasó por Villa Marista y luego lo enviaron al Combinado del Este. Padece enfisema y un tumor pulmonar, y denunció que en prisión le interrumpieron la atención médica que tenía programada.
464 presos políticos con enfermedades graves
Prisoners Defenders contabiliza 464 presos políticos con enfermedades graves; a la mayoría se le niega por completo la atención médica y al resto, en parte. Hay 236 casos de desnutrición severa, 80 de hipertensión, 39 de asma y 24 de diabetes. Otros 54 tienen trastornos mentales o psicológicos sin el tratamiento adecuado.
El informe se conoce cinco días después de que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentara 387 acciones represivas en la isla durante octubre.
Nota de corrección (12 de noviembre de 2026): una versión anterior de esta nota describía Villa Marista como sede policial, hablaba de «decenas» de presos políticos con enfermedades graves y de «familias enteras» detenidas, y presentaba a las 2.256 personas registradas desde 2021 como privadas de libertad. Según el informe de Prisoners Defenders, Villa Marista es la sede de la Seguridad del Estado, los presos políticos con enfermedades graves son 464, la familia detenida en Sancti Spíritus es una y, de esas 2.256 personas, 2.109 entraron en prisión. También se sustituyeron por las citas textuales de los peritajes las descripciones médicas de dos menores procesados en Morón.
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