El litigio entre el Banco Nacional de Cuba (BNC) y el fondo inversor CRF I Limited, que culminó con el fallo del Tribunal de Apelación de Londres el 19 de noviembre de 2024, tiene sus raíces en la década de 1980.
En 1984, el BNC contrajo préstamos con Credit Lyonnais y el Istituto Bancario Italiano, los cuales fueron posteriormente transferidos a ICBC Standard Bank y finalmente adquiridos por CRF.
El conflicto se desencadenó cuando CRF, señalado por el régimen cubano como un “fondo buitre”, demandó el pago de 72 millones de euros correspondientes a una deuda soberana vinculada a estos préstamos. El Banco Nacional de Cuba (BNC) afirmó que la transferencia de derechos a CRF, aprobada por su exdirector de operaciones, Raúl Olivera Lozano, carecía de validez, ya que no respetó los protocolos internos requeridos. Este caso llevó a la detención de Olivera en Cuba.