Foto de archivo: David Rivera durante su etapa en la Cámara de Representantes de Florida. LesPantin / Wikimedia Commons, dominio público.
David Rivera fue sentenciado a 10 años de prisión federal este viernes 2 de octubre de 2026 en Miami por actuar en secreto como agente del gobierno venezolano y lavar dinero vinculado a esas gestiones. La jueza Melissa Damian impuso la pena al excongresista cubanoamericano, de 61 años, en un caso que enfrentó su trayectoria política en el exilio con un contrato de 50 millones de dólares al servicio de los intereses del régimen de Nicolás Maduro.
El comunicado de la Fiscalía federal del sur de Florida confirma la sentencia y los delitos por los que fue declarado culpable: conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, violación de esa norma, conspiración para lavar dinero y cuatro cargos por transacciones con bienes de origen delictivo.
El fallo añade una pena concreta al veredicto de culpabilidad del 1 de mayo que ya había documentado Cubanos por el Mundo. Aquel día quedó establecida la responsabilidad penal; ahora, el tribunal ha fijado el tiempo de cárcel. Su defensa anunció que apelará.
El contrato de 50 millones y las puertas de Washington
La operación tenía un activo difícil de comprar en el mercado abierto: acceso. Rivera había representado a Florida en el Congreso entre 2011 y 2013 y conservaba relaciones con figuras capaces de abrir puertas en Washington. Entre ellas estaban el entonces senador Marco Rubio y el representante Pete Sessions.
Según las pruebas resumidas por la Fiscalía, Rivera y la consultora Esther Nuhfer consiguieron un contrato de 50 millones de dólares con una filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Sin registrarse como agentes extranjeros, cabildearon ante funcionarios estadounidenses y organizaron encuentros con representantes de Caracas, incluidos Maduro y la entonces canciller Delcy Rodríguez.
Conviene separar dos cifras que suelen confundirse: los 50 millones eran el valor del contrato. En su cobertura del juicio, Cubanos por el Mundo informó que Rivera había recibido al menos 20 millones de dólares antes de que el acuerdo fuera rescindido. Presentar ambas cantidades como dinero efectivamente cobrado borraría una diferencia esencial.
El rastro financiero también llegó a la política local. La Fiscalía señaló que aproximadamente 1,5 millones de dólares procedentes del contrato fueron depositados en una cuenta de campaña de Rivera para la legislatura de Florida entre marzo de 2017 y agosto de 2018. Nuhfer, ya condenada a cinco años de prisión, utilizó unos 455.000 dólares para comprar una vivienda en Key Colony Beach, según el mismo comunicado.
La contradicción que pesa en el exilio
Rivera había construido su carrera en una comunidad marcada por la huida del comunismo. Esa historia ocupó un lugar central en la reacción del fiscal Jason A. Reding Quiñones: sostuvo que el exlegislador conocía lo vivido por esas familias y, aun así, empleó por dinero las relaciones de confianza acumuladas durante su servicio público para favorecer al régimen de Maduro.
Según la cobertura de la audiencia publicada por NBC Miami, la jueza planteó una comparación directa: cómo se habría juzgado esa conducta si los millones hubieran procedido del régimen cubano en lugar de sus aliados de Caracas.
Rubio declaró durante el juicio que desconocía el trabajo de cabildeo y que se sintió traicionado. Su aparición en el proceso fue como testigo. El uso de sus contactos por parte de Rivera no equivale a una condena ni a una acusación contra Rubio.
Qué sostiene la defensa y qué sigue
Los abogados de Rivera mantuvieron que el contrato respondía a una gestión comercial para atraer a ExxonMobil a Venezuela y que su cliente creía no estar obligado a registrarse bajo la ley FARA. También negaron que sus reuniones políticas buscaran sostener a Maduro. Esa interpretación no evitó el veredicto ni la sentencia.
La historia judicial venía de lejos: Cubanos por el Mundo informó del arresto de Rivera en diciembre de 2022, cuando todavía enfrentaba acusaciones que debían probarse. El seguimiento permite distinguir aquella investigación, la decisión del jurado en mayo y la pena impuesta este viernes.
La defensa prevé recurrir la condena y había solicitado un indulto presidencial en junio, de acuerdo con NBC Miami. El excongresista enfrenta además cargos federales en Washington en otro caso relacionado con cabildeo extranjero. Esos cargos corresponden a un proceso distinto: no deben confundirse con los delitos por los que acaba de recibir diez años de prisión en Miami.