El gobierno de Estados Unidos está evaluando la posibilidad de presentar cargos federales contra miembros del régimen cubano, lo que podría convertirse en la mayor ofensiva judicial contra la cúpula del poder en La Habana desde el inicio de la dictadura comunista hace más de seis décadas.
La iniciativa está siendo analizada dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que habría activado un grupo de trabajo destinado a estudiar posibles procesos penales contra figuras vinculadas al aparato político, militar y económico del régimen.
De acuerdo con un reporte del medio estadounidense The Washington Post, la evaluación está siendo coordinada por la oficina de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, con sede en Miami, una jurisdicción que históricamente ha llevado algunos de los casos más importantes relacionados con América Latina, crimen organizado y violaciones de sanciones internacionales.
El objetivo del equipo sería reunir evidencia que permita formular acusaciones federales contra funcionarios del Partido Comunista de Cuba, responsables de múltiples actividades ilícitas y violaciones del derecho internacional.
Posibles delitos bajo investigación
Las pesquisas preliminares estarían examinando posibles delitos relacionados con violaciones de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, lavado de dinero y delitos financieros internacionales, tráfico de drogas y cooperación con redes criminales transnacionales, fraude migratorio y operaciones clandestinas vinculadas al régimen
Aunque las investigaciones se encuentran todavía en fase de análisis, el simple hecho de que fiscales federales estén estudiando la posibilidad de imputar penalmente a figuras del régimen cubano representa un paso significativo en la política de presión de Washington contra el sistema comunista instalado en la isla desde 1959.
Especialistas señalan que la estrategia podría seguir un patrón similar al utilizado por Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, cuando el Departamento de Justicia presentó acusaciones formales contra el propio mandatario y varios miembros de su círculo cercano por cargos de narcotráfico y crimen organizado.
En aquel caso, las imputaciones federales fueron acompañadas por órdenes de captura internacionales y recompensas millonarias por información que condujera al arresto de los acusados.
De aplicarse un modelo similar contra funcionarios cubanos, la cúpula del poder en La Habana podría enfrentar restricciones de movimiento internacional y riesgo de arresto en múltiples países.
La presión política desde el exilio
La posible ofensiva judicial se produce también en medio de una creciente presión política de legisladores cubanoamericanos en Washington, quienes han pedido investigar a miembros históricos del régimen por crímenes cometidos durante décadas.
Entre los casos que han vuelto a colocarse en el centro del debate figura el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, un ataque ordenado por el régimen cubano en el que murieron cuatro pilotos civiles en aguas internacionales.
Algunos congresistas han insistido en que el entonces ministro de Defensa, Raúl Castro, debería ser investigado por su posible responsabilidad en la operación militar que terminó con la vida de los activistas.
La eventual apertura de procesos penales en Estados Unidos llega en un momento especialmente crítico para el régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel, que enfrenta una de las peores crisis económicas y sociales de la historia reciente de Cuba.
La isla atraviesa un escenario marcado por apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas, inflación descontrolada y un éxodo migratorio masivo que ha llevado a cientos de miles de cubanos a abandonar el país en los últimos años.
Mientras la crisis se profundiza, organizaciones de derechos humanos continúan denunciando la represión sistemática contra periodistas independientes, opositores políticos y ciudadanos que expresan críticas contra el sistema comunista.
Aquí el reporte del Washington Post
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Redacción Cubanos por el Mundo