Antes de entrar en materia conviene una advertencia metodológica: el artículo de Leidys María Labrador Herrera reproduce, casi sin adornos, el guion clásico del aparato propagandístico del Partido Comunista de Cuba (PCC). Su técnica retórica descansa en cuatro pilares que pueden desmontarse uno a uno con datos verificables: (1) confundir deliberadamente “bloqueo” con “embargo”, (2) externalizar el origen de la crisis cubana hacia Washington, (3) presentar al régimen como víctima soberana y no como un Estado que ha violado sistemáticamente la soberanía de otros, y (4) ocultar al actor que firma el texto: el ministro Bruno Rodríguez Parrilla, vocero de un gobierno con cientos de presos políticos.
1. “Bloqueo” no, embargo: una manipulación lingüística sostenida hace 60 años
Un bloqueo, en el derecho internacional (Manual de San Remo, 1994), es una operación militar que impide físicamente el comercio de un país con el resto del mundo. Cuba no está bloqueada: comercia legalmente con la Unión Europea, China, Rusia, Vietnam, México, Canadá, Brasil, Turquía, los países del ALBA y prácticamente todo el planeta. Más aún, Cuba comercia con Estados Unidos. Desde la Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act (TSRA) de 2000, EE. UU. autoriza la venta de alimentos y productos médicos al gobierno cubano. Entre 2001 y 2023, Cuba compró a Estados Unidos más de 7.000 millones de dólares en productos agrícolas (datos del U.S.-Cuba Trade and Economic Council y del USDA). Solo en 2023 EE. UU. fue uno de los primeros proveedores de pollo congelado, soja y trigo de la isla.
Si existiera un “bloqueo”, esas cifras serían imposibles. Lo que existe es un régimen unilateral de sanciones, con perforaciones humanitarias significativas: están autorizadas las remesas familiares, los viajes en doce categorías, las ventas agrícolas, las medicinas y los productos médicos.
2. La “amenaza inusual y extraordinaria”: el régimen exige que olvidemos lo que hace fuera de Cuba
El artículo califica de “insostenible” esa cláusula de la International Emergency Economic Powers Act. Veamos algunos hechos que sostienen, jurídicamente y de hecho, la designación:
- Cuba mantiene en su territorio a fugitivos buscados por el FBI con recompensas activas, entre ellos Joanne Chesimard (Assata Shakur), condenada por el asesinato del policía Werner Foerster en 1973, con una recompensa de 2 millones de dólares.
- Aloja a comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Tras el atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá (enero 2019, 22 muertos), Cuba se negó a extraditar a los responsables, alegando los “Protocolos de La Habana”. Esto fue determinante para reincluir a Cuba en la lista SSOT en enero de 2021.
- Operaciones de inteligencia documentadas: Ana Belén Montes (DIA), condenada en 2002; la Wasp Network (1998); Walter Kendall Myers (Departamento de Estado, 2009); el caso Manuel Rocha (ex embajador de EE. UU.), detenido en 2023 y declarado culpable en 2024 de actuar como agente cubano durante más de 40 años. La inteligencia cubana (DI/DGI) es una de las más activas del hemisferio occidental.
- Reactivación documentada por la prensa internacional (WSJ, 2023) de la cooperación con China en instalaciones de inteligencia de señales en Bejucal y otras zonas de la isla.
- Apoyo logístico, militar y de inteligencia al régimen de Nicolás Maduro: el general Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, declaró ante la justicia estadounidense la presencia de oficiales del G2 cubano dirigiendo la contrainteligencia venezolana.
Llamar “insostenible” la calificación de amenaza ignora deliberadamente esta evidencia.
3. Migración: el régimen se acusa solo
Granma escribe: “el régimen corrupto de Cuba sigue impulsando la migración hacia Estados Unidos”… “como si no fueran su bloqueo, y su cierre de vías legales para emigrar, las causas de esa situación”. Los datos contradicen frontalmente esta tesis.
Entre octubre de 2021 y septiembre de 2024, más de 850.000 cubanos fueron registrados en encuentros con el CBP en las fronteras de EE. UU., según cifras oficiales del Customs and Border Protection. Sumando las salidas hacia España (Ley de Memoria Democrática), México, Uruguay, Serbia y otros destinos, estimaciones independientes del demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos (Universidad de La Habana) sitúan la pérdida poblacional en cerca del 18 % de la población residente en apenas tres años. Es la mayor sangría demográfica de la historia republicana cubana, mayor que el éxodo del Mariel (1980, ~125.000), que la crisis de los balseros (1994, ~35.000) y que el éxodo posterior a 1959 sumados.
¿Por qué ese éxodo masivo se acelera precisamente cuando, en 2022-2023, Nicaragua eliminó la visa para cubanos y se abrió la ruta centroamericana? Porque la causa es interna: hiperinflación (el Banco Central reconoce más del 30 % anual; medidas independientes del economista Pavel Vidal y del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba la sitúan por encima del 200 % en moneda libremente convertible), apagones de 12 a 20 horas diarias en provincias, escasez de alimentos básicos, salarios estatales reales por debajo de 20 dólares mensuales, y ausencia de horizonte económico privado.
Sobre las “vías legales”: fue el régimen cubano el que, tras los ataques sónicos contra diplomáticos estadounidenses en La Habana (2016-2017, “Habana Syndrome”), obligó al cierre del consulado en La Habana. La administración Biden expandió en 2023 el programa de parole humanitario para cubanos (CHNV), y el Cuban Adjustment Act (1966) continúa otorgando un estatus migratorio único a los cubanos. La migración no es consecuencia del embargo: es el voto con los pies contra el sistema.
4. La inversión y el medicamento “que necesita un niño enfermo”
La frase más manipuladora del artículo es la del medicamento individual al niño enfermo. Es necesario establecer hechos:
- Las medicinas y productos médicos están explícitamente autorizadas para venta y donación a Cuba bajo la TSRA y los reglamentos OFAC. Existen licencias específicas y generales para envíos humanitarios.
- El sistema de salud cubano compra medicamentos a laboratorios de la India, China, México, Brasil, España y muchos otros. Cuando hay desabastecimiento, la causa principal es la imposibilidad del Estado de pagar (déficit de divisas) por la quiebra del modelo económico, no la prohibición de comprar.
- BioCubaFarma exporta medicamentos cubanos. Si la industria farmacéutica nacional fuera capaz de cubrir el cuadro básico (como afirma la propaganda), las carencias internas no se explicarían por el embargo.
- Las donaciones humanitarias entran legalmente. La cuestión es a quién benefician: en repetidos episodios documentados (donaciones tras el huracán Ian, 2022; tras la explosión del Hotel Saratoga; tras el incendio de Matanzas), la población denunció en redes sociales que las donaciones aparecieron en la red de tiendas en MLC del régimen.
5. ¿Quién castiga colectivamente a quién?
El artículo habla de “castigo colectivo”. Conviene identificar al verdadero ejecutor:
- GAESA (Grupo de Administración Empresarial S. A.), conglomerado militar dirigido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, controla, según estimaciones de la economista Emily Morris (UCL) y del exministro de Economía Ricardo Torres, entre el 60 % y el 80 % de la economía formal cubana, incluyendo Gaviota (turismo), CIMEX, TRD Caribe, Habaguanex y la inmobiliaria militar.
- Mientras la población hace colas para el pan, GAESA construyó hoteles que en 2023-2024 reportaban tasas de ocupación inferiores al 25 %, según el propio MINTUR. Es decir, el Estado-militar invirtió miles de millones en hoteles vacíos en lugar de en agricultura, generación eléctrica o industria farmacéutica.
- El sistema de tiendas en MLC (Moneda Libremente Convertible), introducido en 2019, segrega legalmente a la población: solo accede a alimentos y aseo quien tiene divisas. Es el propio régimen el que instituyó un apartheid monetario en la isla. Eso sí es castigo colectivo, y su origen está en la calle 23 con M, no en Washington.
6. La “soberanía” cubana mientras se viola la de otros
Granma cita a Bruno Rodríguez: ningún Estado “podrá actuar de manera soberana”. Recordemos el historial del régimen al que pertenece:
- Despliegue de “internacionalistas” (en realidad operativos militares y de inteligencia) en Angola, Etiopía, Nicaragua, Venezuela, Siria.
- Misiones médicas que la Relatora Especial de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud (informe 2019, Urmila Bhoola) caracterizó como sometidas a condiciones que pueden constituir trabajo forzoso. Generan al régimen entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales, mientras los profesionales reciben entre el 10 % y el 25 % de su salario.
- Asesoramiento al G2 venezolano para el control político de la oposición y de las Fuerzas Armadas.
- Voto sistemático en la ONU contra resoluciones sobre Ucrania, Siria, Venezuela, Nicaragua y Birmania.
El régimen que reclama soberanía ajena la viola sistemáticamente.
7. El silencio sobre los presos políticos
El artículo acusa a EE. UU. de mentir cuando habla de persecución a “opositores políticos”. Los datos:
- Prisoners Defenders (Madrid) y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos contabilizan más de 1.100 presos políticos al cierre de 2024, incluyendo a participantes en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 (11J).
- Sentencias documentadas de hasta 30 años por delitos como “sedición” tras 11J. Adolescentes condenados, como Brandon David Becerra (17 años) o Rowland Castillo (18 años, 18 años de prisión).
- Casos emblemáticos: José Daniel Ferrer (UNPACU), encarcelado y liberado en pésimas condiciones físicas en enero de 2025; Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel “Osorbo” Castillo (autores de “Patria y Vida”, Premio Grammy Latino), condenados a 5 y 9 años respectivamente; el doctor Eduardo Cardet; las Damas de Blanco.
- La organización Cuba Decide y el ICCAS (Universidad de Miami) han documentado decenas de casos de “actos de repudio” organizados por fuerzas estatales contra disidentes pacíficos.
Negar esto desde Granma es contrafáctico.
8. El “Mi firma por la Patria” y la coreografía del consenso
El artículo presume del éxito del desfile y de la campaña “Mi firma por la Patria“. Estas movilizaciones, en un sistema de partido único donde el sustento (vivienda, libreta de abastecimiento, empleo estatal, educación de los hijos) depende del Estado-Partido, no constituyen indicador de respaldo libre. La Constitución de 2019 fue aprobada con un 86,85 % de votos a favor según cifras oficiales, pero el referendo del Código de las Familias en 2022 — con dependencia estatal idéntica — solo logró un 66,87 %, una caída brutal que muestra la erosión real del consenso. En las elecciones legislativas de 2023, el régimen reconoció una abstención del 24,5 %, la mayor desde 1959, en un sistema sin opciones políticas reales.
Lo “inédito” de las sanciones secundarias: lo que Granma no transcribe a sus lectores
El primer recurso retórico de Labrador Herrera es no citar nunca el documento que pretende refutar. Es una técnica deliberada: si el lector cubano nunca lee la orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo de 2026, queda a merced de la interpretación oficial. Veamos qué dice realmente el texto y qué hace la propaganda con cada uno de sus componentes.
Primer falso enigma: los “destinatarios” no nombrados. Granma asegura que la orden “evade la mención a los posibles destinatarios” de las sanciones, en una “categoría amplia, poco explícita”. Falso. La orden define con precisión cuatro grupos: (1) entidades, personas y afiliados que apoyen al aparato de seguridad del régimen, (2) cómplices de corrupción gubernamental, (3) responsables de graves violaciones de derechos humanos, y (4) agentes, funcionarios o colaboradores materiales del Gobierno cubano. Son cuatro categorías legalmente delimitadas y consistentes con la práctica habitual de OFAC. Si Bruno Rodríguez Parrilla teme aparecer en alguna de ellas, no es por imprecisión del texto, sino por especificidad. La cúpula del MININT, la dirección de GAESA y los funcionarios responsables de procesar a los manifestantes del 11J encajan, sin esfuerzo interpretativo, en al menos una de las cuatro categorías.
Segundo falso enigma: las “sanciones secundarias inéditas”. El ministro cubano afirma que es “la primera vez” que se aplican sanciones contra terceros que negocien con Cuba. La afirmación es históricamente falsa. Las sanciones secundarias son un instrumento estándar del derecho sancionatorio estadounidense desde hace décadas: la Iran Sanctions Act (1996), la Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA, 2010), la CAATSA contra Rusia, Irán y Corea del Norte (2017), y los regímenes de sanciones sectoriales contra Venezuela (2019) y la propia Corea del Norte. Lo que la orden hace con Cuba no es novedad jurídica: es elevar el umbral de exigencia al nivel que ya se aplica a otros Estados con conducta hostil contra Estados Unidos.
Y aquí cabe una pregunta incómoda para Granma: si Cuba se autodefine como un Estado pacífico, soberano y respetuoso del derecho internacional, ¿por qué le incomoda recibir el mismo trato sancionatorio que Irán, Rusia, Corea del Norte y la Venezuela de Maduro? La respuesta está en la propia hoja informativa.
Tercer falso enigma: la “amenaza inusual y extraordinaria” como “asidero insostenible”. El artículo de Granma llama “insostenible” la cláusula de IEEPA. La hoja informativa enumera los hechos que sostienen, en el sentido legal de la palabra, dicha calificación. Los reproduzco para que el lector compare ambos textos:
Primero, la orden afirma que Cuba alberga instalaciones de adversarios extranjeros dedicadas a recabar y explotar información sensible sobre la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto es coherente con lo publicado por The Wall Street Journal en junio de 2023 y confirmado meses después por la Casa Blanca: la cooperación China-Cuba en inteligencia de señales (SIGINT) en instalaciones como Bejucal, El Salao (cerca de Santiago) y otras. La isla, a 90 millas de la Florida, alberga capacidades electrónicas chinas dirigidas contra bases militares estadounidenses, comunicaciones del Pentágono y rutas marítimas del Caribe.
Segundo, la orden documenta los “estrechos vínculos” con Irán y la presencia de Hezbolá. Cuba mantiene relaciones estratégicas con Teherán: visitas presidenciales recíprocas Díaz-Canel/Raisi, acuerdos de cooperación en biotecnología (que también pueden tener uso dual), y, según informes desclasificados de inteligencia regional, presencia operativa de Hezbolá en redes financieras del Caribe que incluyen Cuba como nodo logístico.
Tercero, la orden invoca la persecución y tortura de opositores políticos. La cifra de Prisoners Defenders al cierre de 2024 superaba los 1.100 presos políticos. La ONU, a través del Comité contra la Tortura (CAT/C/CUB/CO/3, 2022), expresó su preocupación por denuncias creíbles de tratos crueles, inhumanos y degradantes en cárceles cubanas. No es retórica de Trump: es Naciones Unidas.
Cuarto, la orden cita la cifra migratoria: más de 850.000 migrantes cubanos llegaron a Estados Unidos entre 2022 y el otoño de 2024. La fuente es el Customs and Border Protection. Esa cifra equivale, sumada a salidas a otros destinos, a aproximadamente el 18 por ciento de la población residente en Cuba en apenas tres años. El régimen no ha podido refutar el dato porque proviene de huellas digitales y registros biométricos en frontera. Lo único que puede hacer Granma es invertir la causalidad y culpar al embargo.
Quinto, la orden recuerda lo geográficamente obvio: Cuba ofrece un entorno propicio para operaciones hostiles de inteligencia extranjera, militares y terroristas a menos de 100 millas del territorio continental de Estados Unidos. Es la doctrina Monroe revisada al siglo XXI: ningún Estado puede pretender alojar capacidades militares y de inteligencia de potencias adversarias junto a la frontera estadounidense y al mismo tiempo reclamar buenas relaciones con Washington.
Cuarto silencio: lo que Granma no menciona del contexto regional. La orden del 1 de mayo de 2026 no es un acto aislado: forma parte de una secuencia documentada en la propia hoja informativa. En junio de 2025, Trump firmó un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre Cuba; en enero de 2026, una orden ejecutiva que declara emergencia nacional y abre la puerta a aranceles contra países que vendan o suministren petróleo a Cuba (lo cual apunta directamente a México, en menor medida a Rusia y a la propia Venezuela como puentes petroleros). Y se inscribe en una política que ha mostrado ya, según la hoja informativa, su capacidad de proyección: la operación Absolute Resolve contra Maduro, la Southern Spear contra el narcotráfico, y las operaciones Midnight Hammer y Epic Fury contra Irán.
El régimen cubano observa esa secuencia y entiende lo que la hoja informativa transmite sin decirlo: el espacio para sostener relaciones simultáneas con Caracas, Teherán, Pyongyang, Moscú y Beijing, mientras se exige a Washington la normalización, se está cerrando.
Quinto silencio: lo que sí sería verdaderamente “inédito”. Inédito sería que el régimen cubano publicara los presupuestos de GAESA. Inédito sería que la Asamblea Nacional aprobara una ley de asociaciones que reconociera partidos distintos al PCC. Inédito sería que Granma cediera media página, una sola vez, a una columna firmada por Yoani Sánchez, Carlos Manuel Álvarez, Abraham Jiménez Enoa, José Daniel Ferrer o Berta Soler. Inédita sería la liberación incondicional de los presos del 11J. Inédita sería la convocatoria a elecciones libres con observación internacional.
Eso es lo verdaderamente inédito. Y mientras no ocurra, cada nueva sanción no es “bloqueo sobre bloqueo”, como titula Granma, sino consecuencia previsible de una política de Estado decidida en La Habana, no en Washington.
10. La cifra que el artículo nunca mencionará
Cuba ha tenido seis décadas para construir un modelo. Vietnam (también socialista, también embargado por EE. UU. hasta 1994) tiene hoy un PIB per cápita superior al cubano y un crecimiento sostenido del 6-7 %. China, también socialista, multiplicó su PIB por cuarenta tras abrir su economía. Incluso comparada con países caribeños sin recursos petroleros (República Dominicana), Cuba ha quedado rezagada en todos los indicadores económicos modernos. La diferencia no es el embargo. Es el modelo.
Conclusión. El artículo de Granma cumple su función dentro del aparato simbólico del PCC: convertir cada nueva sanción estadounidense en coartada para no responder por el fracaso interno. La estrategia es vieja pero efectiva: nombrar “bloqueo” lo que es embargo, presentar como víctima al verdugo, y silenciar a los presos políticos detrás de consignas de soberanía. El periodismo, cuando es independiente, sirve a la verdad. El artículo de Labrador Herrera sirve, sin disimulo, al poder.