La organización de derechos humanos Cubalex denunció que el Habeas Corpus a favor de Luis Manuel Otero Alcántara permaneció sin respuesta por parte del Tribunal Provincial Popular de La Habana, a pesar de que venció el plazo de 72 horas previsto por la legislación cubana para resolver este tipo de recursos.
La ONG sostuvo que la demora confirmó nuevas irregularidades dentro del sistema judicial del régimen castrista y agravó la situación del artista y preso político, quien ya cumplió íntegramente la condena que le impusieron las autoridades.
La denuncia surgió después de que el recurso fuera presentado formalmente el pasado 13 de julio con el objetivo de exigir la presentación inmediata del fundador del Movimiento San Isidro ante un tribunal competente y verificar la legalidad de su privación de libertad.
Sin embargo, una vez expirado el término establecido por la Ley del Proceso Penal, funcionarios del tribunal comunicaron que el expediente continuó “en tramitación”, sin ofrecer una resolución definitiva.
Para Cubalex, esa respuesta representó mucho más que un retraso administrativo. La organización afirmó que el incumplimiento del procedimiento legal evidenció un comportamiento deliberado destinado a impedir una decisión judicial oportuna sobre el Habeas Corpus a favor de Luis Manuel Otero Alcántara.
Cubalex cuestionó la actuación del tribunal
El abogado y especialista en derechos humanos de Cubalex, Alain Espinosa, afirmó que las actuaciones del tribunal reflejaron una coordinación con quienes mantienen privado de libertad al opositor cubano.
“Estas dilaciones que está poniendo el Tribunal Provincial para responder al Habeas Corpus de Luis Manuel Otero Alcántara lo primero que evidencian es su confabulación, de alguna manera, con las personas que lo mantienen en situación de desaparición forzada y detenido de manera ilegal”, afirmó Espinosa.
El jurista explicó que el recurso de Habeas Corpus existe precisamente para garantizar la protección inmediata de cualquier persona cuya libertad pudiera estar siendo vulnerada de manera arbitraria.
Añadió que retrasar este procedimiento contradijo el propósito mismo de esa figura jurídica, cuya naturaleza exige rapidez debido al riesgo que enfrenta la persona detenida.
“Lo que está en juego es la seguridad, la integridad y la vida de la persona detenida, con lo cual el tribunal no puede de ninguna manera dilatar o impedir que se tramite este recurso de manera inmediata, precisamente por el riesgo que supone para la vida de la persona”, señaló.
La ley establece un plazo de 72 horas sobre Habeas Corpus a favor de Luis Manuel Otero Alcántara
Cubalex recordó que el procedimiento aplicable al Habeas Corpus a favor de Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra regulado de forma expresa dentro de la legislación vigente en Cuba.
Espinosa indicó que el artículo 791 de la Ley del Proceso Penal obligó al tribunal a requerir la presentación inmediata del detenido y el correspondiente informe de la autoridad responsable dentro del término legal.
“La ley es muy clara en ese sentido. Ellos tienen 72 horas para solicitar que la autoridad que tenga detenida a la persona la presente junto con el informe correspondiente, y esa autoridad además la tiene que presentar de manera inexcusable. Así está previsto en el artículo 791 de la Ley del Proceso Penal”, explicó.
A juicio del abogado, el incumplimiento de ese plazo no respondió a una dificultad procesal, sino a una decisión consciente de prolongar la incertidumbre alrededor del caso.
Cubalex alertó sobre un posible exilio forzado
La organización también manifestó preocupación por lo que calificó como una estrategia para ganar tiempo mientras las autoridades intentaban concretar una eventual salida obligada del país para el artista.
Espinosa aseguró que esa posibilidad explicaría la demora registrada en el Habeas Corpus a favor de Luis Manuel Otero Alcántara.
“Esta respuesta que ellos están dando de que no lo han podido tramitar no solamente constituye una manera de dilatar el proceso. Creemos nosotros que busca ganar tiempo para que se tramite de alguna manera un exilio forzado”, afirmó.
Luis Manuel Otero Alcántara ya extinguió completamente su condena
Cubalex recordó que Luis Manuel Otero Alcántara terminó de cumplir su sentencia el pasado 9 de julio, por lo que mantenerlo bajo custodia careció, según la organización, de respaldo jurídico.
Desde esa fecha, distintas organizaciones denunciaron que las autoridades no informaron oficialmente dónde permanece recluido ni bajo qué fundamento legal continúa privado de libertad.
La ONG sostuvo que esa situación convirtió el Habeas Corpus a favor de Luis Manuel Otero Alcántara en un mecanismo indispensable para esclarecer su condición jurídica y garantizar sus derechos fundamentales.
Organización denunció posibles violaciones a la legislación cubana
En su análisis jurídico, Cubalex afirmó que el caso vulneró varios artículos de la Constitución cubana, entre ellos los artículos 92, 94 y 96, relacionados con las garantías judiciales y la protección de los derechos de las personas detenidas.
Asimismo, señaló presuntas violaciones al artículo 787 de la Ley 143 del Proceso Penal, que regula el Habeas Corpus, al artículo 367.1 del Código Penal sobre desaparición forzada, además de disposiciones contenidas en la Ley 152 de Ejecución Penal y el Decreto-Ley 74.
La organización advirtió que la falta de respuesta al Habeas Corpus a favor de Luis Manuel Otero Alcántara profundizó la vulneración de garantías procesales reconocidas incluso por la propia normativa cubana.
También denunciaron obstáculos para presentar recursos
Cubalex sostuvo además que el cierre generalizado de los tribunales dificultó la presentación de recursos de queja ante el Tribunal Supremo Popular.
Según la organización, esa situación redujo las posibilidades de impugnar las actuaciones del Tribunal Provincial Popular de La Habana y limitó el acceso efectivo a los mecanismos de protección previstos por la legislación.
Finalmente, Cubalex exigió que las autoridades emitieran de inmediato una resolución sobre el Habeas Corpus a favor de Luis Manuel Otero Alcántara y ordenaran la liberación del artista, al considerar que su permanencia bajo custodia, después de extinguir completamente la condena, constituyó una detención arbitraria.
La organización concluyó que la falta de respuesta judicial no solo incumplió los plazos establecidos por la ley, sino que también incrementó la preocupación sobre el estado, la integridad y el paradero del opositor cubano, uno de los rostros más visibles del Movimiento San Isidro y de la disidencia frente al régimen castrista.
Cabe recordar que, durante los últimos días crecieron las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre el paradero del artista, luego de que expirara la condena de cinco años de prisión que cumplía.
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