Miami.– El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó el sábado 10 de octubre de «persecución enfermiza» el informe de trata de personas que Estados Unidos publicó dos días antes, el cual mantiene a Cuba en el nivel más bajo y acusa al régimen de imponer trabajo forzoso en sus misiones médicas. Lo dijo en sus redes sociales, según EFE.
El Departamento de Estado lo dio a conocer el jueves 8 de octubre. En el capítulo sobre Cuba del Departamento de Estado, Washington mantiene a la isla en el nivel 3 y describe una «política o patrón gubernamental» de trabajo forzoso en el programa estatal de exportación de mano de obra, que incluye las misiones médicas y del que, según el texto, el régimen se beneficia.
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Qué dijo Bruno Rodríguez sobre el informe de trata
La respuesta del jefe de la diplomacia cubana llegó dos días después de la publicación. Rodríguez presentó el informe de trata como unilateral y falso, y lo vinculó con la política de la Administración de Donald Trump hacia la isla.
«Con otro informe unilateral y mendaz sobre Trata de Personas, el Departamento de Estado de EE.UU. pretende continuar justificando la política agresiva de ese gobierno contra Cuba y su persecución enfermiza a la colaboración médica cubana».
Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en sus redes sociales el 10 de octubre de 2026
El canciller añadió que «el Gobierno estadounidense insiste en la mentira para intentar manipular la opinión pública internacional». También tachó de cínico que el documento reconozca las presiones de Washington sobre los gobiernos que reciben médicos cubanos, y afirmó que esas acciones ignoran las consecuencias para las poblaciones atendidas por las brigadas, según el reportaje de EFE sobre el rechazo del canciller.
La Habana ha negado en reiteradas ocasiones las críticas a sus brigadas y ha calificado de «feroz presión» y «chantaje» las gestiones de Washington ante gobiernos de América Latina y el Caribe. Cubanos por el Mundo informó el 8 de octubre sobre los señalamientos del informe estadounidense contra las misiones cubanas.
La presión desde Miami contra las misiones médicas cubanas
Aunque Rodríguez apuntó a Washington, buena parte de la ofensiva contra las brigadas se ha impulsado desde el sur de Florida. El congresista republicano Mario Díaz-Balart, vicepresidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, es el autor de una disposición incluida en la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2026, aprobada en febrero.
Según el comunicado del Comité de Asignaciones de la Cámara, la norma obliga al Departamento de Estado a identificar a los países que pagan al régimen por personal médico cubano y a notificarles que están en esa lista. Si un país permanece en ella dos años seguidos, pierde toda la ayuda exterior estadounidense, y sus funcionarios implicados pueden recibir vetos de entrada y congelación de bienes.
«Esta legislación garantiza la rendición de cuentas, algo que anteriores administraciones demócratas ignoraron», escribió Díaz-Balart en una columna publicada en abril, en la que calificó el programa de trata de personas y no de caridad.
Desde Miami también llegaron aplausos cuando Honduras canceló el programa. La congresista María Elvira Salazar, que representa a Miami en la Cámara, celebró el fin de las misiones médicas en Honduras con un mensaje en X: «Honduras le dijo BASTA a la dictadura cubana». Para ella, el esquema es «un negocio disfrazado de solidaridad».
Qué dice el informe sobre las misiones médicas cubanas
El documento estima que a principios de 2026 había unos 18.000 trabajadores vinculados al régimen en 52 países. Según EFE, la mayoría son profesionales de la salud y un año antes la cifra rondaba los 26.000.
El Departamento de Estado sostiene que los funcionarios cubanos reclutan a esos trabajadores con engaños y amenazas de represalias, y que incluyen cláusulas coercitivas tanto en los contratos individuales como en los acuerdos firmados con los gobiernos que los contratan.
Salarios retenidos y castigo a los «desertores»
Según el informe, el régimen se queda con entre el 50 % y el 95 % del salario de los trabajadores, los somete a jornadas agotadoras, vigilancia y toques de queda, y no siempre les explica las condiciones de sus contratos. Los funcionarios, añade, intimidan a las familias para evitar que abandonen las misiones.
El Ministerio del Interior considera «desertores» a quienes dejan el programa antes de tiempo, una etiqueta que les impide regresar a Cuba durante ocho años. El artículo 176.1 del Código Penal castiga además con tres a ocho años de prisión a quien no complete su misión en el extranjero o no regrese a la isla al terminarla.
Los médicos están clasificados como personal «regulado» y solo pueden obtener pasaportes oficiales, válidos para viajar a Cuba y al país asignado. Para Washington, esas reglas limitan su libertad de movimiento incluso cuando conservan el documento.
Más allá de la salud: GAESA, marinos y Rusia
El informe atribuye el 75 % de las exportaciones laborales cubanas a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y a la Unidad Central de Cooperación Médica, pero menciona unas 85 entidades estatales con prácticas similares. Algunas están ligadas a GAESA, el conglomerado militar del régimen, con presencia en Angola, donde el texto sitúa a más de 2.000 víctimas de trabajo forzoso.
El capítulo incluye entre los expuestos a condiciones parecidas a maestros, deportistas, artistas, ingenieros y casi 7.000 marinos, entre ellos trabajadores de cruceros. También recoge denuncias de cubanos reclutados con engaños para combatir por Rusia en Ucrania y de presos políticos sometidos a trabajo penitenciario con indicios de trabajo forzoso.
Sobre la persecución del delito dentro de la isla, el Departamento de Estado señala que las autoridades no han procesado ni condenado a ningún responsable de trata laboral desde al menos 2022. En 2024 investigaron 14 casos de trata sexual y condenaron a los diez implicados en siete casos nacionales.
Convenios suspendidos y presión de Washington
La disputa tiene efectos concretos sobre los acuerdos que sostienen las brigadas. En los últimos meses, y bajo presión de Washington, Honduras, Guatemala, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago suspendieron su cooperación médica con Cuba o reformaron sus términos, según EFE.
En Guatemala, la Cancillería comunicó en enero que dejaría de renovar los contratos de los brigadistas a medida que vencieran. Cuando se conoció el fin progresivo de los médicos cubanos en Guatemala, trabajaban en el país unos 420 profesionales cubanos, sobre todo en zonas rurales.
Jamaica dejó vencer en marzo el acuerdo entre gobiernos, pero no cerró la puerta. Según el ministro de Salud, Christopher Tufton, médicos cubanos regresaron a Jamaica con contratos individuales. La reforma de un convenio, por tanto, no siempre equivale al fin de la presencia de profesionales cubanos.
El peso económico de las misiones médicas cubanas
Para el régimen, el asunto también es económico. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) citados por EFE, los servicios profesionales representaron más del 40 % de las exportaciones cubanas entre 2018 y 2020. Esa cifra abarca todos esos servicios, no solo las brigadas de salud.
De acuerdo con datos oficiales cubanos, las brigadas existen desde hace más de seis décadas y han enviado a más de 600.000 profesionales a 165 países. Su continuidad se ha convertido en uno de los ejes de la política hacia Cuba del segundo mandato de Trump.
Qué significa el nivel 3 del informe de trata
Cuba figura en el nivel 3 desde 2019. En la edición de 2025 del informe, Washington ya la había ubicado en esa categoría por explotación laboral y reclutamiento forzoso.
La clasificación es una evaluación del Gobierno estadounidense, no una condena judicial contra los profesionales que participan en las misiones. La ley estadounidense de protección a víctimas de la trata (TVPA) permite restringir la asistencia no humanitaria y no comercial a los gobiernos ubicados en esa categoría.
El propio informe reconoce algunos pasos del régimen, como juzgar casos de trata sexual con penas adecuadas. La Habana, por su parte, asegura que aplica una política de «tolerancia cero» contra la trata y rechaza que sus brigadas constituyan trabajo forzoso.
