La situación de los cubanos con I-220A volvió a ocupar un lugar central en el debate migratorio en Estados Unidos después de que la congresista republicana María Elvira Salazar solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una revisión de los casos de miles de migrantes que permanecen sin una solución definitiva a su estatus.
La representante por el distrito 27 de Florida envió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en la que pidió estudiar alternativas que permitan corregir las diferencias surgidas durante los últimos años en la aplicación de las políticas migratorias.
Según expuso la legisladora cubanoamericana, numerosos cubanos que llegaron al país en circunstancias similares recibieron respuestas distintas por parte de las autoridades. Mientras algunos obtuvieron libertad condicional migratoria, otros quedaron únicamente con el formulario I-220A, situación que provocó incertidumbre jurídica para miles de familias.
Salazar sostuvo que las decisiones tomadas en el pasado generaron desigualdades que todavía afectan a los cubanos con I-220A.
“Durante años, la administración Biden dejó a miles de familias cubanas en un limbo legal, otorgando libertad condicional a algunos mientras que a otros se les emitía un formulario I-220A por las mismas circunstancias. Eso nunca fue justo, y nunca fue el propósito de la Ley de Ajuste Cubano”, afirmó Salazar.
Salazar recordó que desde su llegada al Congreso defendió a los inmigrantes cubanos afectados por esta situación y pidió que las autoridades actuales adopten medidas que permitan resolver los expedientes pendientes.
“Finalmente procese estos casos y les dé a estos cubanos la oportunidad justa de libertad que han estado esperando durante años”, expresó la representante republicana en referencia al pedido dirigido al DHS.
Un sistema desigual, según la congresista
En el documento enviado al Departamento de Seguridad Nacional, Salazar argumentó que la aplicación desigual de las normas migratorias creó lo que describió como un sistema de dos niveles.
La representante reiteró que muchas personas que ingresaron a Estados Unidos bajo circunstancias similares recibieron tratamientos diferentes. Incluso, miembros de una misma familia terminaron con estatus distintos, una situación que, según indicó, provocó separación e incertidumbre para numerosos hogares.
Por ello, la legisladora propuso que se evalúe la posibilidad de otorgar libertad condicional “in situ” a los cubanos con I-220A que no posean antecedentes penales.
La medida, explicó, permitiría restablecer la estabilidad de miles de familias asentadas tanto en Florida como en otras regiones del país.
Profesionales y trabajadores ya integrados en sus comunidades
María Elvira Salazar también destacó que muchos de los cubanos con I-220A se encuentran plenamente incorporados a la vida económica y social de Estados Unidos.
Entre ellos figuran profesionales de la salud, pequeños empresarios y trabajadores calificados que desarrollan actividades en distintos sectores y que, según la legisladora, buscan continuar aportando al crecimiento del país.
La representante republicana consideró que una solución para los cubanos con I-220A no solo favorecería la estabilidad de las familias afectadas, sino que también permitiría aprovechar el potencial humano y profesional de personas que ya forman parte activa de sus comunidades.
Un reclamo constante desde Florida
Cabe mencionar que Florida concentra una gran parte de los inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos durante los últimos años y que recibieron el formulario I-220A al ser liberados por las autoridades migratorias.
Diversas organizaciones y abogados especializados han sostenido que esta condición dejó a miles de personas en un escenario complejo, debido a las dificultades para acceder a determinados beneficios migratorios.
En ese contexto, María Elvira Salazar mantuvo durante los últimos años una postura favorable a encontrar mecanismos que permitan ofrecer una salida legal a los cubanos con I-220A, especialmente a quienes no presentan antecedentes criminales.
La nueva solicitud enviada al Departamento de Seguridad Nacional representa otro intento por impulsar una revisión de estos expedientes y avanzar hacia una solución que garantice, según la propia congresista, un trato “justo y coherente” conforme a la legislación vigente.
Mientras el DHS evalúa la petición, miles de cubanos con I-220A continúan a la espera de una respuesta que pueda definir su futuro migratorio y brindar mayor estabilidad a sus familias en Estados Unidos.
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